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Teruel existe, Cuenca también: así se vació España y así se fragmenta el Parlamento

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Teruel existe
Teruel | AdobeStock

En las pasadas elecciones del 10 de noviembre, Tomás Guitarte, cabeza de lista de Teruel existe, consiguió un escaño y dos asientos en el Senado. La llegada de esta formación, que nació en 1999 para reivindicar inversiones e infraestructuras que permitan frenar la despoblación de la provincia, abre la puerta a nuevos partidos regionalistas, lo que ahondaría en la fragmentación del Parlamento.

“Nos obligan a presentarnos. Estamos en una situación límite”, dijo el propio Guitarte. Teruel existe, recuerda El País, dio el salto a la política nacional a principios de septiembre, después de que el Gobierno desbloquease la parte del Corredor Cantábrico–Mediterráneo que une Santander y Bilbao, mientras que el tramo entre Zaragoza y Sagunto (Valencia), que pasa por la provincia y es una reivindicación histórica de la formación, sigue paralizado. Este fue un punto de inflexión para Teruel existe. Si el Partido Regionalista de Cantabria conseguía con un diputado mucho más que ellos en 20 años de pelea, ¿por qué no seguir sus pasos?

Teruel existe, Cuenca también

Y si la fórmula de Teruel existe funciona… ¿acaso no podría encajar en Cuenca? Periodistas, abogados, deportistas, artistas, arquitectos y otros profesionales de diferentes disciplinas han firmado un Manifiesto por Cuenca en el que reclaman inversiones públicas y piden a las autoridades incentivos para atraer inversión privada y garantizar así los riesgos de decadencia que amenazan la provincia. “Pedimos políticas de Estado, dotadas de suficiente presupuesto, para que Cuenca se repueble y sea una provincia próspera, con igualdad de oportunidades, tal y como obliga nuestra Constitución”, reza el Manifiesto.

No sería descartable que, en futuras convocatorias electorales, Cuenca siga la senda iniciada por Teruel existe. Tampoco sería extraño pensar que, dado el éxito de esta fórmula, los regionalistas conquenses se hiciesen con un hueco en el Parlamento. Y así con varias provincias del territorio español. Esto daría lugar a una fragmentación inasumible del Parlamento.

Políticas fracasadas: nunca se atajó el problema real

Cuando uno se siente ignorado, lo lógico es que alce la voz. En España padecemos un grave problema de desequilibrio territorial por el despoblamiento de las zonas rurales y de las provincias del interior, en beneficio de las costas y de las grandes urbes, especialmente Madrid. Cada año llegan a la capital 100.000 nuevos inmigrantes de otras comunidades autónomas en busca de unas salidas laborales y una trayectoria que se les quedan cortas en sus provincias de origen.

La Política Agraria Común, que se ideó en la UE precisamente para garantizar la supervivencia de lo rural, está fracasando en España debido, entre otras razones, a que apenas el 3 % del apoyo total percibido tiene como objetivo específico el “desarrollo económico de las zonas rurales” y, más aún, tiene como potenciales beneficiarios a la población rural en su conjunto: el 97 % de la PAC se dedica a subvencionar a los propietarios de tierras por sus vínculos con la actividad agroalimentaria o agroambiental, lo que contribuye levemente a la sostenibilidad del medio.

En 2008 entró en vigor la primera –y aún inaplicada– ley estatal para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Ley 45/2007, de 13 de diciembre). Su propósito, reza el preámbulo, es “llevar a cabo un impulso de desarrollo en las zonas rurales y, prioritariamente, en las que padecen un grado mayor de atraso relativo, cualquiera que sea su localización dentro del Estado. Esta es una Ley que define una acción política de primer orden por el volumen de población potencialmente beneficiaria, por la amplitud del territorio de actuación afectado, y por la cantidad de recursos financieros públicos y privados que se verán comprometidos”.

La norma naufragó, como naufragan las cosas cuando no se les presta la atención que requieren. Más tarde se promulgó la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que bloqueó la capacidad de gasto de los municipios, y poco después se puso en marcha la Reforma de la Administración Local de 2013, cuyo objetivo fue la liquidación competencial y patrimonial de los municipios rurales. Dicha ley propugna el abandono, la supresión o la privatización de sus servicios públicos esenciales, lo que representa la desaparición de los municipios como entes complejos de derecho público capaces de prestar los servicios básicos a los ciudadanos, per se o mancomunadamente con los colindantes, como sería deseable.

¿Sirve el modelo?

Las zonas rurales, por tanto, se sienten desamparadas, lugares olvidados del Estado. La irrupción en el Parlamento central de Teruel existe es un claro síntoma del fracaso del sistema representativo. Si para que un colectivo de ciudadanos adquiera voz es necesario prescindir de los partidos convencionales, es que el modelo que tenemos se ha quedado en punto muerto al no cumplir sus objetivos mínimos. Es necesario que el motor arranque de nuevo.

Si no se quiere depender de formaciones nacionalistas y regionalistas, no tiene sentido aparcar medidas para incluir a la España vacía (vaciada) en este futuro incierto. Para no depender de los chantajes de determinadas formaciones —recordemos que el PRC de Miguel Ángel Revilla, exige ahora que la licitación de los tres tramos del ferrocarril de Palencia a Alar del Rey aparezca registrada en el BOE antes del 31 de diciembre para votar a favor de Pedro Sánchez— es necesario que se revisen estas leyes mencionadas anteriormente y se trabaje para menguar estos desequilibrios territoriales.

Sergio García M.

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