Ana Botella | Analytiks

Esta semana hemos conocido que el Tribunal de Cuentas ha revocado la condena a Ana Botella, la exalcaldesa de Madrid, y a varios concejales por la venta de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) por debajo de su valor de mercado al grupo societario Fidere, brazo inmobiliario del fondo Blackstone. El mismo tribunal los condenó a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo. Sin embargo, la Sala de Enjuiciamiento ha derogado este fallo, por dos votos contra uno, tras el recurso de los condenados. La absolución la firman, precisamente, dos consejeros propuestos por el PP: Margarita Mariscal de Gante, quien fue ministra de Justicia con José María Aznar (marido de Ana Botella), y José Manual Suárez Robledano. El voto en contra ha sido de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que, según elDiario, ha mantenido los argumentos que esgrimió el Tribunal de Cuentas durante su primera sentencia condenatoria, es decir, que la venta de esos inmuebles fue perjudicial para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de “publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad”. El Tribunal de Cuentas, según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, considera que la enajenación se realizó mediante concurso público y que no se puede imputar “negligencia grave” a los apelantes al constar en la venta que se aprobó un plan de viabilidad financiera, sin que fuera impugnada de ninguna manera. El órgano también alude a la existencia de informes, como el de Intervención Municipal, que no cuestionaron la operación inmobiliaria ni dictaminaron en su contra. El 27 de diciembre, el tribunal dictaminó en su sentencia que el precio al que se vendieron los inmuebles dio lugar al menoscabo injustificado en el patrimonio públic El Tribunal de Cuentas cambia de opinión El pasado 27 de diciembre, el Tribunal de Cuentas dictaminó en su sentencia que el precio al que se vendieron los inmuebles “dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público”, a la vez que dibujaba la serie de chapuzas e ilegalidades del expediente. Por aquel entonces, el tribunal consideraba indefendible que el Ayuntamiento de Madrid, en manos del PP, con Ana Botella a la cabeza, no intentase sacar el máximo precio posible de la venta de esos bloques de edificios, no iniciase un procedimiento publicitario para fomentar las ofertas y que no realizase una tasación fiable de los bloques de pisos. Las 1.800 viviendas fueron sacadas al mercado en tan solo dos semanas, un tiempo insuficiente, según la sentencia, para diseñar una operación de tal magnitud. Por tanto, algunos aspirantes, como el fondo Blackstone, jugaron con ventaja desde el comienzo. Lazos de parentesco Una investigación de El País desveló que los lazos de parentesco dentro del organismo alcanzaban a cien empleados de una plantilla de 700 personas La Constitución Española, como se puede leer en la web del organismo, configura al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económico-financiera de todo el sector público. Además, es un ente independiente del Poder Ejecutivo, vinculado directamente a las Cortes Generales. En 2014, el diario El País desveló en una investigación que los lazos de parentesco del Tribunal de Cuentas alcanzaban a cien empleados de un plantilla de 700 personas, y que los dos últimos presidentes del comité de empresa acumularon 17 allegados. Aproximadamente el 14 % de la plantilla tenía vínculos familiares dentro de la institución; y cerca del 10 %, vinculaciones con altos y medios cargos. El anterior presidente, Ramón Álvarez de Miranda, según explicó El País, incorporó en la plantilla «a su concuñada Cristina Querarto Iborra, y a un sobrino, José Manuel García Soriano». Esta endogamia se debe, fundamentalmente, a que las oposiciones se realizan internamente, sin que en los tribunales haya expertos de fuera. Nombres unidos al PP La cúpula del tribunal está en manos de tres consejeros cuyos nombramientos se produjeron en su día a propuesta de Pablo Casado Ramón Álvarez de Miranda abandonó el cargo el año pasado por estas fechas, después de seis años en él. Exdiputado de UCD y miembro desde 2001 del Tribunal de Cuentas, De Miranda se convirtió en el nuevo presidente de la institución gracias a un pacto alcanzado por el PP y el PSOE. Aquel acuerdo también supuso el nombramiento de los doce miembros de la cúpula, en el que aparecían los nombres de la exministra Margarita Mariscal y el exadjunto al Defensor del Pueblo, Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno. La actual presidenta, María José de la Fuente, tras una carrera en la institución iniciada en 1993, fue elegida consejera a propuesta del PP en 2012. Seis años después se convirtió en la segunda mujer al frente del organismo fiscalizador (Milagros García Crespo, la primera, ocupó el cargo desde 1993 y hasta 1997). La cúpula del tribunal está en manos de tres consejeros cuyos nombramientos se produjeron en su día a propuesta de Pablo Casado: además de De la Fuente, también se encuentran Javier Medina y José María Suárez Robledano. Cada tres años se somete a votación a estos tres miembros de la comisión de gobierno para decidir si continúan en el cargo o son sustituidos. El Tribunal de Cuentas, que paga a sus empleados un 30 % más de media que otros organismos públicos, no puede emitir una sentencia condenatoria un día y sostener lo contrario poco más de medio año después ni tolerar tal grado de nepotismo. Por salud democrática y decencia: el controlador necesita ser controlado.

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