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Revés del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Justicia española. El organismo, siguiendo la tesis del Abogado General, considera en su sentencia que Oriol Junqueras, el líder de ERC, debía ser considerado eurodiputado desde su proclamación por la Junta Electoral Central (JEC), el 13 de junio de 2019, sin que previamente se le pueda exigir la prestación del juramento o de la promesa de acatar la Constitución. El tinglado construido alrededor del independentismo se ha alzado contra el sistema judicial español, pero la situación respecto a sus intereses no ha cambiado nada. Los anhelos continúan igual de separados de la realidad. En España, la Fiscalía y la Abogacía del Estado entendieron que la obligación de jurar o prometer la Constitución es una etapa del proceso electoral. Un trámite que no culmina hasta que el ciudadano electo obtiene su mandato como europarlamentario, por lo que no puede beneficiarse de la inmunidad que otorga el escaño. También estuvieron de acuerdo con esta postura el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, lo que sirvió para justificar la posición del Estado. La inmunidad, según el TSJE, se aplica durante todo el mandato de cinco años desde la apertura del periodo de sesiones El escrito, que, como hemos dicho, sigue la tesis del Abogado General, desliza que la inmunidad se aplica durante todo el mandato de cinco años desde la apertura del periodo de sesiones. Dicho esto, el TJUE ya no es competente para responder a las cuestiones que le planteó el Supremo después de que este dictara una sentencia condenatoria definitiva que afecta a Junqueras. Puigdemont, Comín y la sentencia del TJUE Por resumir. Los electos gozan de las inmunidades reconocidas por el artículo 9 del Protocolo desde que se proclamaron los resultados electorales. La decisión abre un pleito complejo sobre la situación de Junqueras, pues la condena que lo mantiene en prisión es firme. La situación es distinta con Puigdemont y Comín, también eurodiputados, prófugos de nuestra Justicia y perseguidos por una euroorden. En cambio, a estos la ley no les ha condenado todavía, por lo que lo explicitado en la resolución del TJUE les es de plena aplicación. Esta situación es a todas luces novedosas, por lo que resulta arriesgado hacer cualquier vaticinio sobre lo que pueda suceder con Puigdemont y Comín (¿regresarán a España? ¿Qué recibimiento judicial tendrían?). Lo que es más evidente es el desgaste que le supone al Estado español (y, claro está, al independentismo) que sea Europa quien tenga que vérselas con nuestras querellas internas. Los independentistas siguen como estaban Habrá que resignarse y tener paciencia, pero lo que está claro es que la integridad del Estado y la vigencia de la Constitución no están en juego Las decisiones judiciales europeas y su prestigio –no olvidemos el fracaso de la euroorden– ayudan poco a solucionar nuestros problemas a la vez que tampoco empujan a Cataluña hacia la independencia. Los soberanistas tratarán de trasladar la lucha a instancias europeas, por lo que habrá que resignarse y tener paciencia, pero lo que está claro es que la integridad del Estado y la vigencia de la Constitución no están en juego. La brega será larga, pero el desenlace está escrito y no sonríe a los intereses de los independentistas. Ahora bien, no estaría de más que se abriesen cauces de relación entre los Tribunales Supremos Nacionales y el TJUE para que los primeros pudieran consultar informalmente cuál será la jurisprudencia europea sobre cuestiones que tienen carácter estructural de la Unión. Así se daría un empujón al proceso integrador y los ciudadanos interiorizaríamos mejor qué es y para qué sirve Europa.

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La sentencia de Junqueras no cambia nada: el indepentismo, en vía muerta

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