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¿Qué pasará si hay elecciones?

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Debate 4N Elecciones: Iglesias, Sánchez, Casado y RIvera

De momento, la reunión entre PSOE y UP no ha fructificado, aunque al menos se ha acordado seguir negociando. Si finalmente fracasan los intentos de pactar la investidura de Pedro Sánchez, las elecciones del 10 de noviembre tendrán, como es obvio, un cierto grado de incertidumbre. Se supone que la distribución de las preferencias políticas de un país posee una cierta inercia, una determinada continuidad, pero es imposible a través de las técnicas demoscópicas de la sociología política seguir con pormenor la evolución intelectual de las muchedumbres. En definitiva, nadie sabe a ciencia cierta lo que pasaría ese 10 de noviembre si se nos convocara a votar. Y sólo un adivino, un mago, no un analista, se atrevería a garantizar un cierto resultado.

Lo único cierto es que actualmente la izquierda está en condiciones de formar fácilmente un gobierno, sobre todo después de que la izquierda nacionalista catalana haya asegurado su cooperación pase lo que pase en el desenlace judicial del 1-O. Y al propio tiempo, como es lógico, la derecha no puede formar gobierno aunque quiera, porque los números del ‘tripartito’, que tanto juego han dado en varias comunidades autónomas y en numerosos ayuntamientos, no alcanzan a gobernar en el Estado. Todo ello al margen de que no sería lo mismo que PP y Ciudadanos, ambos identificados como ‘la derecha’ por decisión propia, pactasen con VOX en el rango estatal de la misma manera que lo han hecho en los inferiores. El levantamiento del cordón sanitario a la extrema derecha en el marco estatal no sería pacífico.

Pues bien: las certidumbres del presente se convierten incógnitas de futuro si median elecciones. La grandeza de la democracia estriba en que las elecciones son por su propia naturaleza inciertas porque todo puede suceder. La autonomía de los electores es libérrima y la autodeterminación personal de cada uno de ellos, ilimitada e inextricable, de manera que quien tiene hoy el poder y va a elecciones se arriesga irremisiblemente a perderlo. De la misma manera que quien es emplazado electoralmente siendo oposición tiene una oportunidad indeterminada e indeterminable de pasar al otro lado de la raya, de convertirse en poder. Es lógico por tanto que a la izquierda, hoy mayoritaria, le tiemble el pulso al plantear nuevas y adelantadas elecciones, en tanto a la derecha en su conjunto se le alegra la expresión al saber que tiene a corto plazo opciones de mejorar su posición.

Cábalas y tendencias

Supongamos que fracasan las negociaciones para formar gobierno y que por tanto habrá elecciones el próximo 10 de noviembre, dentro de algo más de tres meses. Es obvio que en un plazo todavía dilatado las preferencias electorales de los ciudadanos pueden evolucionar, por lo que cualquier previsión lógica, demoscópica, de los resultados habría de partir de los valores actuales, modulados mediante las tendencias que vayan influyendo sobre el cuerpo social y aderezados con ciertos elementos subjetivos y variables, como el estado de ánimo de los electores después de la frustración generada por la impotencia y/o la indolencia de sus políticos.

Las últimas encuestas publicadas –la de Sigma Dos para El Mundo y la de NC Report para La Razón elaboradas a finales de agosto— arrojan movimientos plenamente inteligibles, no muy alejados de los promedios de todos los sondeos conocidos que ofrece periódicamente Kiko Llaneras. El PSOE mejora su posición, lo que indica que su propuesta de izquierda prudente y moderada gana adeptos (según Sigma Dos, pasaría del 28,7 % conseguido en las elecciones de abril al 33,4 %, de 123 a 145 escaños; el promedio de Llaneras estaría en el 31,6 %), en tanto el PP también comenzaría a salir de la indigencia en que lo postró la moción de censura (según el mismo sondeo, subiría del 16,7 % al 19,0 %, de 66 a 78 escaños; el promedio le otorga el 19,5 %), y los conservadores más optimistas podrían comenzar a pensar que la formación fundada por Manuel Fraga está en condiciones de empezar a recuperar el liderazgo claro de la derecha; los lazos del PP con la sociedad civil se han atenuado pero no se han roto, y ello les empieza a proporcionar una cierta recuperación en su ámbito de influencia a medida que las nuevas generaciones, que poco tuvieron que ver con las derivas vergonzantes del pasado, se van haciendo con las riendas del partido, encabezado ahora por Pablo Casado. Un Pablo Casado que empezó mal, en un tono faltón que molestó a la ciudadanía y que nuestra política ordinaria nunca ha cultivado, pero que parece haberse moderado y tranquilizado.

