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Un modelo competitivo de contratación pública

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Un modelo competitivo de contratación pública 1

Si nuestro país quiere tener de verdad un modelo competitivo debe abordar, como parte de la política de reformas, una apuesta decidida por la calidad y la máxima consideración de las profesiones que han contribuido y lo siguen haciendo a la modernización de las estructuras de producción y prestación de servicios, de manera especial en áreas estratégica como son la ingeniería y la construcción de Obra Pública.

Es igualmente importante homologarnos a la mayor velocidad a las directivas comunitarias en tantos sectores y campos en los que nuestro esquema de generación de riqueza tiene que demostrar –y puede hacerlo- la mayor solvencia, como es el caso de aquellos sectores en los que el trabajo, la preparación y dedicación de los ingenieros de Caminos sigue siendo decisiva, no solo los ya conocidos relacionados con el transporte o las obras hidráulicas, sino también todo lo relacionado con el mercado digital y las nuevas tecnologías.

En relación con los proyectos de Ley sobre contratación pública que el Gobierno ha remitido al Congreso para su debate, la posición del Colegio de Ingenieros de Caminos se resume en el objetivo central de garantizar la solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios. La trasposición de las Directivas Europeas de Contratación Pública no debe ser planteada como un problema, sino como una oportunidad, para que con ese objetivo, se reconozca en nuestra en nuestro marco legal el carácter intelectual de los servicios de Ingeniería, así como las peculiaridades que ello supone.

Si analizamos a fondo las directivas comunitarias, uno de los aspectos sobresaliente pone de manifiesto la promoción de criterios de adjudicación distintos del precio, buscando una mayor calidad de los contratos públicos y de su resultado final.

Pretende lograrse a partir de ahora una mejor relación calidad-precio en los contratos públicos, como concepto más avanzado y global que el de la oferta económicamente más ventajosa que hasta ahora se había manejado procedente de las Directivas de 2004. De esta forma, el precio cede parte de su protagonismo a otros parámetros de selección, cuya razón fundamental reside en que la calidad del servicio contratado va unida a unos costes por debajo de los cuales no es posible garantizarla.

Disminuir los costes de la Ingeniería por debajo de los mínimos necesarios, sólo se consigue reduciendo el tiempo dedicado por los ingenieros cualificados, utilizando profesionales con menor experiencia o disminuyendo el gasto dedicado a formación e I+D+i, lo que supone, en todos los casos, reducir la calidad del servicio y su garantía de buena adecuación al fin pretendido.

Igual que es necesaria la colegiación obligatoria al tratarse nuestro trabajo de una materia sensible y que afecta a la seguridad de la personas y a la preservación del medio ambiente, en los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

Como criterios de adjudicación del contrato se propone que la adjudicación tenga en cuenta los criterios relacionados con los costes con una valoración del 30% y los criterios cualitativos con una valoración del 70%, así como que, tal como establece la Directiva Comunitaria, también quepa la posibilidad de que el factor coste puede adoptar la forma de un precio o coste fijo sobre la base del cual los operadores económicos compitan únicamente en función de criterios de calidad.

Al mismo tiempo, se propone que en los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, celebrados por los órganos de las Administraciones Públicas, la valoración de los criterios cuya cuantificación de un juicio de valor pueda realizarse por los servicios dependientes del órgano de contratación.

A la vez, debemos tener claros unos criterios más restrictivos para la consideración de una oferta económica como “temeraria” en los concursos de servicios de carácter intelectual, estableciendo en su caso un determinado porcentaje del importe del presupuesto de licitación a partir del cual las ofertas más bajas tengan la consideración de “baja temeraria” y ello por las consecuencias de las bajas incontroladas, lo que comporta un riesgo evidente en la ulterior explotación de las Obras Públicas, con el consiguiente aumento del coste final de la inversión, de los plazos de la puesta en servicio de las obras y del coste de operación y mantenimiento.

(Articulo publicado por EL ECONOMISTA, 12-1-17)

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