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¿Qué estado de bienestar queremos?

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Nurse consoling senior woman holding her hand

Los pueblos –dicen los sociólogos políticos– no suelen tener buena memoria colectiva, y de ahí la pertinacia en el error que a veces manifiestan. Con todo, es claro que estamos asistiendo ostensiblemente, y hasta cierto punto, a la salida de la gran crisis económica, que ha afectado tanto al conjunto de la globalización como a nuestro país, inserto en ella. La economía española creció el 3,1% en 2017, con lo que suma cuatro años de recuperación y tres años consecutivos de crecimiento superior al 3%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE); para el año en curso, el Banco de España ha pronosticado un crecimiento del 2,7%; los beneficios empresariales aumentaron el año pasado el 5,1% y los dividendos repartidos, el 11,7%. Pero que nadie se engañe: las cosas no son todavía como antes de la gran conmoción.

En efecto, los ciudadanos recordamos con nostalgia los niveles de bienestar de que disfrutábamos antes de la gran hecatombe y miramos con perplejidad hacia las instituciones, hacia el Gobierno en particular, reclamando el lógico regreso al pasado o, cuando menos, el anuncio de que este es el objetivo de mínimos. Pero no. Los pensionistas, embromados con la célebre y recurrente carta de Báñez en que les anuncia la buena nueva de que sus ingresos se elevan nada menos que un 0,25% (no como el pérfido Zapatero, que llegó a congelarlos un año), asisten atónitos a la declaración presidencial de que se les subirá en el futuro “lo que se pueda”, como si el Gobierno, que propone al Parlamento las cuentas públicas, del Estado y de la Seguridad Social, no fuese quien establece el nivel de impuestos que ha de ser necesario para satisfacer el gasto proyectado. Máxime cuando la preservación del poder adquisitivo de los pasivos no es una opción ideológica sino un tributo a su dignidad y a la de la ciudadanía que sostiene el sistema de reparto.

De hecho, la desazón de los pensionistas no es más que un reflejo de la situación real, que ha sido descrita así por el prudente catedrático Antón Costas hace unos días:  “somos el país donde mayor es la diferencia entre lo que ganan el 20% más rico y el 20% más pobre, casi siete veces; donde más ha aumentado la pobreza y el número de trabajadores pobres desde el inicio de la crisis; donde menos han crecido los salarios y más las remuneraciones de los altos ejecutivos de grandes empresas reguladas o con poder de mercado; y, donde más han aumentado los contratos temporales y a tiempo parcial”.

Así las cosas, es lógico que no sólo sean los pensionistas quienes están irritados con su suerte, con la situación y con la falta de respuestas políticas de quien debe darlas, que es el Gobierno (no vale el pretexto de que no posee mayoría absoluta: si no es capaz de tomar decisiones, lo que ha de hacer es marcharse y no lamentarse). Los trabajadores en general observan y padecen una situación más precaria que antes de la crisis. Según el informe Benchmarking Working Europe 2018, elaborado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) a partir de datos oficiales, el poder adquisitivo de los sueldos españoles ha sido un 4,4% inferior en 2017 que siete años antes, y la situación no ha mejorado sensiblemente en el último año.

Pero hay más problemas relacionados con el sector público: los médicos que se han manifestado esta semana en Madrid, han entregado a los portavoces sanitarios de las formaciones políticas una lista de reivindicaciones que comienza por la salarial —sus portavoces aseguran que han perdido entre un 25 y 30% de su renta real desde que el Gobierno de Zapatero comenzó recortando el salario base, antigüedad y pagas extras en torno a un 9% en 2010″— y  prosigue con otras varias reclamaciones laborales. Además, las plantillas del sistema sanitario público han adelgazado cerca del diez por ciento, y el mantenimiento de los niveles de calidad exige un esfuerzo ímprobo a estos profesionales.

Hay muchas otras reclamaciones en curso, aplazadas por la crisis, que están encontrando respuestas ambiguas como las que Rajoy ha dado a los pensionistas. Y ya es inocultable que habrá que buscar recursos para financiar la reconstitución del Estado de Bienestar.

La presión fiscal –el indicador que mide la relación entre la recaudación de impuestos y el conjunto del PIB- española fue en 2016 del 35,1%, un 0,4% menos que en 2015, según Eurostat. Este descenso provocó un alza del diferencial de ingresos tributarios entre España y la eurozona, que se disparó de nuevo, hasta 7,2 puntos del PIB (es decir, que si España tributase con los parámetros promedios europeos, recaudaría unos 75.000 millones de euros más al año). Para entendernos, la presión fiscal de Francia en 2016 fue del 47,6%; la de Portugal, del 36,9%; y la de la liberal Alemania, del 40,4%.

Los partidos, con estos datos en la mano, tienen ahora la palabra. Un periódico digital calculaba hace unos días que el coste de las iniciativas vivas en el Congreso de los grupos de oposición han alcanzado los 29.005 millones de euros, pese a que los vetos presupuestarios del Gobierno impidieron que se tramitaran proyectos por valor de otros 87.304 millones (ya se sabe que el Gobierno puede vetar iniciativas que no cuenten con respaldo presupuestario).  Quiere decirse, pues, que las minorías defienden actuaciones que equivalen a unos 2,5 punto del PIB, y que incluirían el alza en las pensiones con el IPC que representaría unos 2.800 millones.

En un modelo cuatripartito como el español —la fragmentación ha venido, parece, para quedarse—, la presión fiscal, que determina el tamaño y el alcance del Estado de Bienestar, debería obtenerse por consenso de una mayoría significativa del parlamento. No tiene sentido que el Gobierno diga, como dice a veces, que esto o aquello no puede financiarse porque “no hay dinero”. Es obvio que hay el dinero que se quiere que haya, ya que la presión fiscal es una variable y no una constante ajena al sistema. Siempre en el bien entendido de que el partido que suba impuestos (y también el que los baje) deberá rendir cuentas al electorado cuando llegue la hora. Un electorado maduro que sabe que los servicios públicos de calidad cuestan dinero y que no sería digno un sistema de pensiones que no preservara axiomáticamente el poder adquisitivo de los pensionistas.

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Antonio Papell
Director de Analytiks

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