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La realidad de un país es una combinación de texto y contexto. Dicho de otro modo, los sucesos que forman el proceso político y social deben ser hilvanados al contexto para que formen una secuencia veraz y verosímil al mismo tiempo, y para que puedan ser cabalmente aprehendidos, interpretados, convertidos en argumento para el análisis y la acción. Este gobierno de coalición surgió de una moción de censura contra Rajoy, que aglutinó a fuerzas heterogéneas cuyo único común denominador era el rechazo a la corrupción del PP, que tras rebasar determinado umbral se había vuelto insoportable. El PSOE, que había apoyado la aplicación del art. 155 CE a Cataluña tras el referéndum de 2017, consiguió el apoyo del soberanismo (de ERC y del PDeCat) a la moción de censura de 2018, y más tarde logró la abstención (indispensable) de ERC a la investidura de Sánchez en las elecciones de noviembre de 2019, en las que el PDeCat votó en contra. La cooperación del independentismo catalán, total en un caso, parcial en otro, así como la manifiesta voluntad del socialismo de intentar resolver el conflicto catalán por vías pacíficas —mediante la negociación y el pacto— dio argumentos a los más maliciosos para imaginar que el PSOE podía haber realizado algunas promesas ilegítimas al soberanismo catalán, en el sentido de prometerle el reconocimiento del derecho de autodeterminación o al menos la celebración de un referéndum no vinculante. Los más maliciosos tuvieron más adelante nuevos motivos para sospechar, siempre infundadamente, de alguna otra desviación del PSOE: la coalición de los socialistas con Unidas Podemos, una organización que reúne a las dos bestias negras de la derecha, el populismo progresista y el comunismo, poco después de las elecciones de noviembre, daba lugar a un gobierno “socialcomunista”, que conectaba directamente con otra de las fantasmagorías tópicas agitadas por el franquismo: “el frente popular”. Ambos asuntos, manejados por el hemisferio de estribor con el aderezo particular de la demagogia ultra de Vox, han erigido el tótem irracional y absurdo que se cierne como amenaza (inverosímil) sobre nuestras cabezas: estaría en marcha, y en fase muy avanzada, una gran conspiración, un sibilino proyecto urdido por socialistas, comunistas y separatistas, encaminado a romper España y a traer un régimen parecido al chavismo que aboliría la propiedad privada e instalaría una castradora colectivización. Nada se dice, por pudor, de que vaya a implementarse la dictadura del proletariado, probablemente porque los inductores de semejante despropósito no saben muy bien qué es aquel concepto acuñado a imagen y semejanza de la Comuna de París. Todo esto parecería una gran broma si no estuviera en marcha una gran campaña mediática, atizada por la extrema derecha, tímidamente acompañada por la derecha neoliberal que teme desmarcarse demasiado de sus competidores en el hemisferio, que enrarece hasta la náusea el contenido de las redes sociales y que llena de odio una cotidianidad aterida por el frío de la mortífera pandemia. Bastante tenemos con combatir al virus, con apaciguar la legítima inquietud de las muchedumbres confinadas, con mantener la llama de ilusión y de esperanza en medio de los lúgubres recuentos funerarios, como para tener que soportar también los bulos insoportables de quienes nos anuncian el apocalipsis y están decididos a aprovechar el drama para apoderarse de la voluntad de los españoles. Ni el PSOE va a abdicar de sus valores constitucionales, solidarios y regeneracionistas, ni está en marcha un golpe a la venezolana Pues no: ni el PSOE, con su historia centenaria a las espaldas en que hay mucho más heroísmo y sensatez que errores (sin que falten también estos, como es natural en un periodo tan dilatado), va a abdicar de sus valores constitucionales, solidarios y regeneracionistas, ni está en marcha un golpe a la venezolana, por la sencilla razón de que esta opción delirante no tiene partidarios (solo un loco podría no haber visto lo ocurrido ni aprendido de la experiencia). Y el comunismo, desde el eurocomunismo de Santiago Carrillo y el devenir democrático de todos sus epígonos, es una venerable reliquia que, además de haber contribuido muy activamente en los setenta del pasado siglo a la reconciliación nacional y a la construcción de la democracia, ha estimulado durante toda la etapa democrática un pacífico germen progresista que ha mejorado la evolución del país por el flanco igualitario. Del régimen del 78 a hoy mismo El régimen del 78 fue una patriótica, honrada e inteligente creación de una sociedad muy dolida por su dramática historia reciente que se apiñaba en torno a un consenso basado en dos criterios esenciales: el borrón y cuenta nueva —no cabían las represalias que significarían empezar de nuevo el macabro ciclo iniciado con la guerra civil— y la construcción de un régimen democrático lo más avanzado posible, preservando en lo que fuera pertinente la escasa tradición liberal española (aquí no tuvimos revolución burguesa) y capaz de acoger a todos indefinidamente. Contra lo que piensan las jóvenes generaciones que no vivieron aquel edificante episodio, no fue nada fácil conseguir la proeza. Se ha recordado recientemente que seis meses después de que el exministro de Franco Manuel Fraga Iribarne manifestara que la legalización del Partido Comunista de España por el gobierno todavía no constitucional de Adolfo Suárez el día de Viernes Santo de 1977 había sido “un golpe de Estado en toda regla”, firmó junto a Santiago Carrillo los Pactos de la Moncloa, preliminares del consenso constitucional. Han pasado más de cuarenta años de aquel alarde pero el régimen se mantiene en condiciones de relativa buena salud, aunque han evolucionado lógicamente los actores y el paso del tiempo, implacable, ha generado algunos anacronismos (el reglamento, la