Coalición | Analytiks

Los encontronazos entre los dos partidos de la coalición de gobierno se han convertido en un asunto informativo recurrente, en parte porque existe realmente una tensión entre ambos, pero también porque el asunto se presta a la especulación demagógica y porque hay aquí nula experiencia en coaliciones, que nunca existieron realmente, y menos en el plano estatal. No es fácil en absoluto que partidos que pretenden modelos de sociedad distintos, aunque no divergentes, logren fórmulas intermedias que colmen las aspiraciones comunes. Por otra parte, en este país tan aficionado a los liderazgos carismáticos, los políticos democráticos tienen también un ego potente, una anatomía política que dificulta el entendimiento entre las partes y que acentúa la creencia general, tan extendida, de que pactar es rendirse, claudicar, abdicar de los propios principios. Cuando, en realidad, la democracia es ante todo el mejor sistema posible de resolución de conflictos, de modo que la existencia de diferendos no debería ser obstáculo para los consensos. Y no lo es, de hecho. Porque a pesar de que los periódicos escruten con rigor entomológico las fisuras entre UP y PSOE, la actividad legislativa es febril, y se están sacando adelante con relativa facilidad asuntos muy complejos y vidriosos en que la posición de partida de las dos alas del Ejecutivo era bien diferente. Viene este preámbulo a cuenta de que el notario López Burniol, que es uno de los más finos observadores de la realidad de este país y uno de los mejores analistas políticos que frecuentan la prensa, ha realizado una propuesta controvertida que, por su relevancia, merece la pena comentar, para rebatirla o por lo menos para modularla con algunos matices. La tesis polémica es la siguiente: «(…) para cortar la dependencia del Gobierno de quienes quieren hacer tabla rasa del sistema desde dentro de él (Podemos), es imprescindible un acuerdo entre el PSOE y el PP abierto a quien quiera sumarse y prolongado temporalmente, como mínimo, el tiempo preciso para culminar el periodo de vacunación de todos los españoles; un pacto que se centre en tres temas: “el reforzamiento institucional mediante la renovación de todos los cargos pendientes, la lucha contra la pandemia y sus efectos, y la gestión de los fondos europeos”». Y aún va mas allá en un posterior análisis: «(…) para asegurar la estabilidad del régimen constitucional frente a las acometidas de radicales y nacionalistas, el PSOE y el PP deberían garantizarse recíprocamente su respectiva abstención en las futuras investiduras mientras dure la actual situación de emergencia. De este modo, se evitaría la repetición de lo sucedido hace poco: que, para ser investido, el presidente Sánchez tuvo que pactar con fuerzas que tienen como objetivo la quiebra del régimen del 78, al que consideran una réplica de la dictadura precedente, por lo que está lejos de ser una democracia plena». Como simple observador, muy alejado de las tesis de Podemos y de IU, pienso que López Burniol parte de una premisa errónea, a partir de la cual toda la argumentación pierde peso: la de que Podemos “quiere hacer tabla rasa del sistema desde dentro de él”. La acusación es a mi juicio inexacta. Porque, pese a mi mencionada lejanía a Unidas Podemos, de momento no he advertido en UP manifestación alguna que indique voluntad de salir del marco constitucional, que al cabo es el único terreno de juego existente. Podemos es un partido abiertamente republicano (como el PSOE, por otra parte: los socialistas mantuvieron la apuesta por la República en las constituyentes hasta que reconocieron que estaban en minoría y acataron la opinión de la mayoría) que mantiene ciertas pretensiones estatalizadoras —una banca pública, una eléctrica pública, un Estado más grande— y que en el pasado, en su etapa de juventud, demostró afinidad con experiencias revolucionarias latinoamericanas que han fracasado estrepitosamente. Pero en ningún momento ha sugerido siquiera algo distinto de una reforma constitucional. Y su aceptación del marco existente es el tácito soporte del pacto de coalición que UP y el PSOE firmaron el 30 de diciembre de 2019. Nada en este minucioso acuerdo de 50 páginas está extramuros de la Carta Magna, ni mucho menos postula su abatimiento. Otra cosa es que el lenguaraz Iglesias enuncie propuestas radicales o formule críticas incendiarias a veces, que hieran la sensibilidad hagiográfica de los demócratas más templados de este país; con todo, estas salidas de tono no han perturbado hasta ahora el proceso político que dirige el Gobierno, y que avanza raudo y sin retrasos que puedan inquietar. El único requisito de un partido político para ser un actor legítimo del pluralismo parlamentario es el acatamiento del estado de derecho. Para entendernos, se puede ser independentista pero no se puede dar un golpe de mano para conseguir la independencia. Y se puede ser republicano, pero no orquestar un levantamiento para derrocar la Monarquía. Iglesias, un personaje singular que levanta grandes rechazos y suscita también notorias adhesiones, hizo hace poco un comentario atinado que vale para entender mejor la idea de coalición: cuando funcionaba el bipartidismo imperfecto, con gobiernos de partido único, los programas electorales eran la mayoría de las veces papel mojado; ahora que hay un gobierno de coalición, lo pactado es ley. Siempre que las polémicas se mantengan en el ámbito del pacto de coalición, el ruido generado será tan inofensivo como creativo En definitiva, siempre que las polémicas en el seno del Gobierno se mantengan en el ámbito del pacto de coalición, el ruido generado será tan inofensivo como creativo. Y en cuanto a las restantes fuerzas que contribuyen a formar la mayoría, lo ideal es que, en general, los disidentes se integren en el proceso político, y no que permanezcan de espaldas a él. A los partidos constitucionales no les resulta grata la postura extrema de ERC, ni les pareció aceptable su embarque en el golpe soberanista, ni les parece razonable la formación ahora de un gobierno independentista monocolor en que participan incluso los antisistema de la CUP, pero si de verdad se quiere abordar el problema y no emponzoñarlo, no hay opciones alternativas a la de abrir diálogos con quienes menos fanatizados estén e intentar compromisos que apacigüen el contencioso y desemboquen en acuerdos viables. Lo contrario del diálogo es la incomunicación y la enemistad irreductible, y en este punto el “problema catalán” dejaría de tener solución. En definitiva, aunque algunos prefiramos modelos parlamentarios más simples, en cierto modo semejantes al dualismo de la Restauración (aunque lógicamente sin el caciquismo de entonces y sin sus graves carencias de toda índole), es evidente que, por ahora, no tendría sentido recortar artificialmente una pluralidad que está siendo operativa y reformista. Porque no creo que algunos tengan la osadía de afirmar que la Corona se tambalea por culpa de Podemos: son otros mucho más cercanos los verdaderos enemigos de la institución.

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