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Pensiones irrevocables: el sofisma de Garicano

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Pensiones y jubilados

La desorientación que caracteriza desde hace un par de años a Ciudadanos, que ha hecho de este partido una entidad irrelevante y hasta en peligro de extinción, parece haberse contagiado a las escasas mentes de alguna brillantez que todavía se mantenían obstinadamente en la ruinosa aventura, víctima de la descarriada egolatría de Albert Rivera. Porque uno de los pocos que no han abandonado todavía el barco, Luis Garicano, el laureado economista, catedrático de la London School of Economics, ha publicado un artículo, Así se les roba a los jóvenes su futuro, que demuestra que la mentalidad economicista no siempre se sustenta sobre la clarividencia política. No todo el mundo que está en la economía es Keynes, en una palabra.

El artículo es una crítica a la reforma del sistema de pensiones acordada por el Gobierno con los agentes sociales —es decir, con las patronales y los sindicatos— que “consiste en derogar aspectos clave de la anterior. Ha sido celebrada porque busca garantizar que las pensiones seguirán subiendo. Pero nada es gratis: alguien siempre debe pagar la fiesta”. Esta es la tesis que consume toda una página de El País y que le lleva irremediablemente a una defensa de los mecanismos que introdujo Rajoy en su cicatera reforma del sistema de pensiones del 2013 con los que la dichosa ‘sostenibilidad’ se basaría en recortes de las cuantías, acomodados a los ciclos económicos y a la esperanza de vida.

“En este caso —sigue diciendo Garicano—, los paganos son los jóvenes: el Gobierno acaba de endosar a cada uno de ellos una hipoteca de 100.000 euros hasta 2070. Eso es lo que, utilizando cálculos del economista Ángel de la Fuente, le va a costar la reforma a cada español”. Para efectuar tales cálculos, el experto citado efectúa unas proyecciones que son solo una aproximación voluntarista porque nadie conoce, como es obvio, la evolución demográfica de este país hasta 2070, y mucho menos el desarrollo económico hasta entonces. Quizá ni siquiera valga la pena la prospectiva porque muy probablemente España será dentro de medio siglo un miembro de una gran federación con un estado de bienestar común.

Frente a semejante planteamiento, conviene efectuar una solemne declaración de principios: muchos ciudadanos pensamos, y no solo desde la esfera de la izquierda, que sería una canallada inaceptable no preservar el poder adquisitivo de los pensionistas y dejar que se consuman poco a poco en una pobreza creciente por el abandono paulatino del Estado. El mantenimiento del poder adquisitivo de su pensión es el mínimo derecho que debe defender a capa y espada quien se ha sacrificado toda una vida laboral por este país. Y aún podría exigir mejoras, si el desarrollo económico lo permitiese.

Bastaría con trasladar tales pensiones no contributivas a los Presupuestos Generales del Estado, como de hecho ya ha empezado a hacerse, para que el problema se mitigase grandemente.

El argumento —absurdo— en contra de esta tesis, que es la única civilizada que puede concebirse, es que, según los baremos actuales, las cuotas de la seguridad social no bastan para sostener el sistema, que genera por tanto déficit desde hace tiempo En primer lugar, tal afirmación es relativa y teórica porque, una vez excluidos del sistema de SS los llamados “gastos impropios”, aquellos distintos de los que se efectúan para pagar las pensiones contributivas, el déficit ya es mucho menor. Por lo tanto, bastaría con trasladar tales pensiones no contributivas a los Presupuestos Generales del Estado, como de hecho ya ha empezado a hacerse, para que el problema se mitigase grandemente.

Pero aún hay más: las pensiones son una prestación social perfectamente comparable a la asistencia sanitaria, a la educación o a la dependencia. Y ¿por qué en tanto unas prestaciones se financian sin objeción por los Presupuestos Generales del Estado, otras tienen que ser autosuficientes, es decir, mantenidas por unos impuestos finalistas (las cuotas no son otra cosa), como si no fueran una parte esencialísima de nuestro estado de bienestar?

Decir, en fin, que el sistema de pensiones “no es sostenible” porque no se sostiene mediante las cuotas establecidas y que han de abonar tanto las empresas como los propios trabajadores es un puro sofisma. Porque lo que ha de hacerse no es regatear lo suyo a los mayores sino establecer un sistema fiscal justo y equilibrado que garantice unos ingresos suficientes para financiar todas las prestaciones necesarias para que este país mantenga e incluso eleve su nivel civilizatorio, su calidad de vida, su bienestar y su felicidad.

Porque además de mantener y mejorar el sistema de pensiones con la debida generosidad, hay que elevar el nivel de la Sanidad —sus carencias han quedado bien a la vista con la irrupción de la gran pandemia— y que perfeccionar la formación en el sentido más amplio del concepto, que ha de ser la fuente de nuestra prosperidad, del pleno empleo y de las expectativas de una juventud muy preocupada por las dificultades que encuentra para emanciparse, integrarse y prosperar. Preocupación que sería todavía mayor si quienes se incorporan a la vida laboral perdieran la certidumbre de llegar a jubilarse con una pensión digna y garantizada, y observasen con pasmo cómo unas afirmaciones tan descabelladas como las del ‘centrista’ Garicano quedan sin la debida y airada respuesta.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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