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El pasado jueves, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), llamada Ley Celaá, la reforma educativa elaborada entre PSOE y Unidas Podemos. El polémico articulado, rechazado por la derecha, que ha organizado una ruidosa contestación social, ha salido adelante por 177 votos a favor (uno más de la mayoría absoluta) frente a 148 en contra y 17 abstenciones. Ha obtenido el respaldo de ERC, el PNV, Más País, Compromís y Nueva Canarias. JxCat y Bildu se han abstenido junto al BNG, Teruel Existe y la CUP. Han rechazado la norma el PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, Foro y el PRC. Quizá lo más relevante de esta distribución de apoyos y rechazos es que Ciudadanos se ha alineado con sus compañeros de la Plaza de Colón en cuanto se ha planteado un dilema definitorio de la posición política de cada cual. Naturalmente, el proyecto ha ido al Senado desde donde regresará a la Cámara Baja para recibir la aprobación final. Seguramente muchos ciudadanos, progresistas o conservadores, han lamentado como quien firma estas líneas que tampoco esta octava ley educativa de la democracia nazca con el recomendable consenso en un asunto tan crucial para el desarrollo del país. Ni siquiera se ha podido en estos cuarenta años acotar una zona técnica de acuerdo para que el proceso educativo no se resintiera en demasía y en los aspectos formales de los vaivenes que se derivan de los cambios radicales. Pero hay que ser realista y reconocer que no se dan hoy las condiciones para un acuerdo PP-PSOE en un asunto con tanta carga ideológica y mientras VOX encizaña el hemisferio derecho con acusaciones de tibieza al PP. Sin ver que la tibieza tiene ya en este país, por fortuna, muchos más votos que el energumenismo. Ha sido en todo caso desgraciado ver cómo PP y PSOE se entendían en materia de pensiones refrendando juntos los criterios del Pacto de Toledo y manifestaban en cambio el mismo día su radical discrepancia en materia educativa. Nada nuevo hay bajo el sol, y el PP no tiene gran autoridad moral para reprochar al PSOE que, pese a la discrepancia, avance en aquellos aspectos del sistema educativo que fortalecen la igualdad de oportunidades. En los primeros meses de 2010, en plena crisis económica y cuando ya se presentía el próximo final de la legislatura, el entonces ministro de Educación Ángel Gabilondo realizó un esfuerzo ímprobo por aproximarse al PP y conseguir el primer pacto educativo de la democracia. Llego a ofrecer la reforma de 21 artículos de la LOE vigente con vistas a la consecución de un Pacto Social y Político por la Educación, poco después de propone 137 medidas a las comunidades autónomas y de anunciar para marzo varias reuniones con los grupos parlamentarios, la mesa social de educación, la comunidad educativa y las consejerías de Universidades. También incorporó propuestas populares… hasta que pareció que las gentes de Rajoy no podrían negarse. Pero en última instancia, Cospedal, en un rapto de sinceridad, negó el acuerdo porque las elecciones generales estaban demasiado cerca y aquel consenso reduciría a su juicio las posibilidades populares de un buen resultado. Este es el nivel del patriotismo patrio y no me dejará pasar el gran Gabilondo por mentiroso. Posteriormente, la encomienda de una ley educativa le fue hecha por Mariano Rajoy a José Ignacio Wert, quien, pese a algunos antecedentes progresistas, cumplió primorosamente el encargo. La Ley para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE (Ley Wert), eliminaba la asignatura “educación para la ciudadanía” —en realidad, se sustituía la aspiración de formar ciudadanos por el designio de preparar mano de obra—, establecía itinerarios para que los menos listos fueran derivados pronto a la formación profesional —la segregación social era a los 14 años—, permitió el sexismo —los colegios concertados que discriminan por sexos podían ser subvencionados—, favoreció hasta más allá de lo razonable la enseñanza concertada en detrimento de la pública… Sólo los 182 diputados del PP votaron afirmativamente la ley. No consiguió un solo voto más. La ley Celaá Y llegó con Pedro Sánchez un nuevo