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Los cambios de opinión de Pedro Sánchez

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Formar gobierno Pedro Sánchez

Las elecciones generales de 2015 representaron una gran conmoción en el sistema representativo de este país, que pasaba del bipartidismo imperfecto a un pluripartidismo improvisado que requeriría posteriores decantaciones y reequilibrios hasta resultar medianamente estable y manejable, cosa que no ocurrió hasta las segundas elecciones de 2019, en noviembre, de las que salió inesperadamente un gobierno de coalición de izquierdas, algo imprevisto y que no había sucedido en toda la etapa democrática, entre otras razones porque el nacionalismo catalán, que había contribuido en reiteradas ocasiones a la gobernabilidad del Estado, no se quiso implicar en la gobernanza. Varias veces se frustró la entrada de Miquel Roca en el gobierno de Madrid porque Pujol siempre consideró demasiado arriesgado aquel movimiento, que le supondría contraer una cierta corresponsabilidad.

Tras el periodo 1982-2014 de bilateralismo ideológico, el quinquenio 2015-2019 ha sido, pues, de formación y consolidación de las nuevas/viejas opciones ideológicas, con hasta cinco propuestas de ámbito estatal, además de las planteadas por las formaciones periféricas y regionales. Y en este proceso se han producido cambios y deslizamientos internos de consideración. Ciudadanos, que llegó a ser tercera fuerza estatal, pasó del centro izquierda —era inocultable su origen vinculado a la decepción que provoco Maragall en las filas del PSC– al centrismo —a definirse como liberal y socialdemócrata— para pasar después en un viraje brusco a la derecha más conspicua y y a competir por ese espacio con le propio PP, sin éxito (en lo que supuso además el principio del fin de la organización).  Podemos, por su parte, pasó de un populismo ecléctico y transversal a ocupar el espacio de la izquierda poscomunista tras aliarse con Izquierda Unida, no sin registrar el abandono de Íñigo Errejón, dispuesto a seguir manteniendo la idea fundacional.

El PSOE, por su parte, tuvo su dilema en 1979, con un Congreso Extraordinario que puso fin a las dudas y consagró el abandono del marxismo como ideología oficial del partido. Desde entonces, se ha mantenido en su posición realista de centro izquierda, buscando la gobernabilidad. En ese periodo de redefinición en que el liderazgo ya recayó en Pedro Sánchez (llegó por primera vez a la secretaría general en  julio de 2014), el primer intento de coalición fue con Ciudadanos; tras las elecciones de diciembre de 2015, Sánchez y Rivera elaboraron en febrero de 2016 un programa progresista muy templado —el “Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso” con 200 medidas— que serviría para la investidura de Sánchez pero que no llegó a aplicarse porque no encontró los apoyos suficientes: Pablo Iglesias se negó a respaldarlo, con lo que Rajoy siguió gobernando en funciones hasta que se celebrasen nuevas elecciones.

El resto de la historia es reciente y por tanto bien conocido: el PSOE se sumió en una profunda crisis interna de la que salió airoso y reforzado Pedro Sánchez, y este consiguió ganar una moción de censura contra Rajoy en junio de 2018 que le llevó a la presidencia del Gobierno. Las elecciones de abril de 2019 fueron ganadas por el PSOE (123 escaños), que hubiera podido gobernar con Ciudadanos (57) pero Rivera, con el norte perdido, pretendía ya ser la ‘gran derecha’ del país, y aunque no consiguió el sorpasso con relación al PP (66) se negó a entenderse con Sánchez y provocó nuevas elecciones. Estas se celebraron en noviembre, y en la campaña el PSOE negó cualquier proximidad con Unidas Podemos y por lo tanto cualquier posibilidad de gobernar juntos.

Celebrada la consulta, en que las formaciones de izquierdas y los nacionalistas progresistas obtuvieron una relativamente holgada mayoría, PSOE (120 escaños) y Unidas Podemos (35) formaron una coalición, redactaron un estricto programa y Sánchez presentó su candidatura a la presidencia del Gobierno al frente de la recién formada alianza, que obtuvo gracias al respaldo de ERC y otras minorías (180 votos a favor y 169 en contra). La oposición conservadora criticó aquel pacto PSOE-UP, efectivamente negado antes de las elecciones, pero que ofrecía la única salida a un país que había ido cuatro veces a las urnas en menos de un lustro.

Es lógico que la oposición a Pedro Sánchez explote con saña

Es lógico que la oposición a Pedro Sánchez explote con saña y con la debida sobreactuación los cambios de opinión del líder socialista y presidente del Gobierno, quien, como es sabido, no sólo negó con rotundidad en la pasada campaña electoral un hipotético pacto de gobierno con Unidas Podemos sino también la aplicación de medidas de gracia a los condenados por la tentativa independentista del 1-O de 2017. Hoy, como es sabido, gobierna en coalición con Podemos y acaba de indultar a los cuatro condenados presos tras el juicio por ‘procés’.

