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Urgencia de la vacuna contra la Covid-19

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Vacuna contra la covid-19

Está todavía por analizar, interiorizar y comprender el fenómeno que acaba de suceder y que nos ha entregado una versión muy mejorada de nosotros mismos: cuando se comenzó a valorar la magnitud de la pandemia que se había cernido, procedente de China, sobre Europa primero y sobre América después, los profanos, y probablemente también los expertos, que la hipotética vacuna contra el virus bautizado COVID-19 tardaría como poco una década. Los más pesimistas recordaban que la peste porcina, descrita por primera vez en 1830, y el VIH, ambas enfermedades causadas por un virus, todavía no disponían de una vacuna realmente eficaz. Y sin embargo la comunidad científica se puso a la tarea y en diez meses han aparecido no ya una sino varias vacunas eficaces que se están fabricando a ritmo vertiginoso. Lo cierto es que nuestra capacidad tecnológica, la de la globalización, ha resultado estar mucho más desarrollada de lo que imaginábamos, lo que nos obliga a invertir tiempo, recursos y dedicación a la curación de otras enfermedades como el cáncer que apenas si requieren más investigación para quedar resueltas y definitivamente convertidas en crónicas, tas perderé su cruda letalidad.

La perspectiva creada por informaciones fidedignas que aseguraban que las vacunas contra la COVID-19 estaban en camino, difundidas meses antes de que estuvieran realmente en situación de ser dispensadas, distribuidas e inoculadas, pudo ser un factor de relajamiento de la población que actuó en contra de las medias de prevención frente al virus. Del mismo modo que el descubrimiento de los eficaces antivirales con que se combatió el sida generaron un rebrote de aquella atroz enfermedad, el anuncio de una solución clínica para la pandemia reduce instintivamente el temor a la infección, aunque ello no tenga una explicación racional: quienes no estamos vacunados seguimos corriendo los mismos riesgos que antes del descubrimiento, por lo que lo sensato sería que, viendo cerca la inmunización, nos cuidáramos todavía con más celo que antes de no contagiarnos.

Pues bien: con el cambio de año han llegado materialmente  las vacunas a  los sistemas sanitarios europeos, a un ritmo notable. La primera de ellas, la de Pfizer/BioNTech, nos está siendo entregada a razón de 350.000 dosis a la semana; la de Moderna, homologada el 6 de enero, está en fase de adquisición (8 millones de dosis a partir del 20 de enero), y pronto será homologada por Bruselas la de AstraZeneca/Oxford, que ya se aplica con éxito en el Reino Unido. Lo lógico hubiera sido que, tras un preaviso tan alejado, todo estuviera dispuesto en las comunidades autónomas, que son titulares absolutas de la competencia en sanidad, para que comenzara en las 17 comunidades y dos ciudades autónomas  la vacunación rápida y masiva en instalaciones adecuadas, y con una contabilidad rigurosa que facilitara una inmunización rapidísima a toda la población por orden de riesgo de las personas. Era y es evidente que cuantas más vacunas se inoculen y cuanto más rápidamente se apliquen, antes se lograrán la inmunidad de rebaño y el descenso del número de víctimas mortales, que sigue siendo atroz, inconcebible.

Era y es evidente que cuantas más vacunas se inoculen y cuanto más rápidamente se apliquen, antes se lograrán la inmunidad de rebaño y el descenso del número de víctimas mortales, que sigue siendo atroz, inconcebible.

Pues bien: la vacuna se ha recibido con una indolencia inaceptable, con una pasividad dolosa y con una incompetencia inexplicable. Con datos de este miércoles, se ha inyectado en España la primera dosis de la vacuna de Pfizer (que requiere dos dosis distanciadas 21 días) a 582.000 personas, el 52,7% de de las 1.103.700 dosis entregadas hasta ahora a las comunidades autónomas. En un solo día (ese mismo miércoles) fueron vacunadas en España 93.597 personas.

