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Sólo una reforma constitucional nos sacará del atolladero

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Tribunal Constitucional

La historia es el relato de los acontecimientos que fueron, pero también, en ocasiones, de los que no llegaron a ser. Y durante la legislatura crítica 2011-2015, en la que tuvo lugar la abdicación de don Juan Carlos en medio de una gran crisis económica que afectó a los fundamentos del consenso social establecido en España tras la muerte de Franco, hubo ocasión de promover una reforma constitucional concebida para modernizar y revitalizar el régimen, que había perdido el calor de las multitudes con que nació, y para modelar un nuevo sistema de organización territorial que previniera las tormentas que para entonces ya se presagiaban en Cataluña.

Una parte de aquella historia ya se ha publicado en sus líneas esenciales en un libro de la periodista Ana Romero, Final de partida. La preocupación por la decrepitud de la situación política, agravada por la decrepitud de las principales instituciones, fue manifestada por numerosas opiniones pero, esencialmente, la voz de alarma sobre la gravedad de la situación fue lanzada a los circuitos más influyentes del país por el director del CNI, los servicios secretos españoles, general Félix Sanz Roldán. Los análisis y sondeos del centro de inteligencia revelaban el desapego de la juventud (especialmente) con relación al sistema y presagiaban el surgimiento de organizaciones populistas que, en efecto, asomaron con fuerza poco después. Y detectaron la caída de popularidad de la Corona, cuyo titular había cometido torpezas de grueso calado, que no perdieron importancia ante la opinión pública cuando el Monarca pidió públicamente disculpas. Sanz Roldán comunicó sus temores a un grupo selecto de personas, y, finalmente, fueron él mismo y el expresidente Felipe González quienes fueron a plantear al Rey la situación.

El plan consistía en producir la abdicación del jefe del Estado y la entronización de su hijo, Felipe VI. A continuación, se lanzaría la propuesta de la reforma constitucional y se crearía una comisión de notables —se hicieron listas de personalidades incuestionables de todas las tendencias, con participación de nombres periféricos— que debería elaborar una ponencia. El proceso de reforma se iniciaría durante 2015, de forma que las elecciones generales de finales de año serían las previstas en el artículo 168 CE (en caso de reforma agravada del texto constitucional, es preciso su aprobación por mayoría de dos tercios de cada cámara, seguida de la disolución inmediata de las mismas y de la ratificación por las recién elegidas por idéntica mayoría).

Lógicamente, PP y PSOE habrían pactado antes de las elecciones la formación de un gobierno de coalición, siquiera temporal, para consumar la reforma de aquel modo. Y a continuación, debería celebrarse el preceptivo referéndum de autodeterminación, en el cual –y en este extremo residía el interés de la propuesta global—, los estudios del CNI auguraban un apoyo del 80 % de los votantes en el conjunto de España y del 60 % en Cataluña, porcentajes que servirían para desincentivar durante un larguísimo periodo de tiempo los movimientos secesionistas que por aquel entonces estaban ya tomando cuerpo y potencia en Cataluña por razones bien conocidas.

Costó convencer al rey Juan Carlos de la conveniencia de abdicar. El monarca consultó con su entorno, y los más cercanos, incluidos los miembros supervivientes del Consejo Privado de don Juan, le aconsejaban permanecer en el trono hasta el final de sus días, pero finalmente atedió a razones porque los argumentos de la otra parte eran muy sólidos y estaba claramente en juego la supervivencia de la propia institución. En definitiva, el 2 de junio de 2014 se anunciaba la renuncia regia y el día 19 era proclamado Rey el sucesor, Felipe VI, quien pronto revirtió la caída de popularidad de la Monarquía y suscitó una adhesión creciente a la jefatura del Estado, gracias a la exhibición de una impecable profesionalidad de gran nivel e impecable factura.

Cuentan los protagonistas de aquel forcejeo que Mariano Rajoy, lleno de dudas y con una sólida mayoría absoluta que le concedía absoluta libertad de movimientos (aunque las encuestas auguraban ya la caída que minaría aquel apoyo masivo al Partido Popular de 2011), fue quien frustró el proyecto de reforma constitucional, con el argumento de que era muy peligroso abrir aquel melón en el que por fuerza había de intervenir directamente la soberanía popular mediante un referéndum. Y no se hizo.

El resto de la historia es conocido: en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 irrumpieron Podemos y Ciudadanos y se dio por finquitado (al menos temporalmente) el bipartidismo, y ante la incapacidad de los partidos para formar una mayoría estable, hubo que repetir las elecciones, que se celebraron el 26 de junio de 2016. Y fue preciso que se rompiera internamente el PSOE para que Rajoy encabezara otra vez el gobierno, al frente de una minoría de 137 diputados y con el apoyo de Ciudadanos. La fragilidad del nuevo gobierno y lo complejo de la situación ha facilitado el desarrollo del ‘procés’ catalán, hoy en inquietante ebullición y al borde de un imprevisible estallido.

La fractura es tan grave que sólo son imaginables soluciones radicales para reducirla. Y la reforma constitucional aparece de nuevo como el único medio que puede ser de verdadera utilidad en el doble designio de reconquistar la adhesión al sistema democrático y de recomponer la instalación de Cataluña en el Estado. Sólo que ahora las dificultades son mucho mayores y los riesgos, infinitos, de forma que la aventura se presenta mucho más ardua e incierta.

Según algunas informaciones solventes (Fernando Garea en El Confidencial), Rajoy y Sánchez habrían ya pactado los límites de la reforma constitucional, que reducirían la operación al capítulo de la organización territorial, para evitar que la operación se convierta de facto en un proceso constituyente. Dicho capítulo se subdividiría en temas, como la financiación, la distribución de competencias, etc. Se trataría de reescribir el Título VIII, que, por mor de las circunstancias particulares de aquella coyuntura fundacional, no describía el Estado de las autonomías sino que establecía las condiciones procesales para edificarlo. Según Garea, el presidente del Gobierno y el líder socialista habrían pactado su negativa a modificar el artículo dos, el que hace referencia, precisamente, a la imposibilidad de trocear la soberanía y el que impide, según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, convocar referéndums de autodeterminación en las comunidades autónomas (con independencia de que ese pretendido derecho de autodeterminación tiene un alcance muy restringido en la versión de la ONU).

Con todo, dadas las incertidumbres del presente, el futuro inmediato dependerá de cómo se produzcan finalmente los acontecimientos catalanes. Pero es difícil encontrar otra vía de verdadera convergencia entre todas las fracturas de la España actual si no es a través de una renovación sosegada de las grandes reglas de juego.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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