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Los indultos se abren camino y cuajan

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El conflicto catalán, con una larga historia conocida que desde luego arranca mucho antes de 2006, cuando el fracaso del Estatuto de Autonomía que marca formalmente el estallido del actual conflicto, es un ejemplo claro de problema de Estado que debería salir del marco rabiosamente partidario y permanecer en el terreno serio y solvente de todo lo relacionado con la materia constituyente, en que las formaciones políticas anteponen el interés general a su interés concreto e inmediato. En nuestro país, individualista y terco, la tradición cooperativa casi no existe, y como se recordará, el final de ETA, conseguido en tiempos de Rodríguez Zapatero, hubo de hacerlo el gobierno de turno, bajo la batuta de Pérez Rubalcaba, en la más absoluta soledad, sin que Rajoy prestara la menor ayuda: al contrario: ETA fue utilizada como arma arrojadiza por aquella oposición desleal.

 

Más tarde, sin embargo, Rajoy, apoyado en su mayoría absoluta, encontró el apoyo prácticamente incondicional del PSOE para aplicar el artículo 155 C.E. a la deriva intolerable del procés, en que Fernández Díaz y nuestros servicios de inteligencia hicieron literalmente el ridículo y hubo que tragarse el sapo ante la comunidad internacional.

 

Ahora, cuando el Gobierno, a mitad de legislatura, considera que las elecciones catalanas marcan el punto de partida de un intento obligado de reconstrucción de las relaciones entre la Generalitat y el Estado y opta por adoptar arriesgadas medidas de pacificación, el Partido Popular se opone frontalmente, y se dedica además a boicotear la propuesta mediante campañas, manifestaciones y recogidas de firmas.

 

Como es sabido, Rajoy ya hizo una recogida de firmas en 2006 contra el nuevo Estatuto catalán, y obtuvo cuatro millones (800.000 la primera semana), cuando Pablo Casado tan sólo ha logrado 300.000 en su campaña, que ya no tiene mucho más recorrido. El PP ya no es lo que era y el ruido de la nueva generación dirigente parece mucho más vistoso que las nueces. Y, por cierto, Rajoy no ganó las elecciones de 2008.

 

Rajoy ya hizo una recogida de firmas en 2006 contra el nuevo Estatuto catalán, y obtuvo cuatro millones (800.000 la primera semana), cuando Pablo Casado tan sólo ha logrado 300.000

 

Se podría entender la discrepancia del principal partido de la oposición con relación al Ejecutivo, pero no la beligerancia en sentido contrario, máxime cuando el PP no tiene propuesta alguna que hacer: se opone a los indultos, pero no ofrece solución alguna a un estado de cosas ya muy deteriorado que ha producido un gran hartazgo a la sociedad catalana y amenaza con degradarse de nuevo, con consecuencias que uno no quiere ni imaginar. Con toda evidencia, las formaciones de derechas —y especialmente la principal de ellas, que aspira a recuperar el pleno control de su hemisferio— quiere aprovechar la coyuntura con fines políticos y electorales valiéndose de la hostilidad de la opinión pública hacia los independentistas, sin ver que bajo esta situación evidente hay un fondo de buena voluntad en la sociedad española que desea que el conflicto se arregle, que Cataluña se reintegre en paz a la comunidad nacional, y que a la hora de la verdad no premiará a quien actúe con ánimo separador y rupturista.

Las encuestas animan al PP, pero pueden resultar traicioneras. Según la última publicada por la consultora Ipsos esta pasada semana, basada en mil entrevistas a mayores de 18 años, el rechazo a los indultos es mayoritario en todas las edades, y crece con la edad, excepto entre los mayores de 65 años donde las posiciones se vuelven menos rotundas. En concreto, más de la mitad de los españoles (el 53%) se muestra en contra de conceder indultos a los presos políticos del procés, uno de cada tres está a favor (el 29%) y casi uno de cada cinco (el 18%) no tiene una opinión sobre este tema. Es curioso que los jóvenes, que son los que más rechazo declaran al indulto, son el colectivo que se muestra menos conocedor del tema, ya que uno de cada tres menores de 25 años afirma no tener una opinión formada.

