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Un país paralizado. Rajoy, candidato del PP

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Un país paralizado. Rajoy, candidato del PP 1

La crisis económica está quedando atrás, no tanto porque hayamos aplicado sabias terapias cuanto porque los fenómenos económicos son fatalmente cíclicos y después de la depresión vienen la expansión y la bonanza. Pero este resurgimiento espontáneo (que, por cierto, está tan desequilibrado que continúa dejando en la cuneta a un sector de damnificados) no basta para ocultar ni las deficiencias estructurales del tejido económico (el turismo y el ladrillo en alza, como en los buenos tiempos), ni la pésima calidad del empleo que se crea, ni el adormecimiento de las instituciones, paralizadas e inactivas.

Solo quien estuviera políticamente ciego dejaría de ver que nuestro país, abrumado por el éxito de un periodo constituyente realizado en momentos excepcionales, ha llegado a un punto en que es necesaria una reconstitución de sus postulados y estructuras, una puesta al día de la Carta Magna que  constitucionalice algunos nuevos valores, delimite definitivamente un modelo de organización territorial que quedó apenas hilvanado en 1978, resuelva determinados anacronismos insostenibles (la exclusión de la mujer de la línea sucesoria de la Corona, p.ej.) y –lo que es más importante- congregue a una amplia mayoría social en el quehacer explícito de continuar haciendo país, cristalice un moderno patriotismo constitucional que nos otorgue presencia y envergadura en la Unión Europea, y perfeccione la representación, de forma que la ciudadanía se sienta cada vez más participante en la tarea colectiva. Todo ello sin olvidar la adopción de determinadas cautelas sobre la corrupción, que merecen figurar en la ley fundamental para solemnizar una lucha que está muy lejos de haberse emprendido con el denuedo necesario.

El PSOE, que tiene conciencia desde hace tiempo del problema –el envejecimiento de la norma fundamental y la necesidad de una reforma estimulante-, ha conseguido la creación de una comisión en el Congreso –“comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico”-, con claras y ambiciosas pretensiones federalizantes, y con cierta esperanza de que pueda tener un efecto lenitivo sobre la cuestión catalana: la comisión –decía la propuesta original presentada por el PSOE en la Cámara Baja-  “tendrá por objeto analizar las necesidades actuales del modelo de organización territorial en España y realizar las propuestas que considere necesarias (…) para desbloquear el actual desencuentro en relación con la cuestión catalana y aportar soluciones satisfactorias que susciten el apoyo mayoritario en Cataluña y el resto de España”.

Es muy necesario avanzar en esta dirección, con la mirada puesta en lograr un régimen racional y perfectamente acabado como es, pongamos por caso, el alemán, en el que bien podríamos mirarnos. Pero la repuesta escéptica que los tres miembros vivos de la ponencia constitucional del 78 dieron a la cuestión de si debe reformarse o no la Constitución debería someternos a un baño de realismo: no existe ni de lejos un clima propicio a un cambio de tanta envergadura. La política ha decaído cualitativamente hasta extremos inquietantes (el descrédito provocado por un inaudito abuso de la corrupción no es ajeno a este fenómeno), y faltan líderes capaces de ponerse al frente de semejante designio, que requiere capacidad personal, disposición a correr riesgos y clarividente visión de futuro. El estado de descomposición en que se encuentra el PP –principal protagonista de una corrupción que supera lo digerible-, las dificultades del PSOE para encontrar su ubicación correcta en una Europa en que la socialdemocracia ha perdido el rumbo, el surgimiento de un nuevo partido de centro-derecha que disputa a los otros la hegemonía y que ha empezado a conseguir las primeras victorias, configuran un marco en que es sencillamente imposible conseguir grandes consensos estructurales sobre una reforma a fondo de la Constitución.

Por ello, aun sin renunciar a la reforma constitucional a medio plazo, no está mal que el PP y el PSOE se dispongan a realizar algunas reparaciones de urgencia en asuntos que requieren decisiones y medidas para no convertirse en rémoras inmanejables. Se anuncian pactos de Estado sobre la financiación autonómica –asunto que el PP no puede/quiere/sabe plantear en solitario y cuya demora paralizará al Estado- y sobre el Plan Hidrológico.  Hay varios temas más que requieren avances, y que están en la mente de todos (Sánchez ha presentado recientemente un documento titulado “Diez acuerdos de país”)… y alguno particularmente urgente como las pensiones. Se trataría de sustituir, de momento, la reforma constitucional imposible por algunas leyes orgánicas que proporcionen avances puntuales y que llenen la legislatura. Porque es sencillamente indecente la inacción del Legislativo durante este cuatrienio, que demuestra falta de voluntad de los actores presentes, incapaces de negociar si no pueden imponer a los demás su particular visión.

