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Regresa la socialdemocracia

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Occidente ha realizado un viraje espectacular hacia la socialdemocracia, que, en muchos casos, como en España y en los Países Bajos, se ha impuesto en sus respectivos países con el auxilio de la corrupción económica de su alternativa conservadora. Con la excepción de algunos países del Grupo de Visegrado, donde la reacción neoliberal hace estragos en el decoro y en las libertades de los recién rescatados del totalitarismo comunista, el cambio progresista es un hecho, ha llegado hasta Alemania y, a modo de curiosidad reveladora, es digno de constatarse que desde hace 62 años, los cinco países nórdicos —Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca— no se habían dotado al mismo tiempo de gobiernos de centroizquierda.

Este resurgimiento de la izquierda en Occidente —a pesar de las vacilaciones inesperadas de Biden, cuya incapacidad está poniendo en riesgo la circunstancial hegemonía de los demócratas en USA— está relacionado probablemente con las crisis globales que hemos padecido en este siglo. La primera de ellas, económica y financiera, que en España fue doble y duró entre 2008 y 2014, se debió a la falta de escrúpulos del sistema financiero global, descontrolado a causa de las políticas neoliberales de Thatcher y Reagan, llevadas al paroxismo y al exceso por sus continuadores.

Por añadidura, ante la desorientación de Alemania que cedió a las presiones, el consenso económico marcó pautas de trasnochada ortodoxia monetarista, la célebre austeridad, que levaron a varios países al rescate con grave coste para sus sociedades respectivas. Las pensiones de los griegos terminaron saldando las hipotecas basura que habían hundido el sistema en los Estados Unidos. Y Zapatero, conminado primero por el G-20 a practicar políticas expansivas y acto seguido a realizar el más gigantesco ajuste de la historia, fue una víctima clarísima de la incompetencia neoliberal, que dejó muertos y heridos en el proceso de recuperación, que en España destruyó a la clase media, elevó por encima del 20% la tasa de personas en riesgo de pobreza severa, provocó un enfrentamiento entre el sistema político y la ciudadanía y originó, en fin, una desigualdad de la que todavía no nos hemos repuesto. François Hollande fue también víctima de aquel caos, en que solo los radicales herederos de Friedman y formados en las teorías de la Escuela de Chicago se sintieron cómodos.

Merkel, en la crisis provocada por la Covid-19, optó por auspiciar políticas solidarias y compasivas que no causasen más dolor

La segunda crisis, la de la covid-19, se orientó en cambio de forma diametralmente opuesta. Merkel, discreta en su liderazgo de la UE, había aprendido la lección de la primera crisis y, cercana a su partida definitiva, optó por auspiciar políticas solidarias y compasivas que no causasen más dolor. Quizá porque las causas del problema eran espontáneas e imprevisibles y hubo por tanto que actuar con improvisación, lo primero que hizo la Unión Europea, ante la sorpresa general, fue suspender atinadamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que obligaba a los países a someterse a una rígida estabilidad presupuestaria.

Semejante medida, unida a las actuaciones expansivas de los bancos centrales (los países frugales no tuvieron más remedio que callarse ante la intensidad de la epidemia), permitió tomar precauciones para impedir la destrucción de empleo a causa del confinamiento —medidas como los ERTE, que hicieron posible la congelación de muchas empresas sin que hubieran de quebrar y por lo tanto sin que sus trabajadores quedaran condenados a la indigencia—, y poco después Bruselas arbitraba la aplicación de 750.000 millones de euros, en gran medida a fondo perdido, a un plan de recuperación y resiliencia que, a la manera keynesiana, nos permitiría recuperar los indicadores prepandemia, a la vez que garantizaba una modernización general del sistema económico de todos los países miembros. Milagrosamente, se había convertido el gran drama de la pandemia en una excelente oportunidad de dar un salto hacia adelante en la Unión.

En ese punto estamos, con una sociedad que espera con mirada anhelante el despegue de nuestras economías auxiliadas por abundantes recursos y dispuestas a que el dinero público cebe la bomba de la inversión privada con un efecto multiplicador que ha de producir la modernización global. En el caso español, los esfuerzos han de dirigirse a la formación, a la descarbonización y la digitalización, objetivos que no tendrían sentido si previamente no hubiéramos reforzado los grandes servicios públicos para redimir a las capas sociales menos favorecidas, reconstruir la clase media y restaurar la desvencijada igualdad de oportunidades. Por suerte, la socialdemocracia ve ahora reconocidos sus postulados: la redistribución, la red inferior que impida a los ciudadanos descender más allá de determinado umbral de renta y  bienestar, son factores de productividad y no al contrario. En esta dirección debemos avanzar.