Pese a estos datos, es desconcertante que la misma encuesta obtenga otras conclusiones aparentemente contradictorias: hay sustancial consenso en que el indulto conseguiría reducir la tensión política (66,9%), tendría impacto positivo en la marca España en el extranjero (66,6%), contribuiría a reforzar la cultura democrática y elevaría el valor del interés general (62,1%).

El 26 de mayo se publicó otra encuesta, el barómetro DYM, en que el rechazo general era todavía mayor: el 67%. Podría suponerse, con las debidas precauciones, que los indultos se van abriendo paso poco a poco en la conciencia de la gente y el rechazo colectivo va decreciendo. Además, estas encuestas en que se pregunta por cuestiones abstractas que no tienen traducción práctica inmediata han de tomarse con muchas precauciones,

No faltan los observadores políticos que perciben que la idea de la magnanimidad frente a los independentistas es ya no solo un camino atinado sino también el único posible, por lo que merece la pena explorarlo. Probablemente este avance más o menos perceptible se deba a que los soberanistas han empezado a hacer gestos, todavía muy tímidos pero bien perceptibles, lo que demostraría que han pasado de la negación rotunda al posibilismo y al pragmatismo.

El artículo de Junqueras del pasado 7 de junio, que dice lo que dice —no es la firma de la paz, pero efectúa propuestas muy serias—, ha influido en gran mediad en este cambio de clima y en el deslizamiento de la opinión general. El líder de ERC, que está en prisión y cuyo epígono gobierna en la Generalitat, ha descartado sencillamente la vía unilateral. Eso significa, se quiera entender o no, se quiera reconocer o no, que quien dirige el principal partido soberanista se pliega a la legalidad vigente, que es el único marco que el Estado puede aceptar para negociar un asunto tan arduo. Es obvio que los independentistas no abdicarán de sus creencias, pero también lo es que en colectividades complejas como la catalana —la mitad de los electores votan independentismo y la otra mitad lo contrario— hay que buscar equilibrios pacíficos muy sutiles que no colman por completo las aspiraciones de nadie. Y esta búsqueda no ha de conducir necesariamente a la melancolía.

En consecuencia, después del escrito de Junqueras, de la tímida presencia de Aragonés junto al Rey, de la posición de los empresarios catalanes (y de todos los españoles), de cierto ambiente pragmático, esperanzado y optimista que ha empezado a extenderse, no es aventurado decir que vale la pena arriesgarse, que los indultos pueden fracasar —y ello encresparía todavía más a la opinión pública— pero también servir de bálsamo cuasi milagroso que mitigue las principales heridas y abra camino a un diálogo fecundo.

De cualquier modo, si alguien tiene una mejor idea, que la exponga. Y como ven, el silencio ante tal invitación es sepulcral.

El camino del Ejecutivo hasta los indultos está sembrado de minas

Algunas de estas minas las ha puesto el poder judicial. Lógicamente, al Supremo no le agrada que le enmienden la plana (y nadie lo hace: el indulto nada tiene que ver con el poder judicial, aunque su opinión haya de ser oída). Y menos aún le satisface que muchos —desde ciudadanos de a pie a ilustres magistrados— consideran “desproporcionadas” las penas aplicadas a la sedición. Pero algunos de los argumentos expuestos por el alto tribunal rozan la mala fe. El de que se trata de un ‘autoindulto’, por ejemplo.

Es evidente que este Gobierno tiene la estabilidad asegurada hasta el final de la legislatura en tanto se preserve la coalición PSOE-UP que lo forma ya que no es posible formar una opción alternativa que lo derroque en una moción de censura (no cabe imaginar que las tres derechas acaben pactando con Bildu, con el PNV o con el nacionalismo catalán). Además, la prórroga de los presupuestos de este año podría valerle al Ejecutivo para concluir el cuatrienio sin problemas. Por consiguiente, no dicen la verdad quienes hablan, desde la judicatura o desde la política, de que este Ejecutivo busca autoindultarse para conseguir los apoyos que supuestamente necesita para perdurar. 

