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El CIS publica hoy, incluida en su barómetro de junio, una encuesta sobre la situación de la vivienda en España. Hay clamor por una vivienda digna, pero controlar el precio de los alquileres no sería una solución. De esta encuesta se desprenden algunas conclusiones que deberían servir de pauta a las instituciones y partidos. Quizá lo más notable del escrutinio realizado es que el 90% de los encuestados cree que el Gobierno "tiene que proteger de manera activa el derecho de los españoles a una vivienda digna". Para ello, un 52,8% piensa que la mejor solución es construir viviendas sociales, el 49,9% prefiere préstamos baratos, el 46,9% opta por el impulso público a la construcción, el 41,8% apuesta por la limitación del precio de los alquileres, el 38,3% se decanta por crear un parque público de viviendas en alquiler y el 31,4% por socializar el suelo. En la actualidad, el 44,4% de los encuestados afirman que residen en viviendas en propiedad ya pagada; el 24,9% que viven en casa propia con pagos pendientes; un 5,8% viven en viviendas heredadas; y el 18,4% vive de alquiler. Este último porcentaje no deja de crecer desde hace diez años, ya que antes del estallido de la burbuja superaba por poco el 14%. Sin embargo, el alquiler sólo es la mejor opción para un 12,9% de los participantes en el estudio, frente a un 81,8% que prefieren comprar una vivienda propia. Todavía el 45% de los que viven de alquiler lo hacen porque no tienen recursos para comprarla. El control de precios del alquiler de vivienda fracasaría Como trasfondo de estas preguntas, la realidad es que el esfuerzo que ha de realizar un ciudadano de este país para encontrar una solución habitacional es de los más elevados de Europa. Es evidente que cualquier solución voluntarista del estilo del control de precios de alquiler está condenada al fracaso y se expone a producir efectos contrarios a los deseados. Lo lógico para conseguir que el mercado no se recaliente de nuevo a la vez que se colman las necesidades de las generaciones emergentes es que las instituciones públicas -ayuntamientos y comunidades— construyan vivienda social y la pongan en el mercado, de forma controlada y medida para contener los precios y prestar el consiguiente servicio al desarrollo demográfico del país. Este es un terreno en que la colaboración público-privada puede tener aplicación, e incluso determinadas inversiones públicas pueden llevarse a cabo a través de las socimis, cuyo tratamiento fiscal habrá de tener efectos sobre la oferta y la demanda.

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El CIS ratifica el clamor por una vivienda digna, pero la solución no pasaría por controlar precios

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