La recuperación del PP sería a costa de VOX, que, según Sigma Dos, perdería dos puntos porcentuales y bajaría de 24 a 17 escaños, y sobre todo de Ciudadanos, cuyas desconcertantes piruetas le habrían costado una bajada del 4,1 % y el paso de 57 escaños a 34, y con tendencia claramente a la baja. El futuro de la formación de Rivera parece dramático ya que, de un lado, sus pactos con VOX han expulsado a todos los socialdemócratas que se creyeron en su momento la propaganda de la regeneración; y, de otro lado, la recuperación del PP, que es el verdadero referente de la derecha democrática, se materializará a costa del adelgazamiento de Ciudadanos, cuya aspiración de ser la fuerza genuina de la derecha es ya un efímero sueño de verano. Una vez abandonado el centro, Ciudadanos está condenado a ser una fuerza residual de derechas, con tendencia a resultar expulsada del espectro en cuanto el PP reconstituya su base socioeconómica y recupere poco a poco la respetabilidad.

Unidas Podemos, por su parte, podría debilitarse si su clientela periférica llegara a la conclusión de que es responsable de la inestabilidad política al ofrecer tanta resistencia a un gobierno socialistapor tres veces habría negado bíblicamente a Pedro Sánchez—, pero de momento las encuestas registran apenas un discreto descenso. La mencionada encuesta de Sigma Dos le da una pérdida de una décima de punto y de dos escaños, hasta los 40. El promedio de Llaneras confirma un descenso del 14,3 % al 13,7 %. No es difícil aventurar que, si hay que ir a elecciones, UP recibirá un severo castigo, que todavía no se ve en los sondeos. En el hipotético fracaso de las negociaciones PSOE-UP, la opinión pública detectará excesiva ambición y cerrado personalismo de Iglesias frente a la defensa de la moderación y del Estado que justifica la inflexibilidad de Sánchez.

El otro elemento que influirá evidentemente en los resultados del 10 de noviembre si se confirma la convocatoria electoral será el dato de la participación, muy ligada a la movilización social que logren generar los partidos. Ya se sabe que el electorado de la izquierda es más volátil y exigente que el de la derecha, de forma que este es el elemento clave y la principal incógnita del futuro: dependerá de la habilidad de PSOE y UP que el hipotético tripartito conservador, que se formaría sin duda si fuera materialmente posible, se constituya o no.

La necesidad de  un gobierno coherente

El pasado domingo, Sánchez concedió unas extensas declaraciones a la prensa en las que nuevamente descartaba la coalición y explicaba por qué: precisamente por las mismas razones por las que Iglesias la defiende: porque UP dice no fiarse del Partido Socialista y por la concepción del gobierno que demuestra tener UP, ya que —asegura Sánchez– “un gobierno desunido es un desgobierno”. A lo que habría que añadir que, en nuestro modelo constitucional, el gobierno de la nación no es un órgano colegiado —como sí es, por ejemplo, en el régimen israelí, en que las decisiones ejecutivas se toman por votación de los ministros— sino el equipo del presidente, que es quien tiene relevancia constitucional, ha sido formalmente investido y puede nombrar y destituir libremente a sus ministros/colaboradores.

Así las cosas, el dilema en este momento no tiene salidas tangenciales ni terceras vías: o UP se adhiere a la propuesta, con lo que existiría ya un bloque de 165 escaños, suficiente para pretender una investidura con amplias posibilidades, o habrá elecciones, ya que no es imaginable que la derecha se abstenga, ni en bloque ni en alguna de sus fracciones. Y aunque las encuestas revelan que un porcentaje amplio de ciudadanos, y muy amplio de votantes del PSOE y de UP, quiere que haya gobierno y no elecciones, el margen de Sánchez no es tan amplio como parece. Porque, como ha dicho en la referida entrevista, “no se trata de salvar la investidura y conformar un Gobierno, sino de que ese Gobierno sea coherente, consistente, tenga una única dirección y sea eficaz en la respuesta a los desafíos que tienen la sociedad española y la sociedad europea en su conjunto”. Y, la verdad, la lealtad de UP no esta acreditada. Produce, por ejemplo, escalofríos la sola idea de que un gobierno PSOE-UP tuviera que enfrentarse a una respuesta rupturista del soberanismo catalán a la sentencia del 1-O, como la que anuncia el delirante Torra, si esta resultase desfavorable a los incriminados.

En la afirmación de Sánchez de que el asunto no sólo concierne al PSOE, a UP y a las minorías dispuestas a sumarse a un proyecto progresista, existe, evidentemente, una parte de mero interés partidista pero también hay una realidad que conecta con el sentido del Estado: es evidente que las dificultades para formalizar una mayoría de gobierno nos han forzado a consumir cuatro años de inestabilidad, lesiva y gravosa para el país. Lo lógico sería que las minorías facilitasen el paso a las mayorías con mayor flexibilidad que hasta ahora. No se trata de reformar el artículo 99 de la Constitución para que la investidura sea más fácil sino de que se imponga el criterio de que debe facilitarse la gobernación a quien, por sus resultados y el contexto, esté en condiciones de hacerlo. Pero no hay que hacerse ilusiones: nuestra política es cainita, y no muy diferente de la de la mayoría de las democracias de nuestro entorno. De forma que haremos bien poniéndonos siempre en lo peor.