¿Cómo se explica que no se haya logrado avanzar más deprisa, siguiendo el ejemplo de algunas comunidades autónomas sin duda más conscientes de su responsabilidad y mejor organizadas que las otras?: en Asturias, hasta el martes pasado, se utilizaron el 94,6% de las vacunas disponibles y en Melilla, el 100%. En cambio, en Cataluña, sólo se llego al 68,7%, algo por encima de la media, y en Madrid, al 36,4%. En este último caso, ¿cómo cabe entenderse la beligerancia arrogante de la presidenta popular de la Comunidad Autónoma cuando su consejería de Salud está dando pruebas de tanta y tan reiterada ineptitud?

Si no se mejora el ritmo de esas cien mil vacunas diarias, la vacunación del 70% de la población española (47 millones en total, de los que se vacunarían 32,9 millones) requeriría 329 días, casi un año. En cambio, si se alcanzase las 300.000 vacunaciones diarias, el triple que en la actualidad, se resolvería el problema en poco más de tres meses.

No es razonable no fabricar el mayor número posible de vacunas aportando todos los recursos precisos, como no lo es tampoco no vacunar casi en el acto a toda la gente que permita la oferta disponible del fármaco. Cualquier dilación es dolosa, inaceptable, criminal.

Inocular una vacuna por vía intramuscular es algo que cualquier persona en uso de sus facultades puede aprender a hacer en apenas diez minutos. Sería muy simple la contratación masiva de personas dispuestas a realizar esta tarea bajo el estricto control de médicos y enfermeros que resolvieran cualquier problema. Y sin embargo, las cifras son las que son, sin ver que cada semana que se demore el único antídoto positivo y real contra la pandemia representa unos centenares de muertos. Y unos centenares de millones de euros de lucro cesante. No es razonable no fabricar el mayor número posible de vacunas aportando todos los recursos precisos, como no lo es tampoco no vacunar casi en el acto a toda la gente que permita la oferta disponible del fármaco. Cualquier dilación es dolosa, inaceptable, criminal. Diríase que hemos perdido la noción de lo que vale una vida humana de tanto contar muertos a millares, pero tenemos que recuperar la sensibilidad y reconocer la evidencia: está en nuestras manos la tarea más mecánica y fácil de todas, después de haber tenido que atender sin medios ni recursos farmacológicos adecuados a decenas de miles de enfermos de un virus desconocido: inocular a los sanos la vacuna. En una civilización como la actual, en que la llegada a casa de uno de los varios millones de productos que tiene Amazon en su catálogo se consigue en cuestión de horas, ¿cómo se puede explicar que el Estado tarde tantos meses en vacunar a la mayoría?

Apunte sobre la tormenta Filomena

La tormenta Filomena ha sido la más dura en cincuenta años en buena parte del centro de la Península y concretamente en Madrid. En gran parte del territorio, la cantidad de nieve caída ha paralizado completamente toda actividad, y dados los menguados recursos que históricamente poseen los ayuntamientos y las comunidades autónomas para estas eventualidades, cabe imaginar que tardaremos todos semanas en recuperar la actividad y la normalidad.

Por lo demás, aun antes de que se hablara de cambio climático ya se sabía que este era un país de grandes extremos meteorológicos, de abundantes sequías e inundaciones, de años de grandes fríos y nevadas en invierno y otros de temperaturas templadas y placenteras. Ahora, al parecer, el calentamiento global intensifica los fenómenos más radicales. La tormenta Filomena vendría a dar la razón a quienes así opinan. Y sea como sea, las autoridades de las zonas más afectadas se han apresurado a pedir socorro a la Unidad Militar de Emergencias UME), que en 2020 ya desempeñó una labor muy meritoria en la lucha contra la gran pandemia, en primera línea de fuego y con una abnegación que nunca se agradecerá suficientemente a sus integrantes.

Pues bien: esta reclamación a la UME por las autoridades conservadoras madrileñas ha traído a colación, sobre todo en las redes sociales, la paradoja de que cuando el presidente Rodríguez Zapatero creó la Unidad en octubre de 2005, Rajoy, entonces líder de la oposición y supuestamente obligado a llevar la contraria, afirmó que la constitución de la UME tenía “un difícil encaje legal”  y criticó con dureza su creación “porque implica la segregación permanente de un importante contingente para misiones no militares”. Pero el ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa fue mucho más allá y dijo que la creación de la UME era “un capricho faraónico de Zapatero”.

