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El retraso de la investidura: la parálisis política deteriora el Estado autonómico

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Investidura y Congreso de los diputados

Un artículo reciente de Sergio García publicado en Analytiks explicaba la parálisis legislativa que padece este país desde que el modelo parlamentario se convirtió al pluripartidismo en las elecciones de diciembre de 2015, que la clase política no fue capaz de gestionar y que hubo que repetir en junio de 2016. Entonces tampoco fue posible formar ordenadamente un gobierno, ya que el que surgió, presidido por Mariano Rajoy, se alzó sobre las ruinas de un PSOE desangrado, que se tomaría su desquite algún tiempo después en la moción de censura del 1 de junio del año pasado, cuyo desenlace estamos tratando de encontrar ahora, sin éxito de momento. Los resultados de las elecciones del 28-A no han permitido por ahora formar gobierno, y aunque todavía existe la posibilidad, a pesar de la investidura fallida, empieza a cundir la convicción de que estamos abocados a una nueva repetición electoral el 10 de noviembre.

La responsabilidad de que sea tan difícil aunar la voluntad de formaciones contiguas para formar mayorías corresponde a la clase política, que no acata el mandato popular y se niega a la negociación y al pacto, que son las herramientas con que las grandes democracias consiguen gobernabilidad.

La investidura fallida y el daño al Estado

Pero lo que estas líneas pretenden no es sólo criticar la actitud displicente o negativa de los dirigentes de los partidos, sino también subrayar el daño que se causa al Estado con este comportamiento. Porque además del efecto mencionado, la inquietante inacción del Poder Legislativo desde hace ya casi cuatro años, la parálisis política está provocando otros efectos dañinos, quizá no muy evidentes pero desde luego innegables. Y uno de ellos es el deterioro progresivo del Estado de las Autonomías.

Es ilustrativo que en el reciente debate de investidura, uno de los escasos temas concretos que fueron manejados como argumentos inexorables de debate fue el cambio de modelo de financiación autonómica, mencionado, entre otros, por Joan Baldoví, el representante de Compromís, quien no pasó de la abstención frente a Sánchez precisamente porque el candidato a la presidencia del Gobierno no ofreció garantías claras al respecto.

Sánchez no quería abrir este melón porque el asunto es extraordinariamente complejo, ya que se están potenciando factores sensibles que deben intervenir en el prorrateo –como la densidad de población de los territorios o el envejecimiento de la población– que han de modular en un grado importante la fórmula final que se habilite, y que habrá ser el resultado de una ardua negociación, que tenga por añadidura en cuenta la necesidad de considerar el conflicto catalán a la hora de cerrar un trato admisible por todos.

Desigualdad territorial

Según Fedea, las comunidades peor financiadas son, de peor a mejor, Valencia, Murcia, Andalucía y Castila-La Mancha; en todas ellas la financiación por habitante ajustado de cada comunidad es inferior a la media nacional. Y las mejor financiadas, de mejor a peor, son Cantabria, Rioja, Baleares, Extremadura, Aragón, Canarias, castilla y León, Asturias, Galicia, Madrid y Cataluña.

El asunto está en primera línea de interés, sobre todo en las comunidades que se sienten más postergadas, y nadie pierde ocasión de reivindicar soluciones. El pasado día 24, víspera del fracaso de la segunda votación de la investidura, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, explicaba al rey (en la audiencia protocolaria posterior la toma de posesión del presidente de la Generalitat valenciana tras las elecciones autonómicas) la situación de “urgente necesidad” que tiene la Comunidad Valenciana de que se acometa la reforma del modelo de financiación autonómica para “proteger el estado de bienestar y garantizar la igualdad entre los españoles”.

La Comunidad Valenciana, según los expertos, tiene un grave problema de infrafinanciación que la sitúa 800 euros por habitante y año por debajo con respecto a la autonomía mejor financiada, Cantabria.

No sólo falla el modelo de financiación

La caótica situación presupuestaria del país y la falta de una programación cabal y permanente de las inversiones públicas generan disfunciones perturbadoras. La Vanguardia publicaba el pasado martes un reportaje titulado “La ejecución presupuestaria real es del 66 % en Catalunya y del 114 % en Madrid”. El texto de la noticia alertaba de que un informe elaborado por el Departament d’Economia de la Generalitat con datos de la Intervención General del Estado pone de manifiesto que los PGE han dejado de ser una guía real para conocer el grado de inversión en cada comunidad porque la ejecución real alcanza grados muy distintos.

En el periodo 2015-2018, el Estado ejecutó en Cataluña el 65,9 % de lo presupuestado mientras en Madrid el porcentaje fue del 113,9 %. En Cataluña, en los últimos seis años, una tercera parte de las inversiones no se han ejecutado a pesar de que estaban previstas en el presupuesto, y ello representa una merma de 2.214 millones.

En 2018, la comunidad en la que teóricamente se iba a destinar un mayor volumen de inversión iba a ser Andalucía (con el 14,6 % del total regionalizable), seguida de Cataluña (13,3 %) y de Madrid (12,2 %). En cambio, una vez ejecutadas las inversiones, Madrid acabó siendo la comunidad líder en inversiones ya que atrajo el 15,6 % del total.

Andalucía se colocó en la segunda posición (15,2 %), mientras que Catalunya pasó al cuarto puesto del ranking con el 10,4 %. No es extraño que el director de La Vanguardia, Màrius Carol, en una gacetilla titulada “Promesas incumplidas”, lamentara que “este déficit ha contribuido a dar argumentos a los que creen que el Estado no atiende las demandas catalanas”.

En definitiva, la inestabilidad de cuatro años de gobierno precario no está derrumbando al Estado que es sólido y firme, pero sí descoyuntando sus distintos elementos, de modo que costará después un gran esfuerzo encajarlos de nuevo entre sí. Ni estamos en situación de emergencia ni es preciso dramatizar la situación, pero sí conviene advertir que estamos jugando con fuego al permitir que el malestar se extienda a medida que se debilitan los mecanismos de cohesión y se perturba el funcionamiento cabal de las instituciones.

Iberia 350
Antonio Papell
Director de Analytiks

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