Cayetana Álvarez de Toledo

Las elecciones generales de noviembre consolidaron una inquietante fractura de la derecha parlamentaria. El Partido Popular, con Casado en la presidencia desde julio de 2018, obtenía 89 escaños, 23 más que en sus primeras elecciones, en abril de 2019; VOX crecía aún más aparatosamente desde los 24 diputados que había conseguido en abril a los 52 en mayo; y Ciudadanos, que había pretendido bajo la alocada dirección de Rivera convertirse en el gran partido referente de la derecha, cayó desde los 57 escaños a 10 en una de las pifias políticas más espectaculares de toda la etapa democrática, hasta convertirse en una fuerza residual, insignificante, que probablemente esté abocada a la desaparición o a la absorción de sus cenizas por el PP. El dilema es simple: o establece un saludable cordón sanitario frente a Vox, en cuyo caso conseguirá escasísimas cuotas de poder regional y local, o condesciende con los ultras para adquirir mando y visibilidad pero se deslegitimará irremisiblemente Unos resultados como estos, en que el tamaño de la fuerza de extrema derecha se aproxima peligrosamente a la envergadura de la derecha democrática, son de muy difícil digestión para para el conservadurismo tradicional, que en España se había convertido en uno de los dos grandes partidos de gobierno. El dilema es simple: o establece un saludable cordón sanitario frente a Vox, en cuyo caso conseguirá escasísimas cuotas de poder regional y local, o condesciende con los ultras para adquirir mando y visibilidad pero se deslegitimará irremisiblemente. El PP, en fin, ha optado por confraternizar con VOX para obtener la comunidad y el ayuntamiento de Madrid, así como las comunidades de Andalucía, Murcia y Castilla-León. Pero pronto se ha visto que los pactos con los extremistas son en efecto corruptores, de manera que el PP está deteriorando rápidamente su imagen, eclipsada por el furor dominante de Vox. Vox y el contagio de sus iniciativas Tal deriva está bien a la vista: el ‘pin parental’ ha sido una iniciativa programática de Vox que se ha abierto rápidamente paso en los sectores ideológicos más ultramontanos. Frente a una Constitución que nos iguala a todos en el origen, determinados sectores que se consideran en posesión de la verdad política y moral se niegan a que sus vástagos se aculturen en los valores de la tolerancia y el respeto, condesciendan con la diferencia, acepten la visibilidad de las minorías, sean instruidos en una educación sexual permisiva que da lugar a una pluralidad de formas familiares. Los nostálgicos de la confesionalidad del Estado, de la rigidez inamovible y autoritaria de los principios, del machismo estructural de la vetusta sociedad de este país, quieren volver a las andadas y reimplantar la moral estricta e hipócrita de antaño, en que todo el mundo miraba hacia otro lado cuando ciertos sacerdotes célibes violaban a los monaguillos. Como ya sucedió al implantarse la asignatura “Educación para la ciudadanía”, un sector conservador de padres reclama ahora la objeción de conciencia para que sus hijos no reciban malas influencias, no sean adoctrinados por sus adversarios ideológicos (en realidad desean practicar su propio adoctrinamiento). El asunto se ha agravado esta vez porque en la derecha está Vox, pisándole los talones al PP, que mantiene tesis mucho más radicales y que alienta principios y valores divisores y antidemocráticos. Y ha surgido la nefasta idea del ‘pin parental’ que, por lo que se ha visto en Murcia, pretende obligar a la dirección de los centros educativos a informar a las familias de todas las actividades complementarias organizadas dentro del horario lectivo, así como establecer el derecho de los progenitores a dar su consentimiento o no a cada uno de esos talleres con una "autorización expresa” (la norma hace referencia a “charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”). El pin parental y el control de la información afectivo-sexual En realidad, se pretende controlar la información afectivo-sexual, contener derivas feministas e impedir que los niños tomen contacto con la realidad lgtb y la diversidad sexual. De momento, el Partido Popular no ve problema alguno en aceptar esta imposición de la extrema derecha, que parece pretender consagrar el criterio de que un padre homófobo tiene el derecho a inocular al homofobia a sus hijos, y Ciudadanos la acata aunque con algún gesto más o menos sincero de desaprobación. El asunto de fondo, la falta de legitimidad de tal objeción de conciencia, ya fue resuelta en una sentencia de 11 de