La coalición de gobierno ha interiorizado bien todo lo anterior pero, a medida que se sedimenta el presente y se empiezan las previsiones de futuro —incluidas las cruciales elecciones de 2023—, los dos partidos que forman el ejecutivo empiezan a rivalizar ente sí. Es humano y comprensible que suceda tal cosa, pero no han de perder de vista estos actores que se necesitan mutuamente y que cualquier vacilación en el desarrollo de un proyecto que necesita la fuerza cooperativa de ambos será aprovechada por la opción alternativa, que todos sabremos cuál es.

La perspectiva de que la extrema derecha regrese a este país por la paradójica vía de los votos debe ser la constante referencia de quienes conducen hoy el Estado, entre otras razones para que no gobiernen los enemigos de la libertad.

El PSOE y la reforma constitucional

La prensa señala lo siguiente: “…en la nueva ejecutiva del PSOE se ha creado una secretaría de reforma constitucional y nuevos derechos cuyo responsable será Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y figura ascendente en el partido”

Como es conocido, se ha creado en el último Congreso del PSOE una secretaría para la reforma constitucional. Preguntado Sánchez por la prensa acerca de semejante novedad, que se pretendió intencionadamente dejar casi en la sombra, el presidente del Gobierno no quiso dar muchas explicaciones y se refirió apenas a la incorporación a la Carta Magna de nuevos derechos, como los relacionados con la salud o el medio ambiente, y al anacronismo que supone la inviolabilidad del Rey…

Sánchez es consciente, según se dedujo de sus propias declaraciones, de que no contará para tal reforma con el apoyo del PP, que se ha negado ya a aceptar la sustitución en la Carta Magna del sustantivo “disminuidos” usado en el artículo 49 C.E. para utilizar el políticamente más correcto de “personas con discapacidad”. Claramente, Casado ha dicho que no se fía de Sánchez y que no quiere arriesgarse a que la reforma constitucional para este pequeño cambio sea después aprovechada para otras cosas. Como se ve, la lealtad constitucional y la confianza entre demócratas abundan en nuestro país. Y algún errático pretendiente a líder alardea de ello.

La última propuesta concreta de reforma constitucional, que se archivó por falta de apoyo de la derecha, fue la de Rodríguez Zapatero, que dejó como huella un magnífico informe del Consejo de Estado de febrero de 2006, que debería leer cualquiera que esté interesado en estas cuestiones. Aquella reforma, que hoy nos parece corta, incluía tres aspectos: cambiar la preferencia del varón sobre la mujer en la línea sucesoria de la Corona, recibir en el texto la pertenencia de España a la Unión Europea, y enumerar en el Título VIII el nombre de las Comunidades Autónomas.

Si en aquel momento aquella reforma parecía audaz, hoy es claro que, aunque aquellos tres asuntos son relevantes, deben ampliarse, y a la vez hay que añadir la necesidad de una reforma al alza de determinados derechos sociales. En concreto, la reforma del Título II –“De la Corona”— ha de incluir la eliminación de la inviolabilidad absoluta, en tanto el Título VIII y otras partes de la Carta Magna han de adoptar una clara forma federal, que incluya la habilitación del Senado como auténtica cámara de representación territorial, con competencia legislativa directa, y una distribución clara de competencias y tributos entre los distintos niveles de organización. En este marco, habría que buscar acomodo a Euskadi y a Navarra sin demérito de su singularidad, y habilitar una fórmula que complazca a una mayoría caracterizada de catalanes, que no suponga privilegio y que facilite la recuperación de un gran consenso constitucional semejante al de 1978.

Algún analista ha destacado, atinadamente, que el mero gesto de Sánchez de nombrar a Félix Bolaños al frente de una secretaría de Reforma Constitucional en el PSOE le otorga una credibilidad y una fuerza evidentes en sus negociaciones catalanas de la Mesa de Diálogo. Es probable a medio/largo plazo, el encaje de Cataluña en el Estado requiera lo que Maragall no osó proponer: una reforma del Estatuto instalada en una reforma constitucional federalizante. El entonces presidente del Tripartito catalán no se atrevió a intentar con Zapatero una reforma de la Carta Magna porque probablemente la idea no hubiera encontrado apoyos suficientes, y la aventura terminó en naufragio ya que el Estatuto, recibido por los catalanes con una euforia perfectamente descriptible, se estrelló contra las rocas del Tribunal Constitucional, con las consecuencias que todos conocemos.

Como es sabido, si se decidiera realizar una reforma ‘agravada’ de la Constitución, necesaria para cambiar los aspectos más delicados de la misma (entre los que está el Título II, desde luego) sería necesario obtener mayorías de dos tercios en las cámaras, disolver las Cortes, someter la propuesta a votación del nuevo Parlamento y celebrar un referéndum nacional. Y han de ser, como es lógico, el Gobierno y las fuerzas parlamentarias los que decidan la pertinencia o no de la modernización de la ley fundamental. Sería en cualquier caso absurdo que la desconfianza infundada o una agresividad sin control frustrara indefinidamente unos cambios que se merece este país. Porque siempre es más difícil avanzar cuando el vehículo envejece sin someterse a las periódicas revisiones.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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