Constitución, es la base de la continuidad, aunque ya se duele de la incapacidad de sus administradores para actualizarla sin desvirtuarla). El modelo pautado de hoy es el de entonces, pero la gran transformación del sujeto político se produjo en las elecciones generales de diciembre de 2015, cuando feneció el bipartidismo imperfecto que había estabilizado el sistema, y surgió un complejo y progresivo mutipartidismo. En aquella ocasión, y a consecuencia de la gravísima crisis 2008-2014 que nuestro sistema político no fue capaz de prever, ni de gestionar, ni de resolver, entraron en el Parlamento con gran ímpetu los populistas de izquierda, decididos a poner fin al ‘régimen del 78’, mientras los nacionalistas catalanes perdían el papel de bisagra que modulaba el bipartidismo y mostraban su faz más arisca, la radicalmente independentista. Tiempo después, tras la potente irrupción de Podemos, nacía Vox, en una pulsión geométricamente simétrica, en tanto las dos formaciones clásicas quedaban en manos de jóvenes generaciones sin experiencia que han hecho lo que han podido por preservar al menos su débil hegemonía. El esclarecimiento judicial de una abultada corrupción antes de y durante la crisis soliviantó los ánimos, acentuó los radicalismos y facilitó la moción de censura que, dos elecciones mediante, nos ha traído hasta aquí. Roto el bipartidismo, la formación de mayorías ha sido ardua, y el PSOE ha tenido que pactar efectivamente con el nacionalismo catalán de izquierdas y con Unidas Podemos para la moción de censura de junio de 2918 y para formar gobierno después de las generales de noviembre de 2019. La acusación de que se avecinaba un cambio de régimen tenía algunos teóricos asideros ya que tanto los soberanistas como el primer Podemos pretendían cambios estructurales (algo parecido se hubiera podido decir si el PP hubiera pactado con Vox en el Estado como ha hecho en varias comunidades autónomas). Pero el PSOE es un partido viejo, y en este sentido, insobornable, y por supuesto que no pactará con independentistas el desmembramiento de la Nación. Además, hay que señalar que cuando pactó con Unidas Podemos, Iglesias ya había efectuado una radical evolución a la vista de todo el mundo, hasta el extremo de comparecer en los debates preelectorales de 2019 con la Constitución en la mano. Iglesias parece querer, como muchos españoles, un cambio constitucional, pero sin devaneos revolucionarios. Sus pecados de juventud son simples rasgos biográficos (decía Salvador Allende que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica). Es cierto que Unidas Podemos ha izquierdizado al PSOE en el sentido de estimular su faceta más social, pero en ningún momento se han efectuado propuestas que excedan de la Carta Magna —cuyo artículo 128 es más progresista de lo que piensan quienes no lo han leído (véase más abajo)—. Se podrá acusar, con razón, a Iglesias de frivolidad y hasta de mala educación por mostrar descarnadamente su republicanismo mientras ostenta el cargo de vicepresidente del gobierno de Su Majestad, pero parecería descabellado temer que semejante ligereza tuviera consecuencias concretas. Iglesias sabe que está en Europa y que hay linderos que no se pueden traspasar ni mucho ni poco. En resumidas cuentas, tiene escaso sentido mostrar temor a un cambio de régimen que nadie va a proponer porque no hay masa crítica ni mayorías alternativas. La madurez de este país llegará del todo el día en que ese cambio sea posible por consenso, pacíficamente, sin gritos y con mayorías semejantes a la que alumbró la Constitución. El mito de las nacionalizaciones Una parte de la mencionada campaña desaforada contra la supuesta condición revolucionaria de los socialcomunistas ha venido dada por la reiterada mención de Iglesias al artículo 128 de la Constitución, que encabeza el título VII —Economía y Hacienda— y que dice textualmente que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. De semejante precepto, Unidas Podemos ha deducido alegremente que, por ejemplo, se pueden expropiar viviendas desocupadas para que encuentren alojamiento quienes no pueden ejercer su derecho a disponer de una solución habitacional —el término no es mío—. Ocioso es decir que depende. Y que como es obvio no es tan sencillo. Ha recordado al respecto Francesc de Carreras que uno de los principales métodos de interpretación jurídica es el sistemático, que obliga a que todo precepto sea interpretado en función de otros incluidos en la misma norma o en otras distintas que puedan afectarle. Y en el artículo 33 de la Constitución, ubicado en la Sección Segunda (De los derechos y deberes de los ciudadanos) del medular Capítulo Segundo (Derechos y Libertades), se dice textualmente: “Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad en lo dispuesto en las leyes”. En otras palabras, se puede expropiar con causa completamente justificada —para que pase una carretera, por ejemplo—, siempre mediante un expediente que argumente la necesidad real de la medida, bajo la tutela judicial efectiva y a cambio de un justiprecio que, si no hay acuerdo, fijarán los tribunales. Más garantías, imposible. Además, nuestra Constitución está limitada por los Tratados de la Unión Europea y por los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, que por definición forman parte también de nuestro ordenamiento interno. Lo que significa, pura y simplemente, que si alguien pretendió alguna vez promover un cambio de régimen valiéndose de los artículos 128, 129 (que ordena a los poderes públicos establecer los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción) y 131 (que autoriza al Estado a planificar la actividad económica general) anda muy desencaminado. Estamos en Occidente, concretamente en Europa, y el terreno de juego es archiconocido, con sus límites allá donde termina el territorio de las grandes libertades.

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