Rita Barberá, que fue alcaldesa de Valencia desde 1991 hasta 2015 –tras las elecciones municipales del 24 de mayo del año pasado, la alcaldía está en manos de una coalición encabezada por el manresano Joan Ribó, de Compromís- está en el centro del ‘caso Imelsa’, sin que las salpicaduras le hayan alcanzado personalmente porque no ha sido inculpada por la Justicia. En dicho caso, enmarcado en un episodio de cobro de comisiones en contratos públicos, todos los concejales de Barberá han sido investigados –antes se decía imputados- por presunto blanqueo de dinero ya que efectuaban donaciones a su partido que después les eran devueltas en negro.

Barberá es, conviene repetirlo, inocente en todos los escándalos del PP en que se ha visto envuelta, en varios de los cuales ha tenido que testificar. Pero ha estado en el ojo del huracán, asistiendo sin verla a la corrupción de sus más estrechos colaboradores. Así las cosas, parecería que la regeneración del Partido Popular, que ahora intenta un grupo de afiliados, debería incluir el apartamiento de quien ha sido un personaje clave en la etapa de la corrupción sistémica en el PP valenciano (los tres presidente de las diputaciones de la comunidad autónoma están en la cárcel o imputados).

Pues bien: tras perder la alcaldía, Barberá encontró refugio en el Senado, por designación de la propia comunidad autónoma instada por su partido, y en el Senado permanece. Al llegar, fue encargada nada menos que de presidir la comisión constitucional, presidencia que en la renovación que acaba de tener lugar no le ha sido renovada. Algunos cuadros del PP valenciano sugieren más o menos veladamente la conveniencia de que Barberá ceda el paso a las siguientes generaciones. Pero el PP, en lugar de acceder a esta sugerencia de sentido común y buscarle una salida discreta del primer plano político, la ha incluido en la diputación permanente. Es decir, le ha asegurado el aforamiento incluso si no se consigue formar gobierno y se hace necesario volver a elecciones.

Esta sobreprotección de Barberá, que es y seguirá siendo aforada, resulta sencillamente incomprensible en un partido como el PP que acaba de perder 63 escaños en el severo castigo electoral que le ha propinado su propio electorado, sin duda cargado de indignación por la corrupción de esta última legislatura. La regeneración que dice pretenderse ha de pasar, con toda evidencia, por el relevo de las personas que no fueron capaces de impedir la corrupción durante tanto tiempo. Y si así no se ve, es que no se ha entendido nada de lo que pasa por la mente airada de los ciudadanos.