Cooperación | Analytiks

Como es bien conocido, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, buena ejecutiva seguramente pero con escasas dotes diplomáticas, estuvo este lunes en el Vaticano, reunida con el secretario de Estado Pietro Parolin, en el que ha sido primer encuentro entre la sede pontificia y el actual gobierno español. Con posterioridad al encuentro, la vicepresidencia del Gobierno emitió un comunicado en que afirmaba que “el cardenal Parolin ha garantizado que no va a oponerse a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos”. Y se añadía de rondón que ambas partes coinciden además en “buscar una solución y mantener el diálogo” para la posterior inhumación, lo que significaría en lenguaje diplomático (siempre según la referida fuente vicepresidencial) que la Iglesia se ha apeado de su anterior posición, en la que sostenía que no podía oponerse a la inhumación del general en la cripta de La Almudena, donde la familia Franco adquirió una cripta en la que están enterrados la viuda del general Franco y sus hijos, los marqueses de Villaverde. La inhibición de Roma en la caliente polémica española no significa seguramente que sea difícil convencer al Vaticano de la inconveniencia de que un lugar de culto tan céntrico como la catedral de la Almudena de Madrid se convirtiera en centro de peregrinación de nostálgicos hitlerianos, mussolinianos o franquistas y figurara en las guías turísticas con este esencial atractivo. Precisamente el Parlamento Europeo acaba de pedir a España que ilegalice la Fundación Francisco Franco y que elimine todos los símblos que exalten la dictadura. Una dictadura que, con independencia de su significación y efectos aquí dentro, se alineó con las potencias del Eje durante la segunda Guerra Mundial y envió tropas a combatir junto al Ejército hitleriano en el llamado frente oriental. La vicepresidenta Calvo ha hablado al parecer con Parolin de las otras dos cuestiones pendientes: los casos de pederastia, que pretenden hacerse aquí imprescriptibles y cuya extirpación seguramente requeriría mayor celo de la jerarquía católica, poco consciente de la gravedad del caso y de la dureza de la terapia de índole penal (además de la que proceda en el ámbito propiamente religioso) que ha de aplicarse. Y la sorpresiva inmatriculación por la Iglesia de numerosos bienes que pertenecen al patrimonio del Estado valiéndose de una reforma legislativa de 1998. En ambos asuntos, y según el Gobierno, el secretario de Estado del Vaticano “ha mostrado su voluntad de abordar conjuntamente ambos temas para alcanzar puntos de encuentro”. Confiemos en que eso signifique que ambas partes van a negociar una solución. Con todo, estos avances no aplazan la conveniencia de que la Iglesia Católica —a través de su herramienta terrenal que el Estado del Vaticano— y el Estado Español modernicen sus relaciones, que adolecen de varios y llamativos anacronismos, sin duda fruto todavía de la singularísima situación anterior, durante la dictadura. La Constitución, con razón o sin ella, al tiempo que declaraba la aconfesionalidad del Estado, condescendió con determinadas sensibilidades y mencionó a la Iglesia Católica (y genéricamente a las demás confesiones) para ordenar que los poderes públicos mantengan con ellas las relaciones de cooperación coherentes con las creencias religiosas de la sociedad española. Y nada hay de vergonzante en cumplir tal mandato, que hoy se plasma en los acuerdos suscritos con la Santa Sede, negociados por el ministro Marcelino Oreja en tiempos de la presidencia de Adolfo Suárez antes de la promulgación de la Constitución y fechados del 3 de enero de 1979, cuando la Carta Magna había sido sancionada por el Rey el 27 de diciembre anterior. Aquellos acuerdos, que sustituían el Concordato de 1953, son hoy un legado incómodo y poco funcional que habría que acomodar a los nuevos tiempos y a unos criterios de Libertad Religiosa que, por cierto, habría que fijar y promulgar cuanto antes (Zapatero presentó un proyecto de ley muy adecuado que decayó al disolver el Parlamento en 2011). En realidad, los acuerdos son cuatro y el simple enunciado del tercero —Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos— indica que aquellos pactos no han resistido bien el paso de los años. El cuarto, de carácter económico, obliga al Estado "a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico" y sienta las bases del actual modelo basado en una fracción del IRPF… También recoge que “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, algo que cuarenta años después no se ha logrado. Los otros dos acuerdos versan sobre Asuntos Jurídicos (se reconocen los efectos civiles del matrimonio canónico en términos poco defendibles) y sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, que habrá que reescribir por completo porque contiene interferencias entre la esfera puramente civil y la religiosa. De hecho, no se trata de demoler el edificio sino de construir uno nuevo basado en criterios modernos y en pautas más multiculturalistas, que en los años setenta no podían ser todavía atisbados. La cooperación de la Iglesia en la solución del simbólico embolado franquista que todavía no hemos sabido resolver sería un buen principio para la modernización de las relaciones Iglesia-Estado, en las que todavía prevalece la tensión sobre la cooperación y que en realidad, en un sistema de libertades, no tienen porqué ser conflictivas. Leer más: La derecha está desorientada

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