Política

Más política que justicia en Cataluña: hablando del 155

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Tribunal Constitucional

A finales de noviembre, el Senado aprobaba la propuesta gubernamental de aplicar a la situación catalana el artículo 155 de la Constitución. La medida sometida a votación de la cámara alta, apoyada por el Partido Popular (con sus coaligados Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro), el PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria, suponía la destitución del presidente de la Generalitat y su Gobierno, la restricción de los poderes del Parlamento catalán, la intervención de organismos y servicios de la comunidad autónoma, como los Mossos d’Esquadra, y la convocatoria de elecciones en un plazo de seis meses. Poco después, Rajoy convocaba elecciones autonómicas en Cataluña para el 21 de diciembre, y a partir de esta fecha la política catalana ha discurrido impulsada por los diputados electos, con el único freno de los Tribunales de Justicia, que mantiene dos grandes causas abiertas: una en la Audiencia Nacional y otra en el Tribunal Supremo.

Los independentistas ganaron, como es sabido, las elecciones autonómicas, si bien para alcanzar la mayoría absoluta sigue siendo necesario sumar valores heterogéneos: el nacionalismo democrático de JxCAT —organización capitaneada por Puigdemont y vertebrada en torno a la antigua CDC— y de ERC —liderada por Oriol Junqueras— necesita el respaldo de la izquierda radical y asamblearia, la CUP, que impone sus condiciones rupturistas.

De hecho, para complacer a la CUP, JxCAT y ERC aprobaban el jueves un artificioso y pintoresco “acuerdo de investidura” que prevé impulsar un “Pacte Nacional Constituent” que auspiciará los debates que deben alumbrar una “constitución catalana”. Un proceso que culminaría con una “multiconsulta” a los ciudadanos con “todas las garantías” [otro 9-N]. Además, este proceso constituyente arrancaría en Bruselas, puesto que sería la llamada “Assemblea de Representants per la República” —una de las estructuras que los independentistas prevén crear en el exterior, bajo el liderazgo de Puigdemont— la que marcará el “punto de salida”. Esta asamblea de cargos electos catalanes, junto con el “Consell de la República” que presidiría Puigdemont, se encargaría de fomentar e impulsar los debates del proceso constituyente, que abarcaría a “agentes cívicos, sociales y políticos” y determinaría la “metodología” de trabajo, mientras que el Parlament constituiría comisiones de estudio para profundizar en los debates. En consecuencia, la construcción de la “república catalana” se llevaría a cabo a través de tres “vías de acción”: el Parlament y el Govern desde Catalunya, el “Espai Lliure de l’Exili” y la “ciudadanía catalana empoderada con la autoorganización colectiva y el proceso constituyente”.

Con esta disparatada y estrambótica estrategia, tanto JxCAT como ERC pretenden convencer a la CUP de que respalde la investidura de un candidato. De momento, el candidato es Jordi Sánchez, quien está en prisión y seguramente lo seguirá estando, por lo que la intentona será en balde. Y más adelante, otro distinto —¿Turull?— que esté en condiciones de asumir la presidencia de la Generalitat (si fuese finalmente Turull el investido, su presidencia sería probablemente efímera ya que está investigado en la causa del Tribunal Supremo, y no sería extraño que fuera objeto de inhabilitación más pronto que tarde).

Pues bien: si semejante estrategia se mantiene y prospera, será evidente que el independentismo catalán no está dispuesto en absoluto a acatar la legalidad vigente, reconstruir las instituciones autonómicas y plantear el futuro en el marco del estado de derecho. Lo que no significa que tuviese que abandonar sus convicciones (el PNV no dejó de ser soberanista después de la derrota del ‘Plan Ibarretxe’ en el Congreso de los Diputados y la consiguiente rectificación).

Y en este caso, nada improbable, la iniciativa política del Estado correspondería como hasta ahora al Poder Judicial. El Tribunal Supremo y, en su caso, el Constitucional deberían suspender cuantas resoluciones improcedentes se produjesen y perseguir las infracciones punibles hasta invalidar cuantas iniciativas ilegales tuviesen lugar.

Por esta vía, ya ha quedado claro que el intento torticero de retorcer el Estado de Derecho y de violentar su integridad territorial quedará reprimido. El Estado es fuerte y se impone a quienes se atreven a retarle. Pero quizá fuera más efectivo y más expresivo que la política interviniera en este caso, desarrollando en la medida de lo necesario el propio artículo 155 CE que, como se sabe, establece que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno […] podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Cabe, en fin, que si el independentismo persiste en su idea de proclamar la República Catalana, mantiene en el extranjero un remedo de ‘gobierno en el exilio’ y se obstina en violentar las reglas del parlamentarismo como ha hecho en el pasado al aprobar leyes ilegales por procedimientos irregulares, el Gobierno, con la autorización del Senado, podría todavía ir más allá y suspender o intervenir la autonomía por un plazo determinado, hasta desmantelar completamente las estructuras sediciosas que se han construido, quién sabe si con recursos públicos malversados.

De este modo, gestionando el Gobierno el conflicto, se evitaría que fuera más lejos la judicialización del conflicto y, al anticiparse el Estado a nuevas infracciones, no habría lugar a nuevos delitos que requirieran la intervención judicial. Tras el intento de sedición y quién sabe si de rebelión —el Supremo deberá definir las figuras penales procedentes—, lo lógico es tomar las medidas preventivas para que no se reitere la intentona, una vez comprobado que la obstinación de los líderes soberanistas no tiene límites.

Avise, en fin, el Gobierno a los independentistas de lo que puede pasarles si el independentismo mantiene la deriva que ha emprendido, y prepárense ostensiblemente las medidas que se tomarán si no se rectifica. Y córtese por lo sano antes de que la pertinacia de los separatistas obligue a los tribunales a aplicar nuevas y más duras sanciones a nuevos infractores.

Aunque las comparaciones sin siempre odiosas y casi nunca acertadas del todo, conviene recordar que el Reino Unido suspendió varias veces la autonomía del Ulster para reprimir el viejo conflicto —la suspensión más larga fue entre 2002 y 2007, y corrió a cargo de Tony Blair— y para suplir la incapacidad de las fuerzas políticas de aquella provincia británica para formar gobierno.

Paralelamente, debería ser Moncloa y no el Antiguo Monasterio de la Visitación de las Salesas Reales —el Palacio de Justicia del Tribunal Supremo— el centro de decisión que dictara la solución del problema catalán.

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Antonio Papell
Director de Analytiks

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