proyecto que daría lugar a la ley Celaá. Isabel Celaá, con una larga carrera política en Euskadi, fue consejera de Educación del Gobierno vasco en la etapa de Paxi López como lehendakari; desde su cargo, impulsó la educación pública, expandió el trilingüismo e introdujo la tecnología en le proceso educativo. Su proyecto de ley educativa estatal, que fue redactada en su mayor parte durante la legislatura anterior, subsana los planteamientos de su precedente y hace hincapié en la idea de que la formación es la base de la igualdad de oportunidades. Para ello, el Estado debe mimar la escuela pública, que forma el sistema central y fundamental del aparato educativo y que ha de garantizar que cada cual llegará lo más lejos de que sea capaz con la ayuda esforzada y personalizada del docente. La idea no es nueva: forma parte de los criterios ilustrados europeos; está en la base de la República francesa, refinada y laica; estuvo aquí impulsada por el regeneracionismo de Joaquín Costa y por la Institución Libre de Enseñanza de Francisco Giner de los Ríos. La Constitución proclama la libertad educativa, la gratuidad de la enseñanza básica y la libre creación de centros, con lo que la escuela concertada tiene pleno soporte, como reconoció la normativa socialista en 1985, y representa aproximadamente el 27% del total, una cantidad que apenas ha variado desde entonces hasta hoy. Pero ha de aceptar su papel subsidiario frente a la pública a la vista de las irregularidades detectadas. No es tolerable a los ojos del observador ecuánime que una parte significativa de la concertada utilice el dinero público para formar a los hijos de las elites limitando el acceso con criterios arbitrarios; ni se puede tolerar que muchos de sus colegios estén vetados en la práctica a los alumnos cuyas familias no podrían pagar las actividades extraescolares, en teoría voluntarias, pero en la práctica discriminatorias en muchos casos; tampoco es tolerable que se financien con recursos públicos modelos educativos periclitados y sectarios como los que discriminan entre sexos; ni que las instituciones públicas cedan gratuitamente suelo comunitario para la implantación de escuelas con ánimo de lucro. Nadie pretende limitar el esfuerzo económico de las familias pudientes en la educación de los hijos, pero si no se acogen a un sistema abierto a todos que garantice la neutralidad en las condiciones de acceso, tendrán que pagar de su bolsillo la formación privilegiada. Si alguien lo ve de otra manera, que salga a pronunciarse. De cualquier modo, los datos que ha aportado el Ministerio de Educación son bien ilustrativos: el concepto ambiguo de ‘demanda social’ que era esgrimido para justificar la proliferación de colegios concertados (en muchos casos, en las condiciones inaceptables descritas más arriba), desequilibró la dualidad entre la escuela pública y la concertada; si en 2009, la inversión en reposición, equipamiento y mejora de las plazas existentes en la escuela pública era de 4.200 millones de euros, en 2013 esta cifra había bajado a la mitad y así se mantuvo congelada hasta 2018. En este plazo, el número de estudiantes aumentó en 363.000 en la escuela pública y en 127.000 en la concertada, pero mientras el recorte de la inversión en la escuela concertada por estudiante fue del 1,5%, en la pública fue del 13,8%. Otros datos que se han manejado al respecto durante el proceso de debate son bien expresivos: la escuela pública, que acoge al 67% de los alumnos, tiene al 79% de los estudiantes inmigrantes y a 9 de cada 10 escolares con menor renta. El desequilibrio es escandaloso y no puede ser puramente casual. La Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) representa un gran cambio en los planteamientos de la ley Wert y se enmarca en un proyecto de futuro que planea elevar el gasto educativo hasta el 5% del PIB en 2025. El proyecto se convertirá previsiblemente en ley con menos apoyos de los que hubiera sido de desear, lo que significa que no resistirá probablemente la prueba de la alternancia. Pero este déficit no podía ser obstáculo para acometer la tarea de reforma, ya que presumiblemente —así lo asegura un sector nutrido y selecto de la opinión