febrero de 2009 del Tribunal Supremo en la que quedó sentado que no existe un derecho constitucional general a la objeción de conciencia, y tampoco en el ámbito educativo. Aceptar tal criterio "equivaldría en la práctica a que la eficacia de las normas jurídicas dependiera de su conformidad con cada conciencia individual, lo que supondría socavar los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho", dijo el Supremo en un caso relacionado con la Educación para la Ciudadanía. De cualquier modo, la cuestión de la educación tiene innegable complejidad, y de hecho fue de las más debatidas cuando se redactó la Constitución del 78, como recuerda Juan Carlos Hernández Beltrán en un artículo clásico, La Educación en la Constitución española de 1978. Debates parlamentarios. El constitucionalista Ángel Rodríguez, de la Universidad de Málaga, ha recordado estos días que el derecho a la educación está contenido en el artículo 27 CE y que al abordar este asunto “estamos tocando un tema muy sensible. Por una parte, hay un principio de derecho a la educación con carácter universal, obligatorio y gratuito en la enseñanza básica, que permite una gran intervención del Estado. Pero, al mismo tiempo, se garantiza la libertad de enseñanza y se dan facultades a padres y docentes para poder intervenir. Hay una situación intermedia”. En definitiva —prosigue este experto— “la Constitución asegura el derecho de que los padres garanticen la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Ahí sí hay margen para que ellos incidan en la educación de sus hijos, pero desde luego no para contenido de carácter curricular o ciudadano”. Y precisa que los límites de ‘lo moral’ no incluyen por ejemplo una educación sexual o de igualdad, ya que la Constitución afirma que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales. No es opinable. El objeto del sistema educativo es socializar a los niños e integrarlos en los grandes consensos democráticos que hemos avalado mediante la Carta Magna, que hasta ahora habían acatado prácticamente todos los partidos parlamentarios, salvo las minorías radicales. En un camino que avanza hacia la laicidad del Estado, los padres pueden mantener el control de determinados elementos de la educación de sus hijos, como la formación religiosa, o sus pautas y hábitos de conducta, pero no sería posible que trataran de influir en la reprobación de las actitudes y delitos de odio —la xenofobia y la homofobia—, la persecución del acoso escolar o cualquier deriva que atacara los fundamentos convivenciales de una democracia madura como la nuestra. Parece mentira que, por causa de Vox, haya que explicar estas cosas al PP. Los votantes más centristas del PP Los efectos de este deslizamiento del PP hacia parajes que se sitúan extramuros de la Constitución son electoralmente fáciles de imaginar: la clientela potencial más centrista del partido fundado por Manuel Fraga, que ve cómo se ciernen nuevos criterios autoritarios que arrasan las más elementales pautas del liberalismo, huye despavorida de sus antiguas filias, y, o se queda en casa, o busca acomodo en los parajes más templados de la socialdemocracia. Por el contrario, aquellos votantes habituales del Partido Popular que ven con satisfacción cómo al fin la venerable organización se deja de zarandajas relativistas y se atreve a lanzar su discurso más genuino… acabará muy probablemente votando a los autores del prodigio, es decir, a los líderes de VOX, que tienen además la habilidad de la retórica ampulosa, de la arenga emocionante, de la total inexistencia de complejos que frenen la aplastante sinceridad de las propuestas excluyentes y rígidas. No sería, en fin, extraño que ocurriera aquí como en Francia, donde el Frente Nacional de Le Pen (auxiliado por las erráticas políticas de Sarkozy, que todo hay que decirlo) acabó mediatizando todo el panorama político, que hoy se basa en la dialéctica entre el centrismo discretamente progresista de Macron y la extrema derecha del antiguo Frente Nacional, hoy Ressemblement National, tras la práctica desaparición de las derechas gaullista y republicana. Algunos líderes del PP, como el gallego Feijóo, parecen ser conscientes de los riesgos que supone que Casado, acompañado por Aznar –personificado en la figura del redivivo Miguel Ángel Rodríguez— y por Cayetana Álvarez de Toledo, se adentre en este camino de perdición del radicalismo. Pero no parece que vayan a ser escuchados. La doliente y digna marcha de Borja Sémper es una muy negativa premonición.

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