Política

Los enemigos del régimen (del 78)

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Los enemigos del régimen (del 78) 1

No tendría ojos quien no se percatara a estas alturas de que la vehemencia del independentismo catalán genera un riesgo claro de que se produzca la implosión del régimen español del 78, que Cataluña contribuyó a erigir pero que en la última etapa no ha sabido acoger las aspiraciones de una Cataluña que ha pasado del ensimismamiento a la irritación, y que no ha sido capaz de digerir la evidencia de que el gran patriarca y su familia representaban en realidad la más corrupta decadencia de un sistema paternalista basado en un bucólico regionalismo pequeñoburgués.

De otra parte, es también evidente que el populismo de Podemos, desorientado por su relativo fracaso inicial –creyó en un momento en la posibilidad de ser una fuerza hegemónica, lo que le hubiera permitido provocar un cambio de régimen a la venezolana—, ha visto en el secesionismo catalán la cuña que podía facilitarle la fractura del régimen español, que, más o menos solapadamente, pretende desmontar.

Esta coincidencia de objetivos se ha vuelto operativa en el conflicto catalán: Colau e Iglesias se han declarado partidarios del derecho de autodeterminación (aparentemente en abstracto) y de un referéndum con garantías, por lo que, sin oponerse a este, se desvinculan de él por la informalidad de la consulta y la reducen a un simple ejercicio del derecho de manifestación. Sin embargo, quieren dejar bien claro su apoyo a la “soberanía catalana”, designio que como es natural anima y agrada a los más vehementes soberanistas y coloca a los populistas enfrente de las formaciones que invocan la Constitución vigente y el estado de derecho que de ella emana y que concede plena legitimidad a quienes no van a tolerar una insurrección que, se mire como se mire, se parece mucho a un golpe de Estado civil.

No es lógico que el populismo progresista, que pretenda objetivos teóricamente regeneracionistas y modernos, se alíe con la caverna nacionalista para defender los intereses particulares del territorio más rico del Estado frente a todos los demás: la explicación ha de buscarse en la connivencia antedicha: hay que descabalgar al régimen del 78 y a sus principales actores, los partidos tradicionales que lo han gestionado hasta ahora, y para conseguirlo todo vale. El fin justifica los medios. Para unos y para otros.

El que Podemos llama despectivamente “régimen del 78” es un sistema constitucional obtenido mediante una intensa síntesis de todas las sensibilidades políticas presentes en la España posfranquista, adoptadas en la mayoría de los casos por mímesis de los grandes partidos democráticos europeos de la época y utilizando los mimbres constitucionales de las grandes democracias europeas y americanas del momento. La Constitución de 1978, elaborada a imagen y semejanza de las grandes constituciones de los países de nuestro ámbito geopolítico y cultural, es, pues, plenamente democrática –existe una extensa literatura internacional muy elogiosa con aquel texto que fue un prodigio de modernidad en su momento— y está dotada de una gran legitimidad, tanto por lo meticuloso del procedimiento de redacción –en 1977 fueron elegidas unas cortes constituyentes con absoluta libertad— como por su aprobación que culminó en el solemne referéndum de 1978, cuyo resultado fue muy expresivo: votó el 67,1 % del censo y hubo un 88,5 % de votos afirmativos. En la provincia de Barcelona, por ejemplo, con una participación del 67,6 %, el sí alcanzó el 91 % (en las cuatro provincias catalanas se superó el 90 %).

Aquella Constitución, que nos redimía definitivamente del régimen autoritario anterior que había imperado desde 1939, fue nuestro pasaporte a la Unión Europea, que nos homologó con las grandes democracias que ya la formaban. Nuestra Carta Magna tiene un valor y un prestigio semejantes a la Constitución alemana de 1949, a la norteamericana de 1787 o a la Constitución Francesa de 1958 sobre la que se erige la V República. En ninguno de estos países está en cuestión la ley fundamental, por mucho que todos ellos la hayan modificado cuando ha sido preciso para corregir algún anacronismo o constitucionalizar algún avance. No hay, pues, razón para pensar que la Constitución española de 1978 se haya quedado obsoleta, como se escucha a veces; ni mucho menos tiene sentido la peregrina afirmación de que no tiene valor porque la mayoría de los ciudadanos actuales no la han votado. Entonces, los norteamericanos, con su constitución que ya ha cumplido de largo los doscientos años, estarían rigiéndose por la ley de la selva.

Viene todo esto a cuenta de la afirmación que sigue: no hay ninguna razón legítima para violentar una Constitución que emanó del pueblo mediante un proceso constituyente profundo e intenso, que conserva su lozanía y su vigor y que mantiene su prestancia y su prestigio a los ojos de la inmensa mayoría de los españoles. Los anacronismos, que existen, son internos, es decir, se deben al propio desarrollo democrático: la supresión de la preferencia del varón sobre la mujer, por ejemplo, no chocaba en los años setenta del pasado siglo, pero sí resulta en cambio inaceptable hoy.

Y al no haber pretextos válidos, quienes transgredan la legalidad deberán disponerse a sufrir las consecuencias. Las que sean. No se trata de amenazar sino de alertar de que el peso de la ley recaerá sobre los delincuentes que desconozcan el contrato social que firmamos los españoles en los albores de la libertad, y que, si procede, irá evolucionando a medida que lo vaya reclamando la soberanía popular, y no a impulsos de radicales extremistas o revolucionarios de salón.

En cuanto a Podemos, tendrá que sujetarse a la Constitución vigente… hasta que consiga apoyo suficiente para cambiarla. O adherirse, claro está, a la modulación de las reformas que habrá que hacer antes o después para ponerla al día, para aliviar los conflictos abiertos, para establecer nuevos y más creativos equilibrios internos. Mientras tanto, es de suponer que los electores españoles tengan muy en cuenta la ambigüedad de las gentes de Pablo Iglesias con respecto al conflicto catalán.

Iberia Navidad
Antonio Papell
Director de Analytiks

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