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¿Pensionista o trabajador en precario? Vox, Abascal y su programa económico le amenazan

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Abascal, líder de Vox

Menos impuestos y menos servicios públicos: estas son las cuentas de Vox. El partido ultraderechista, que no ha publicado un programa electoral para las elecciones del próximo 10N, ha presentado su hoja de ruta económica. La formación de Santiago Abascal pretende, entre otras medidas, arrasar el sistema público de pensiones, reducir los impuestos a las rentas más altas y acabar con los gravámenes de mayor carácter redistributivo, es decir, el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones.

En un documento de 16 páginas en el que menciona constantemente a “las familias españolas”, Vox muestra su ideario ultraliberal, cuya materialización conduciría a un inexorable deterioro de los servicios públicos.

Vox se carga la progresividad fiscal y el sistema público de pensiones

De la mano del economista ultraliberal Rubén Manso, Vox pretende reducir la escala del IRPF a solo dos tramos: el 22 % para los que ganen hasta 60.000 euros y el 30 % para los que ganen más (actualmente, estas rentas más altas pagaban el 45 %). En España, cerca del 85 % de la recaudación tributaria de 2018 llegó a través del IRPF, el 39 % del total de los impuestos del año pasado, según el portal Business Insider.

Para que nos hagamos una idea de dónde se encuentra la formación, comparémosla con PP y Ciudadanos: los populares proponen una rebaja fiscal en la que el tipo máximo se encuentre en el 40 %; los naranjas, por su parte, sitúan ese máximo en el 44 %.

Vox asegura que el sistema de pensiones es “insostenible”. Por ello, impulsarán “un sistema mixto para aquellas personas que, con carácter voluntario, quieran acogerse a él; libertad en la edad de jubilación una vez alcanzada la mínima exigible, con mayores incentivos al retraso de la misma; mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con actividades profesionales; y ampliación de los beneficios fiscales de los fondos de pensiones a otros tipos de activos que materialicen al ahorro privado para la jubilación”.

En este modelo mixto, la mitad de las actuales cotizaciones estarían destinadas a engrosar fondos de gestión privada y abre la posibilidad a incrementar la contribución para recibir pensiones más elevadas. Vox señala que el Estado se encargaría de complementar las pensiones mínimas, pero, como señala El País, no explica cómo se sostendría el sistema público con la mitad de cotizaciones, quién garantizaría la rentabilidad de esos fondos ni qué sucedería en caso de que alguno quebrara”.

Impuesto de sociedades

Vox propone rebajar el tipo general del impuesto sobre sociedades al 22 %. El ingreso a cuenta de dicho gravamen, señala la formación en su programa, “se calculará en función de los beneficios del trimestre anterior, no al cierre del ejercicio contable previo”. Asimismo, aseguran que este tributo se situará en el 12,5 % conforme avance la capacidad presupuestaria de España y de su equilibrio fiscal.

También apuestan por la creación de un tipo beneficiado del 12,5 % para la repatriación de beneficios generados por empresas españolas en el exterior y para la repatriación de unidades de producción implantada por empresas españolas que estén en el extranjero.

Patrimonio

“Derogación definitiva del impuesto sobre el Patrimonio, porque grava doblemente la renta no consumida, dificultando el ahorro, y no debe ser utilizado, como se ha venido haciendo, en función de las necesidades extraordinarias de las Administraciones Públicas.

Este tributo estatal –establecido y regulado por el Estado–, cuyo rendimiento se cede a las comunidades autónomas, grava la propiedad o posesión de un patrimonio. Fue creado en 1991, suprimido en 2008 por José Luis Rodríguez Zapatero y recuperado tres años más tarde por el mismo Gobierno.

El impuesto sobre patrimonio deben pagarlo aquellos contribuyentes cuya base imponible sea superior a 700.000 euros

El impuesto sobre patrimonio deben pagarlo aquellos contribuyentes cuya base imponible sea superior a 700.000 euros, para lo que se tiene en cuenta el valor del conjunto de sus bienes o derechos y se excluye el valor de la vivienda habitual (hasta un máximo de 300.000 euros). Cataluña y Madrid, señala elEconomista, concentran más de la mitad de la riqueza declarada a través del impuesto de patrimonio de 2015 en España (323.000 millones entre ambas; 583.000 millones declarados en todo el país). Sin embargo, el importe realmente ingresado varía entre unas comunidades a otras (en Madrid incluso se declara, pero no se paga porque se aplica una bonificación del 100 %) porque son ellas las encargadas de su gestión.

Sucesiones y donaciones

El impuesto de sucesiones y donaciones también se encuentra en el punto de mira de Vox. La ultraderecha derogaría este tributo, también cedido a las comunidades autónomas, porque ataca los patrimonios familiares.

Según El Blog Salmón, la recaudación del impuesto de sucesiones y donaciones superó en 2017 los 2.500 millones de euros entre todas las comunidades autónomas. Asimismo, señalan que este gravamen, en datos relativos, supone el 19 % de los recursos que obtienen a través de los impuestos cedidos y gestionados, solo superado por el impuesto de transmisiones patrimoniales, que representa el 48,4 %.

Este impuesto ha generado una gran polémica en todo el territorio. Además de las enormes diferencias entre comunidades, sus detractores consideran que supone una “doble imposición” por el mismo bien (en realidad la persona que recibe la herencia no es la misma que la ha generado y ha pagado los correspondientes tributos) y relacionan su imposición con la renuncia a herencias (los datos muestran que las renuncias se multiplicaron en tiempos de crisis por las cargas hipotecarias de los inmuebles a heredar).

Otras propuestas

En las pasadas elecciones, las del 28A, en Analytiks analizamos las cien propuestas con las que presentó Abascal su candidatura a la presidencia. El texto y las propuestas siguen vigentes, pues de cara a los comicios del 10N la formación ultra solo ha actualizado su web con este programa económico.

Por aquel entonces, ya señalamos que Santiago Abascal pretendía reducir los costes de las indemnizaciones por despido a los trabajadores, reducir las cotizaciones sociales a la Seguridad Social y modificar el derecho a huelga (el carácter legal o ilegal de una huelga exigirá el voto mayoritario y secreto de los trabajadores del sector, industria o empresa en cuestión) dada la “inadecuación” del régimen vigente.

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