Rajoy, candidato

Esta semana, Mariano Rajoy manifestaba su intención de sucederse a. sí mismo como candidato en las próximas elecciones generales, que muy probablemente no tendrán lugar antes de 2020. La manifestación, realizada en Onda Cero a preguntas del entrevistador Alsina, se ha producido cuando la cuestión catalana se encuentra en plena efervescencia, cuando la fracción valenciana del ‘caso Gürtel’ vuelve a enlodar al Partido Popular hasta los corvejones, cuando el PP no se ha rehecho del desastre electoral catalán y cuando las encuestas comienzan a asegurar que Ciudadanos suscita ya más adhesiones que el PP en el conjunto del Estado español.

Al ser interrogado por el periodista, Rajoy no se encontraba en su mejor momento, puesto que llegó a decir que no corresponde al Gobierno inmiscuirse en la desigualdad salarial de género, un disparate en toda regla que olvida la Constitución española —que impide las desigualdades— y desconoce una gran batería de medidas que han adoptado los países occidentales para corregir de raíz la más intolerable de las discriminaciones, la que concede un salario inferior a la mujer por el mismo trabajo que hace el hombre. Aquel día, Rajoy tampoco era capaz de mostrar una visión panorámica de la corrupción que ha extendido su partido, y que en cierto momento fue más estructural que una simple suma de episodios aislados.

Rajoy está en su perfecto derecho de pretender su propia continuidad, obviamente, pero lo más inquietante es que esta cuestión, que es capital para el PP y para el sistema de partidos en general, ni siquiera se discute en Génova, ni en sus aledaños sociológicos, ni, aparentemente, en los círculos económicos conservadores. Cuando es patente que este país, que sale de una crisis en que la capacidad de resistencia pasiva de Rajoy ha sido útil, necesita ahora un ímpetu transformador que Rajoy no parece capaz de aportar.

En estos tiempos de crisis y tribulación –hemos pasado de una gran adversidad económica a un intento golpista de secesión de un territorio-, Rajoy ha aportado su condición de resistente, y así se lo ha reconocido la opinión pública. Consiguió eludir el rescate integral que pretendía Bruselas y ha aplicado tardíamente pero con solvencia el artículo 155 de la Constitución para oponer la fortaleza del Estado al intento sedicioso. Pero ahora, cuando es preciso reconstituir el Estado sobre nuevas bases más modernas y operativas, cuando es necesario responder al populismo y al independentismo con propuestas modernizadoras, no se ve a Rajoy dispuesto a situarse al frente tales iniciativas, que obligarán a quien las acometa a improvisar a veces y a correr riesgos siempre.

Por un cúmulo de razones que algún día habrá que examinar con suficiente detalle, los partidos actuales son (con escasísimas excepciones) un erial, “los mejores” de las nuevas generaciones están medrando en la sociedad civil, y en los ‘aparatos’ de las organizaciones políticas no hay más que gregarios poco ambiciosos, como a la vista está. Por eso Rajoy no tiene competidores. Pero la simple continuidad vegetativa de Rajoy en el PP no será operativa. Porque –las encuestas hablan- es patente que el suelo y el techo del PP han ido decreciendo desde la mayoría absoluta de 2011 hasta hoy. La encuesta de Gad3 de este mes que reflejaba el sorpasso de Ciudadanos al PP otorgaba a la formación de Rajoy seis millones de votos (a casi medio millón de C’s), cinco millones menos que los que logró en 2011. Y no parce que las tendencias vayan a cambiar en una legislatura fracasada como la actual en que el partido del Gobierno no muestra otro objetivo que permanecer –auxiliado por unos adversarios que tampoco quieren adelanto electoral- y en que no se tramitan leyes porque nadie sabe cómo se consiguen las mayorías necesarias para ello.

Por resumir, la aspiración de Rajoy de continuar al frente del PP solo se entendería si el líder conservador llevara una cartera de proyectos bajo el brazo. De otro modo, es altamente improbable que quienes han sido sus propios seguidores le renueven la confianza, teniendo como tienen una opción alternativa joven, imaginativa y sin contaminación alguna.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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1 Comentario

  1. Buenas tardes,
    No estoy seguro que que se podrán aprobar los PGE de 2018. En tal caso después de la próxima primavera habría cierta aceleración. Incluso no me extrañaría que hubiera elecciones generales adelantadas en otoño del presente año.
    Un saludo.

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