experta— mejorará sensiblemente la educación, se reducirá el abandono escolar, aumentará la empleabilidad de los jóvenes, los docentes tendrán más incentivos y todo el sistema se acoplará mejor a una sociedad que debe hacer evolucionar su modelo de desarrollo, avanzar hacia territorios laborales de mayor valor añadido, investigar más y acomodarse a una modernización que en muchos casos nos arrolla con su ímpetu. El debate se ha centrado también en la enseñanza de la religión, que, como parece lógico, dejará de contar en el currículum y no tendrá asignatura espejo (el adoctrinamiento y la ética no son conceptos simétricos ni comparables). Además, se impartirá cultura de las religiones, con carácter laico. Lo más importante sin embargo pasa casi inadvertido, a pesar del énfasis que ha puesto Celaá en explicarlo: la novedad de la ley —explica Carina Farreras en La Vanguardia— es “su enfoque” porque “pone al niño como principio rector del sistema y responsabiliza a la escuela de que le acompañe en su progreso, encargándole que subsane desigualdades de partida, dando más refuerzo y oportunidades de aprendizaje, las considere en su evaluación y potencie sus competencias al máximo. La administración educativa seguirá la evolución del alumnado con pruebas sistémicas”. En definitiva “se impone una nueva cultura de evaluación orientada a formar y no a sancionar”. De este planteamiento se deduce que no habrá reválidas, que desaparecerán los itinerarios que discriminaban desde muy temprano, que la repetición de curso será excepcional y que incluso en diez años las escuelas de educación especial habrán desaparecido en beneficio de una escuela única lo bastante inclusiva (no desaparecen las escuelas especiales: sencillamente, se proyecta un plan de diez años en el que el Gobierno y las Administraciones educativas deberán trabajar, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, para que "los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad"). Por lo demás, se suprime el concepto de lengua vehicular, que fue introducida por Wert en su ley, y deja de polemizarse sobre la inmersión lingüística, que, con sus problemas y dificultades, ha funcionado desde los años ochenta y ha ofrecido buenos resultados. Lógicamente, habrá que mantener las cuotas de castellano que han señalado los tribunales en las distintas sentencias (desde el PSJ de Cataluña al Supremo), algo que nadie ha tenido mucho interés en conseguir en el pasado. La reconstrucción del país que impulsa la Unión Europea y a la que aporta ingentes cantidades de recursos especifica que uno de los pilares de la modernización que se propugna es la formación. Esta nueva ley educativa, con los recursos añadidos que se prevén, puede ser básica en la consecución de este objetivo. Y una réplica amistosa a Juan Luis Cebrián Una moda de dudoso gusto se ha extendido entre ciertos veteranos políticos de izquierdas y algunos representantes de la comunidad intelectual más vetusta que apoyó con su progresismo los tiempos primerizos del PSOE, primero en la oposición y después en el poder desde 1982: se han convertido en hirientes y desabridos críticos de sus epígonos actuales, como si ellos, que hicieron mucho, no se hubieran equivocado nunca en nada, o como si con su sabiduría infinita hubieran acumulado tanta ciencia infusa que hoy su palabra habría de ser admitida como dogma de fe. No hace falta citar nombres porque los lectores que han llegado hasta aquí los tienen ya en la cabeza. Uno de los periodistas progresistas más influyentes de la Transición fue sin duda Juan Luis Cebrián, primer director de El País, quien publicó el lunes pasado un artículo titulado “Pecados de leso socialismo”, en el que denunciaba no menos de cinco derivas de los bisoños socialistas actuales, impropias del veterano PSOE, que ha sido y es uno de los dos grandes partidos vertebrales de la democracia española, cargado de historia, de lealtad constitucional y de respeto a los grades axiomas democráticos. En síntesis, culpaba al actual PSOE en el poder, encabezado por Pedro Sánchez, del intento, todavía no descartado del todo, de reducir la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial; de la propuesta