El dislate, que ya lo era entonces, adquiere ahora su verdadera dimensión. Porque la gran pandemia, en la que también la UME ha jugado su papel, ha puesto a prueba el sistema público de salud, que se había depauperado gravemente por la gestión que Rajoy hizo de la crisis 2008-2014 y que ha tenido que dar más que lo que podía a las víctimas de una gigantesca epidemia, lo que ha costado, además de sangre, sudor y lágrimas, las vidas de muchos sanitarios abnegados. Sin la sanidad pública y sin el esfuerzo de sus trabajadores —a menudo mal pagados y poco reconocidos—, la pandemia hubiera sido todavía más una carnicería, como lo está siendo en los Estados Unidos, donde algunos predecesores de Trump y el propio Trump han hecho lo posible y lo imposible para negar a sus ciudadanos una sanidad universal, pública y gratuita. No es ocioso recordar que, en España, la ley de Sanidad Universal fue aprobada el 18 de marzo de 1986, gobernando entones el socialista Felipe González. El artífice de aquella ley fue Ernest Lluch, inicuamente asesinado por ETA.

La socialdemocracia, que fue arrasada por la oleada liberal que protagonizaron en los ochenta Thatcher y Reagan (a quienes debemos agradecer sin duda la desregulación que dio lugar a la gran crisis de 2008), vuelve ahora reclamada por quienes han empezado a entender que la mejor garantía de la ansiada igualdad de oportunidades pasa por la existencia de unos grandes servicios públicos —sanidad, educación, servicios sociales— universales, gratuitos y de gran calidad. Es decir, por la existencia de un estado suficiente capaz de salir en socorro de la comunidad en momentos delicados —la pandemia, los grandes fenómenos meteorológicos—, de integrar a los que no lo están, de sostener a quienes han quedado fuera del sistema, de garantizar el imperio de la ley y la vigencia del estado de derecho y prorratear con equidad el costo de todo ello mediante un sistema fiscal justo y ecuánime. En el otro lado de este planteamiento están Trump y sus admiradores.

Nota bene.-Nuestra derecha autonómica y municipal, que no parece estar muy dispuesta a asumir sus responsabilidades en relación a la gran nevada, está exigiendo al Gobierno la declaración de zona catastrófica en numerosas locadlidades. En Madrid, ya se ha efectuado el cálculo de los daños: nada menos que 1.398 millones de euros en pérdidas por la gran nevada. Lo explicó el jueves el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, tras la Junta de Gobierno en la que se ha aprobó el balance del quebranto.

La nevada ha sido realmente “histórica” (esta vez no se ha utilizado el término en vano), tiene carácter excepcional y ha producido daños, evidentemente, pero la cantidad citada resulta sorprendentemente alta, si se piensa que la nieve es un fenómeno meteorológico ‘blando’, que raramente produce víctimas mortales y cuyos estragos son limitados. La sorpresa se disipa cuando se lee el pormenor del presupuesto que el alcalde de Madrid quiere endosar al gobierno —esto es, a todos los españoles— , y se advierte que el “lucro cesante”, debido a la paralización de la economía, es de 998 millones de euros, el 71% de lo solicitado.

Algún comentarista ha dicho que estas son las cuentan del Gran Capitán, porque uno no quiere ni imaginarse qué pasaría si el Estado hubiera de cargar con el lucro cesante de la hostelería a causa de la COVID-19, pongamos por caso. Según esta curiosa interpretación del papel del Estado según algunos liberales, el día en que la flota pesquera del Cantábrico no puede salir a faenar por temporal, tambié tendríamos que resarcirla entre todos. Es posible auxiliar a determinados sectores afectados por una contrariedad grave, pero esta excéntrica argumentación no puede ser ni mucho menos la norma.

Iñaki Gabilondo y los terraplanistas

Antonio Papell
Director de Analytiks

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