Bárcenas | Analytiks

Han pasado por la Audiencia Nacional los principales testigos del ‘caso Bárcenas’, y en concreto los expresidentes del Gobierno, Aznar y Rajoy, y los ex secretarios generales del PP, Álvarez Cascos, Javier Arenas y Dolores de Cospedal, así como otros antiguos altos cargos de la misma organización —entre otros, el expresidente balear y exministro, Jaume Matas; los exdiputados Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre; Pío García-Escudero, expresidente del Senado; los exministros José María Michavila y Federico Trillo, y el exvicepresidente Rodrigo Rato— para ser interrogados sobre los llamados ‘papeles de Bárcenas’, que serían el resumen de una “contabilidad extracontable”, es decir, de una contabilidad ‘b’ o ‘contabilidad paralela’ oculta al fisco, en la que los ingresos eran donativos anónimos de personas y entidades que, por filantropía o por causas menos nobles, aportaban dinero al partido para sufragar sus gastos corrientes y de campaña. Una parte de ese dinero fue, como es sabido, directamente a las cuentas extranjeras del propio Bárcenas, quien no ha podido justificar la procedencia de varias decenas de millones de euros que a buen seguro provenían de sus subrepticios manejos en la tarea de gerente y administrador del partido. En el juicio ya celebrado por el caso Gürtel, la sentencia firme dictada e irrevocable reconoce la responsabilidad del PP y la existencia de una caja ‘b’ durante varias décadas. Desde 1982 a 2009. Ello es coherente con el proceso actual contra Bárcenas en la Audiencia Nacional, en el que también se sientan en el banquillo representantes de la empresa que llevó a cabo la reforma de la sede de Génova 13 y se prestó a cobrar una parte importante de la obra en dinero negro, procedente según todos los indicios de esta caja ‘b’. Y estamos a la espera de que se sustancie en los tribunales la ‘operación Kitchen’, al parecer bastante bien hilvanada por la fiscalía, en que se probaría que personal funcionario del Ministerio del Interior montó una trama delictiva para robar a Bárcenas todas las pruebas de su oculta actividad como gerente y tesorero del PP. Cuando no pudieron controlar el silencio del cajero, fueron directamente a por sus pruebas. Como la mafia. La historia incluye el supuesto reparto de sobres a altos cargos del PP, lógicamente con dinero opaco, y que formarían parte de su retribución. Para entender este hecho, que hoy parece insólito, conviene recordar que en las primeras décadas de la democracia fue corriente en zonas de la economía más o menos sumergida el pago en ‘b’ de una parte de la nómina a los trabajadores, lo que disminuía los gastos sociales que debía cubrir el empleador. Dicho en otros términos, los “sobres” eran frecuentes en política. Y en periodismo, por supuesto. Todo este conglomerado de resoluciones, datos y procedimientos en marcha, que ya tuvo como efecto político la moción de censura que echó a Rajoy del Gobierno después de que se conociera la gravísima sentencia del caso Gürtel, demuestra que, en efecto, hubo una corrupción continuada en el Partido Popular, que ha exasperado al líder actual, Pablo Casado, y le ha llevado a decidir el cambio de sede, ya que el edificio de Génova hiede a causa de la porquería acumulada a lo largo de los años. Como afirmó el actual presidente del PP, es difícil residir en un edificio sobre cuya reforma se celebra un procedimiento judicial provocado por el presunto pago en negro de 1,5 millones de euros a quien llevó a cabo la transformación. El espectáculo es patético porque la cerrada negativa de todos los testigos a aceptar siquiera la existencia de la ‘caja b’ no sólo no exculpa a las pasadas generaciones de políticos que cometieron el desmán, sino que llena de dificultades el camino de quienes ahora, legítimamente, quieren quitarse el muerto de encima porque los dirigentes actuales no tienen nada que ver en el asunto. Ha sido patético observar a Arenas negando que 'J. Arenas' fuera Javier Arenas en los celebérrimos ‘papeles’ (si acaso, hubiese sido más verosímil reconocerse y negar después la veracidad del documento), y seguir el hilo de los discursos de unos expresidentes que no se enteraban de nada, que nada habían visto, que no conocían a sus benefactores y que incluso se irritaban porque alguien tenía la osadía de preguntar aquellas cosas. Las irregularidades cometidas por los dirigentes del partido deben estar prescritas, por lo que el caso es actualmente más político que penal. Por ello, quienes se equivocaron entonces tan gravemente ganarían en dignidad y pasarían con mejor rostro a la historia si reconocieran gallardamente los errores y renunciaran a este procedimiento falaz de disimulo y negativa, que sugiere que son capaces de mentir sin rubor y que no les importa que se piense que no veían lo que discurría ante sus propios ojos. Soy de los convencidos de que la democracia no peligra, a pesar de que se hayan descarado en los últimos tiempos personas y grupos que nunca la vieron con buenos ojos y que ahora no se ocultan ni sienten reparos a la hora de denigrarla, pero pese a ello no deberíamos jugar con fuego. Ortega y Gasset, un mes antes de que se proclamara la República, feliz acontecimiento que sin embargo presagiaba nuevos desencuentros en aquella España desorientada, escribió estas palabras, premonitorias de la etapa tormentosa que se avecinaba: “el mal radical de la vida política española es la falta de decencia en el comportamiento del poder público”. Y después de afirmar que esa cuestión era previa y más importante que cualquier disociación entre derechas izquierdas, indicaba cómo, durante mucho tiempo, los intereses del Estado — parlamento, administración, justicia— se habían manejado impuramente, poniéndonos al servicio de miras personales, tratando de reducir la política a problemas particulares o parciales. Los tiempos son ahora muy distintos, España está anclada en un club europeo que nos arropa y nos protege —de hecho, España saldrá mucho mejor parada de la pandemia estando dentro de esa comunidad que si hubiera permanecido sola y aislada— y la ciudadanía, en su mayor parte, es altamente afecta a la tolerancia y al respeto que son la base del creativo pluralismo, que nos ha traído desde el subdesarrollo de la autarquía franquista hasta la radical modernidad de hoy día, en que nos encontramos entre los países punteros de la comunidad internacional. Pero la decadencia siempre puede estar después de cualquier recodo: tenemos por tanto que reconstruir los principios, que prestigiar lo público, que vigilar con celo la salud del estado de derecho, de trabajar activamente por reducir todas las brechas sociales que producen cualquier forma de marginación. Y a los partidos políticos les corresponde una pedagogía moral que en muchas ocasiones no se ha practicado. Escribió Dante en la Divina Comedia que el mundo se corrompe porque va mal dirigido, no porque su naturaleza esté corrompida. La intuición del gigantesco poeta es certera, y ello debe provocar en los dirigentes un atento ejercicio de responsabilidad. Por eso hay que decir, como Condorcet en 1972 ante la Asamblea Legislativa, que “esparciendo las luces y reduciendo la corrupción a una vergonzosa impotencia es como haréis nacer esas virtudes públicas que pueden afirmar y honrar el reinado eterno de una pacífica libertad”.

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