de combatir las ‘fake news’ en las redes sociales mediante una especie de censura blanda; de la retirada del castellano como ‘lengua vehicular’ en las comunidades autónomas con lengua propia y de la ley Celáa, que se sacará adelante sin consenso con la oposición; y de “dos pecados de omisión” que son la no destitución de ministros que critican al jefe del Estado incluso en el extranjero, y “la falta de humildad, transparencia y reconocimiento de errores que ni siquiera permiten investigar, en la lucha contra la pandemia, de la que el presidente acabó por desentenderse para endilgarla a las comunidades autónomas”. Según Cebrián, que parece olvidarse de que el PSOE, con sus solo 120 escaños, se ha visto obligado a formar una débil coalición con UP de 155 escaños en total, todos estos deslices nos estarían conduciendo a una democracia iliberal, deteriorada, víctima del populismo que aqueja a los países del grupo de Visegrado o que está genéticamente impreso en el derrotado trumpismo americano. Y hay que reconocer que el espectáculo de la brega política actual no es grato en absoluto pero el relato verdadero, no simplificado, de lo que está pasando, obliga a cambiar algunas perspectivas. Conviene mencionar, por ejemplo, que la poco apropiada idea de facilitar la elección del CGPJ exigiendo una mayoría parlamentaria no cualificada no hubiera surgido si el PP no llevara dos años negándose a negociar dicha elección porque la actual correlación de fuerzas en el seno del Consejo le favorece. En segundo lugar, la ley Celaá no va a promulgarse con consenso, pero la norma que le antecede, la clerical y elitista ‘ley Wert’ que nos mantiene en cotas inaceptables de fracaso escolar y abandono temprano, salió adelante en su momento con los únicos votos del PP, que entonces tenía mayoría absoluta. Y fue aquella ley la que por primera vez desde 1975 habló de “lengua vehicular”, un concepto nuevo que ahora se quiere convertir en símbolo nacionalista. En los casi cuarenta años anteriores, Cataluña ha practicado la inmersión lingüística en catalán, sin que nadie –ni González, ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy— se atreviera a objetar el fondo del caso, y admitiendo las interpretaciones laxas de las sucesivas sentencias judiciales comprometedoras que hacían las autoridades de Cataluña. En cuanto a la propuesta para combatir las fake news –una orden ministerial, con poca fuerza para limitar la libertad de expresión—, es necesario hacer constar que prácticamente todos los países occidentales se han dotado de instrumentos para combatir la intoxicación de sus opiniones públicas. El mismo periódico en que se ha explayado Cebrián ha publicado hace poco un extenso reportaje en que se informa de medidas semejantes a la española adoptadas en Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Italia, Dinamarca, Lituania… Es muy difícil defender la tesis de que la libertad de expresión de un país depende de la permisividad que se tenga con los trolls que inundan las redes sociales de desinformaciones intencionadas que a menudo obedecen a premeditados y torticeros objetivos políticos. Por último, y en lo referente a los dos pecados de omisión mencionados, habría que reconocer que la actitud de don Juan Carlos, de la que en una pequeña parte al menos deberíamos responsabilizarnos todos los periodistas desde la Transición, no ha ayudado a moderar el republicanismo de izquierdas; y en cuanto al control de la pandemia, es necesario recordar la feroz oposición autonómica a la centralización de la estrategia contra el coronavirus que intentó el gobierno tras la primera declaración del Estado de Alarma. Una oposición que no sólo provino de los nacionalistas periféricos sino también de los líderes regionales del PP. ¿No habíamos quedado, después de todo, en que este es un Estado descentralizado? Es obvio, en todo caso, que los políticos actuales no son responsables de los defectos de fábrica de una Constitución que no supo normativizar la cuestión territorial y la dejó en el aire, incompleta y confusa. Hay días en que uno no atina, y Cebrián debió escribir su columna en uno de ellos.

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