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Empiezan las definiciones y la búsqueda de claridad y parece que ERC empieza a tener claro que su modelo a seguir es Québec. El pasado jueves 4 de julio, el presidente del Parlament, Roger Torrent, el republicano con mayor rango institucional en la actual estructura autonómica catalana, lanzó en Madrid, en el marco del Fórum Europa, la primera propuesta definida sobre cómo superar el conflicto entre Cataluña y el Estado. Un plan que pasaría por negociar un 'pacto de claridad' según el modelo de Québec, se supone, aunque no se dijo expresamente, que para celebrar un referéndum de autodeterminación. Lo relevante de la propuesta del representante de ERC es que abandona explícitamente la vía unilateral, incluso si las sentencias del proceso del 1-O son condenatorias, y desecha las tentaciones balcánicas que han asomado tras la intentona separatista, y retorna a la vía dialogada, es decir, a la propuesta de que Madrid y Barcelona pacten un marco en el que pueda decidirse el futuro de Cataluña por vía plebiscitaria. La respuesta del Gobierno, por boca del ministro Josep Borrell, ha cercenado los flecos soberanistas de la propuesta: “No sé cuántas veces hay que repetir la evidencia. No existe ninguna posibilidad constitucional de celebrar un referéndum de secesión en Catalunya". Pero sí caben, es obvio, otros referendos, como el de un nuevo Estatuto o incluso el de una reforma constitucional. Aquel en Cataluña, este extendido a todo el Estado. España y Cataluña: no existe la posibilidad de una ruptura pactada Efectivamente, no existe la posibilidad de una ruptura pactada, pero el gesto de Torrent es un avance no puede ser echado alegremente en saco roto. Primero, porque la renuncia a la vía unilateral abre camino expedito a la de la negociación. Y, segundo, porque la llamada vía de Québec es perfectamente democrática y puede servir no sólo para celebrar el referéndum, sino también para enterrarlo definitivamente. De hecho es bien sabido que en Québec se celebraron dos referendos de autodeterminación, en 1989 y en 1995, y en ambos perdió el independentismo (en el último, muy ajustadamente). Tras la segundo, y después de haber intentado sacar adelante dos fallidas reformas constitucionales, el Gobierno Federal de Ottawa, presidido entonces por Jacques Chrètien, sucesor de Pierre Elliott Trudeau, ante la eventualidad de que el entonces poderoso Parti Québecois convocara un tercer referéndum, recurrió al Tribunal Supremo del Canadá, en funciones de Tribunal Constitucional, para pedirle opinión sobre el derecho de secesión en el joven Estado canadiense y aquella Corte emitió un magnífico e iluminador dictamen en 1998, que serviría para promulgar en 2000 la Ley de Claridad. Nunca más hubo referéndums en Québec, la demanda de secesión ha desaparecido prácticamente y ya ni siquiera los nacionalistas quebequeses son mayoritarios. El dictamen del Supremo canadiense A nuestros efectos, lo más interesante es el dictamen del Supremo canadiense de 1998. Dicho dictamen, muy elogiado internacionalmente, contiene tres elementos esenciales: a).-Québec no disfruta del derecho a la autodeterminación. b).-La secesión sólo sería posible si "una clara mayoría" declarara "de forma inequívoca" su deseo de no pertenecer en Canadá. Entre otras razones, porque "Democracia... significa mucho más que el simple gobierno de la mayoría". c).-La secesión de una provincia "bajo la Constitución" no puede ser adoptada unilateralmente, esto es, sin una negociación con los otros miembros de la Confederación dentro del marco constitucional. Es particularmente relevante el primer punto, y por ello se reproducen los argumentos que utiliza el TS canadiense, que se apoyan en normas claras del Derecho Internacional: "El derecho internacional a la autodeterminación –se dice- sólo genera, en el mejor de los casos, un derecho a la autodeterminación externa en casos de antiguas colonias, los pueblos oprimidos por una ocupación militar, o un determinado grupo al que se impide el derecho al autogobierno para conseguir su desarrollo político, económico, social y cultural" "En estas tres situaciones el pueblo está investido del derecho a la autodeterminación externa porque se le ha denegado la capacidad para llevar a cabo internacionalmente su derecho a la autodeterminación. Estas excepcionales circunstancias son completamente inaplicables a Quèbec bajo las condiciones actuales. Por lo tanto, ni la población de la provincia de Québec, tanto si se caracteriza en los términos de 'pueblo' o 'pueblos', ni sus instituciones representativas, la Asamblea Nacional, el legislativo o el Gobierno de Québec, tienen el derecho, según el derecho internacional, a secesionarse unilateralmente de Canadá". Efectivamente, quienes invocan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la XXI Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, que en su artículo primero afirma que "Todos los pueblos tienen derecho a su libre determinación" (lo mismo dice, también en su artículo primero, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales), no deben ignorar que ambos Pactos se basan en la resolución de las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1960, por la que se aprueba la Declaration on the Garanting of Independence to Colonial Countries and Peoples que, tras reconocer en el artículo 2 el derecho de autodeterminación de los pueblos, dice taxativamente en su artículo 6: "Todo intento dirigido a la ruptura total o parcial de la unidad nacional o de la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas". El concepto de democracia En lo referente al segundo y tercer puntos, resulta asimismo ilustrativa la argumentación que utiliza el TS para negar el derecho a la "secesión unilateral": "Aquellos que sostienen la existencia de un derecho de esta naturaleza lo basan principalmente en el principio de Democracia. Democracia, de cualquier manera, significa mucho más que el simple gobierno de la mayoría. Como queda reflejado en nuestra jurisprudencia constitucional, la democracia existe en el amplio contexto de otros valores constitucionales como los ya mencionados " "En los 131 años transcurridos desde que se creó la Confederación, los pueblos de las provincias y territorios han creado estrechos lazos de interdependencia (económica, social, política y cultural) basados en valores compartidos que incluyen el federalismo, la democracia, el constitucionalismo, el imperio de la ley y el respeto a las minorías. Una decisión democrática de los quebequenses a favor de la secesión pondría en riesgo estas relaciones" "La Constitución otorga orden y estabilidad, y consecuentemente la secesión de una provincia "bajo la Constitución" no puede ser adoptada unilateralmente, esto es, sin una negociación con los otros miembros de la Confederación dentro del marco constitucional". En otras palabras: en los Estados compuestos modernos no existe el derecho de autodeterminación. Y aun así, si una mayoría muy cualificada de ciudadanos de un determinado territorio persistiera en su intención de escindirse, tal pretensión no podría aceptarse si no fuera el resultado de una negociación positiva con todos los demás actores democráticos. Con estas premisas que desarrollan una concepción superior de la democracia, en Canadá se disolvió el soberanismo. Y las cosas no tendrían que ser de otra manera en Cataluña.

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