 

Dicho esto, es patente también que los indultos acarrearán al Gobierno graves problemas, seguramente mayores que los que le hubiese deparado la pasividad. Sin embargo, es plausible el afán por resolver el problema catalán, que no desaparecerá espontáneamente, como cualquier mediano entendedor comprenderá enseguida. En definitiva, el Gobierno se la juega, pero no para obtener un beneficio sino para prestar un servicio público porque considera que es su obligación buscar el interés general por ese camino 

 

El presidente de la CEOE, Garamendi, declaró el jueves en Barcelona –donde asistía al ya tradicional foro empresarial organizado por el Círculo de Economía—  al respecto de los indultos que “si las cosas se normalizan, bienvenidos sean”, no sin reconocer que en la patronal hay opiniones muy diversas. “Nosotros pensamos —añadió— que si [el indulto] está en el Estado de Derecho es una facultad y ahí no vamos a entrar”. Más enfática y cálida fue la posición de Javier Faus, presidente del Círculo de Economía, quien el miércoles, en la inauguración del foro, manifestó que “cualquier medida amparada en el marco legal tendrá nuestro apoyo”. Y añadió que hay que abogar por la concordia “que sane heridas” por lo que pidió a un lado y a otro “gestos de ida y vuelta”. 

 

No es tampoco irrelevante que la conferencia episcopal catalana se haya posicionado a favor de los indultos, cuando la iglesia no tiene motivos para mostrarse muy progubernamental en estos momentos: la ley Celaá no favorece a la escuela concertada y está en marcha una normativa que revertirá la inmatriculación de bienes inmuebles que la Iglesia ha puesto a su nombre indebidamente. En cualquier caso, parece que la posición de los diez obispos catalanes podría asimilarse a la de las clases medias catalanas, deseosas de que retornen la concordia y el ‘seny’.

 

La manifestación de la derecha del pasado domingo no fue tampoco un éxito. Al margen de que hubiera mucho menos público que en la que proporcionó la foto de Colón de 2019, Casado pasó inadvertido, eclipsado por una Ayuso que además se metió en un absurdo jardín al invocar inapropiadamente a la Corona en un dislate que solo ha servido para poner en evidencia la falta de autoridad de su jefe de filas. Y el interés manifiesto de los tres líderes conservadores por no coincidir evidenciaba que la causa del encuentro no era clara: nadie, salvo la excéntrica Rosa Díez —cuyo prestigio está arruinado hace tiempo— quiso asumir el coste de la insolidaridad de la manifestación negativa que se había convocado y que una inmensa mayoría de catalanes interpretó como un insulto.

 

Los actos de Barcelona de esta semana, los convocados por el Círculo de Economía y por el congreso de Móviles, han evidenciado con toda claridad un cierto cambio de clima, que ha evolucionado desde la enemistad más hosca de hace algún tiempo contra todo lo que provenía de Madrid hasta un horizonte esperanzado, al término de un proceso delirante que ha desgastado a todos. La carta de Junqueras rompió el levísimo cristal de la utópica virginidad soberanista y hoy las cosas se ven con mucho mayor realismo. En Cataluña, se abre paso —pese a la estricta censura autoritaria de los independentistas, dispuestos a insultar con gruesos dicterios e incluso a lapidar si hace falta a quienes claudiquen y busquen el acuerdo y la paz— un cierto clamor aperturista y dialogante, que el resto de España percibe cada vez con más claridad. Y empieza a ser patente que la iniciativa gubernamental de cortar el nudo gordiano mediante la generosidad y la magnanimidad es una atinada manera de provocar un cambio general de la política que aporte soluciones a un episodio que dura demasiado tiempo y que ha llevado a Cataluña al borde de sus fuerzas.

 

Antonio Papell
Director de Analytiks

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