Un programa/propuesta inobjetable

La “Propuesta abierta para un programa común progresista”, presentada por el PSOE el pasado martes como instrumento para acordar con Unidas Podemos un pacto programático que sirva de base a la hipotética investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, es difícilmente rechazable por una formación realmente progresista, de izquierdas, que sea además consciente de lo delicado de la coyuntura. Porque no estamos ante un experimento inocuo para el país sino ante la última oportunidad de poner fin a un periodo de parálisis que dura ya cuatro años y que ha empezado a afectar al desarrollo del país en todos sentidos. No sólo se ha paralizado la tarea legislativa continua que en las democracias tiene por objeto actualizar constantemente el ordenamiento: también se ha impedido la acomodación económica a la nueva coyuntura tras una gravísima crisis, de forma que el Estado se ha quedado sin recursos con que financiar la modernización general del país (con las consecuencias que cabe imaginar en la deuda pública, que es ya imprudentemente elevada). Además, se está registrando una ralentización de la economía global cuyo desenlace es actualmente imprevisible.

Las medidas socialistas proponen una reforma laboral —la recuperación de los derechos laborales atropellados por unas reformas drásticas—  y una elevación de la presión fiscal, ocho puntos por debajo de la media de la UE

El programa contenido en las 370 propuestas obedece a los planteamientos de la socialdemocracia clásica después de una grave crisis económica que ha hecho estragos en los servicios públicos y en los indicadores de equidad. En efecto, la gran recesión, afrontada mediante procedimientos globales muy conservadores —los planteamientos keynesianos fueron pronto sustituidos por la ortodoxia neoliberal—, dejó graves secuelas, que todavía se mantienen, como un desempleo insoportable y una desigualdad desbocada, como se puede constatar a través de los indicadores (el coeficiente de Gini, por ejemplo). Pues bien: ahora se pretende recuperar la equidad y, para conseguirlo, se reforzará la calidad de los muy deteriorados servicios públicos, al tiempo que se recuperarán determinados derechos sociales debilitados por la terapia aplicada. Las medidas socialistas proponen una reforma laboral —la recuperación de los derechos laborales atropellados por unas reformas drásticas—  y una elevación de la presión fiscal, ocho puntos por debajo de la media de la UE, para mejorar educación y sanidad y preservar las pensiones, cuya sostenibilidad está amenazada y requerirá flujos relevantes de recursos procedentes de los presupuestos generales del Estado. Subidas significativas del salario mínimo interprofesional y una política de vivienda que asegure su accesibilidad para los jóvenes, contribuirán a mejorar la maltrecha equidad. En materia fiscal, las propuestas son innovadoras: se plantea una tasa Tobin, la subida del impuesto de sociedades —hasta del 18% para bancos y eléctricas—, mejora de la fiscalidad de las Pymes, más impuestos verdes, más control sobre las SICAVs, creación de una tasa sobre los servicios digitales etc.

Los planteamientos mencionados, tutelados por Nadia Calviño que es garantía de posibilismo europeísta, son sin embargo plenamente compatibles con el pacto de estabilidad y con los compromisos contraídos con Bruselas, e incluyen una política considerablemente audaz en materia de energía y cambio climático, asuntos en los que Podemos manifiesta interés especial. Además de medidas sociales que faciliten el acceso a la energía, se ofrece una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y una Estrategia de Transición Justa; la prohibición de venta de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisión de CO2 comenzaría en 2040 según el documento original, aunque se han admitido los reparos justificados a este último asunto y podría relajarse la reforma si así se pacta con el sector industrial.

Con relación al conflicto catalán, que sigue siendo el principal problema político, el documento es claro: se orillan las propuestas complejas de reforma constitucional encamiandas hacia un modelo federal que redibujase el Estado de las Autonomías y se aboga por abordar el “conflicto de convivencia” en Cataluña “impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, siempre dentro de la Constitución”. En este marco, se acometerán reformas para avanzar “hacia un modelo de Estado integrador”, sin que tenga cabida un referéndum de autodeterminación pero habilitando nuevos procedimientos de colaboración y coordinación, desde la Conferencia de Presidentes a la Reforma del Senado. Podemos sabe, pues, a qué atenerse si decide al fin embarcarse en la aventura de secundar un gobierno de izquierdas.

Iberia Alexa
Antonio Papell
Director de Analytiks

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