Ya no es tan lógico en cambio –pero sí comprensible– que Rufián, provocador de oficio y nacionalista de ejercicio, personaje activo en la tarea de distensión del conflicto catalán, espetara esta semana a Sánchez tras negar este toda posibilidad de un referéndum de autodeterminación: también “negó los indultos… Denos tiempo”. Rufián, con su personalidad singular y con algunas ideas atinadas en el discurso, confirma la regla de que no se puede ser a la vez nacionalista y progresista.

La situación de Cataluña en general, y la de las relaciones entre Cataluña y el Estado en particular, han cambiado mucho desde 2017 a hoy día. Y lo que en cierto momento fue inconcebible, hoy parece razonable y deseable. Tras el 1-O, el Estado tenía que demostrar a los ciudadanos y a sí mismo que era lo bastante fuerte para resistir cualquier embate, para frustrar por la fuerza si era preciso, y en todo caso a través del Derecho, cualquier intento de secesión, de fractura, de cancelación del régimen constitucional. Lo que procedía entonces era lograr que el peso de la ley cayera sobre los transgresores. Actuar con dureza, oponer las instituciones a la vana esperanza de los separatistas.

Pero han pasado más de tres años y medio de aquel golpe de mano legal y muchos hemos visto (y cada vez más personas están viendo) que ha llegado la hora de intentar cerrar aquella herida, que mantiene decadente y fracturada Cataluña, que ha afectado seriamente a la economía del principado (y también por tanto a la española), que no es razonable mantener porque las medidas aplicadas en su momento, que fueron oportunas —habrá que dejar para otro momento la cuestión de si las penas fueron o no proporcionadas: este escribidor piensa que no—, han dejado de ser eficaces y nos están arrastrando hacia un pozo de difícil acceso. En estas circunstancias, la obligación de quien rige los destinos de la nación es cristalizar todos los elementos de esta situación y optar por destensarla en la medida de lo posible, algo que solo pude logarse con muestras de grandeza, de buena voluntad, de magnanimidad.

“Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. Y ¿usted qué hace?”, respondió el gran economista británico John Maynard Keynes

“Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. Y ¿usted qué hace?”, respondió el gran economista británico John Maynard Keynes cuando en los años de entreguerras y de la Gran Depresión le acusaban de cambiar de opinión sobre la política económica pertinente que había que seguir. Su criterio moral —explicaba Antón Costas hace unos años— era que el análisis económico y la acción de los gobiernos debían estar dirigidos por la razón y no por la ideología de partido o los intereses de grupo”.

Ese mismo criterio fue exhibido por el senador demócrata norteamericano, colaborador de las administraciones de Kennedy, Ford y Nixon, Daniel Patrick Moynihan, al afirmar: “Todos tenemos derecho a nuestras opiniones, pero no tenemos derecho a nuestros propios hechos”. Este principio le llevó a cambiar de posiciones con frecuencia, tanto en asuntos internos como en la política exterior.

En 2019, con el país agotado por la inestabilidad, con Ciudadanos haciendo piruetas estúpidas y tras comprobar en noviembre que el electorado no había alterado significativamente los resultados de abril, Sánchez podía haberse dejado arrastrar hacia unas nuevas elecciones, haciendo honor a la palabra dada de no pactar con Podemos, lo que hubiera agravado sensiblemente la crisis que ya estábamos viviendo, o podía intentar lo que finalmente puso en marcha. Había poderosas razones para hacerlo, aunque en las primeras reuniones de Sánchez con Iglesias ambos hubieran de trabajar con la nariz tapada.

En el caso de los indultos, la cuestión es muy diferente: el 1-O dejó abierto un gran problema político, cuya relevancia trasciende los intereses personales de sus actores. La gran urgencia que cada vez se hace más manifiesta es la de aplacar los ánimos, coser la ruptura interna de la propia Cataluña, recuperar el pulso de una comunidad desorientada, empobrecida y frustrada. En el caso de Cataluña, el conflicto ha sido pacífico, y con mayor razón ha de darse preferencia a la reconstrucción política, económica y moral sobre el cumplimiento estricto e íntegro de las penas. En este asunto, el paso del tiempo ha sido un actor más, que modula las sensibilidades. La lejanía del 1-O ha proporcionado realismo a los conspiradores pero también ha hecho ver a los dirigentes madrileños que la voluntad de cambio de Cataluña no es una veleidad. Como bien se ha dicho —y como ha reseñado Jordi Pujol en el último libro que ha firmado junto a Vicenç Villatoro— el 1-O ha puesto de manifiesto que Cataluña no tiene el músculo suficiente para conseguir unilateralmente la independencia pero también que su voluntad ha de ser tenida en consideración porque su fuerza es bastante para desequilibrar al Estado.

En política, la flexibilidad, que consiste en adaptar las estrategias a la realidad, es legítima y deseable. La gobernabilidad puede justificar un pacto negado en campaña. La clemencia de hoy pude ser más pertinente que el castigo de ayer. Sánchez no ha cometido tropelía alguna al rectificar a la luz de los acontecimientos. En lo que no hay posibilidad de cambio es en la validez de los principios: la Constitución ha de ser acatada permanentemente sin matices y en todos sus extremos. Y en esto, que incluye obviamente la inexistencia del derecho de autodeterminación, ningún partido constitucional ha vacilado siquiera.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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