El conflicto de Cataluña, en el que han confluido una serie de concausas, ha agravado la debilidad del sistema político, ha debilitado el crédito de las instituciones y ha acentuado la crisis de representación que nos aqueja desde antiguo y que no es exclusiva de este país. La frivolidad del Brexit tras un dudoso referéndum, la elección de Trump, el hundimiento de los grandes partidos clásicos en Francia son la prueba de que los sistemas democráticos tienen serios problemas… que se vinculan en casi todos los casos con la representación, es decir, por un lado, con la selección y el control de las elites políticas, y, de otro lado, con la participación real de la ciudadanía en las decisiones de poder mediante la representación.

El lema más movilizador del 15M –el 15 de mayo de 2011—, aquel gran movimiento ciudadano de protesta que ocupó durante muchos días la madrileña Puerta del Sol para cristalizar después en nuevas organizaciones que han tenido un papel activo en la política de este país, fue sin duda “no nos representan”. La crisis había arrasado la credibilidad del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que se había visto obligado a practicar una cruenta política de austeridad que chocaba frontalmente con su propio programa (enunciado, claro está, antes de la hecatombe), y ello acentuó la sensación de orfandad de unas clases populares jóvenes que veían disiparse todas las oportunidades que hubieran podido imaginar, y que ya escaseaban antes del turbión.

Aquella crisis de representación tuvo las consecuencias que cabía prever y que ya se han descrito suficientemente: el fin del bipartidismo imperfecto y un generalizado escepticismo que ha puesto en cuestión el llamado régimen del 78, creado con un masivo consenso y preservado de una crítica sistemática hasta entonces. Los datos son expresivos: en las elecciones europeas de 2014, Podemos asomó por primera vez la cabeza con el 7,98% de los votos y cinco eurodiputados, y Ciudadanos, que ya tenía experiencia en la política catalana, con el 3,16% y dos parlamentarios. En las elecciones generales de 2015, Podemos consolidó su potencia con el 20,7 % de los votos y 69 diputados, en tanto Ciudadanos lograba el 13,9 % y 40 diputados. PP y PSOE  tan sólo alcanzaban conjuntamente el 50,7 % de los votos y perdían unos cinco millones de electores, en tanto los emergentes lograban ocho millones de sufragios. En las elecciones de 2016, se mantuvieron las tendencias en lo esencial.

Es evidente que hubo un importante trasvase desde el PP y el PSOE a Ciudadanos y otro desde el PSOE a Podemos. Y lo es asimismo que Podemos atrajo además a un sector sociopolítico abstencionista que no había votado antes a las organizaciones convencionales… Sin embargo, las cifras de afiliación y participación a través los partidos políticos, así como las del abstencionismo global en las consultas electorales, ponen de manifiesto que no ha habido un gran incremento de la movilización en términos relativos. De hecho, los afiliados a los partidos políticos llegan con dificultad al millón de personas, y los que participan en los procesos internos de las organizaciones políticas son incluso bastantes menos. Los tiempos de los grandes partidos de masas vinculados a organizaciones obreras (la correa de transmisión) han pasado a la historia. De nuevo, las cifras son expresivas: en Vista Alegre 2, de un censo de 456.000 inscritos votaron 155.000, el 34 %. En las primarias del PSOE, estaban censados 188.000 militantes y la participación estuvo muy cerca del 80 %. Ciudadanos revelaba en enero que 8.000 de sus 31.000 militantes están inactivos, por lo que en su última asamblea fueron convocados 23.000. El Partido Popular no ha comunicado datos propios, pero la afiliación no debe llegar a los 200.000 miembros, muy lejos de los 850.000 que durante largo tiempo ha exhibido con más voluntarismo que realismo.

Así las cosas, la politización (en el buen sentido, el de la solidaridad y de la preocupación por los asuntos públicos) de la sociedad sigue siendo un desiderátum: existe una minoría activa, sobre la que descansan los partidos políticos, cada vez más vinculados a sus bases (las elecciones primarias son una invención reciente, a la que todavía no se ha adherido el Partido Popular) para incrementar su legitimidad en busca de una representatividad cada vez mayor. Con ello, las grandes formaciones, salvo Unidos Podemos, no tratan de poner en cuestión el sistema de democracia parlamentaria, semidirecta, pero sí de importar algunas de las ventajas de la democracia asamblearia, directa, requiriendo su opinión a la militancia, obligándola a elegir a los líderes y, si llega el caso, a optar entre propuestas distintas… Unidos Podemos, que rechaza sin demasiadas contemplaciones el proceso de la Transición, no está lejos de las tesis bolivarianas, que ponen en duda que la soberanía popular resida completamente en la cámara legislativa elegida por sufragio universal. Pero ni Podemos tiene la osadía de decir estas cosas en voz alta, ni parece que la opinión pública esté dispuesta a regresar a fórmulas semejantes a la democracia orgánica con que el franquismo trató de embozar su autoritarismo. En definitiva, la ciudadanía sí se siente representada por los partidos, aunque exige un vínculo más directo y leal con ellos. A los partidos les corresponde responder cada vez mejor a esta demanda si de verdad se quiere avanzar en el camino civilizado de la gobernabilidad.