Darwin | Analytiks

Decía Charles Robert Darwin, “La historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia”. Si existe un rasgo común que haya caracterizado los sucesivos escándalos e irregularidades habidas en nuestro sistema financiero, ese ha sido la incapacidad analítica y preventiva de los distintos agentes que lo componen para evitar su reproducción. Como contrapartida, nace el activismo accionarial, en un movimiento que no solo tiene como objetivo la salvaguarda de los derechos de los accionistas minoritarios como propietarios legítimos de las compañías, sino que desde ya se erige como el principal y, a veces, único instrumento en prevenir que la historia se repita. En esta lucha incesante, adoptada en el ámbito anglosajón bajo el calificativo de “involvement”, y que tiene por dogma la participación e involucración de los accionistas minoritarios en la vida social de las compañías, así como su interlocución con los gestores de las mismas, los accionistas minoritarios, ahora de CaixaBank, se unen de nuevo para denunciar el estupro y salvaguarda de sus intereses y derechos legítimos como propietarios de la entidad. CaixaBank anunció el pasado 3 de diciembre de 2015 la transmisión a su matriz, Criteria Caixa, de las participaciones accionariales que la primera posee en dos importantes entidades financieras, The Bank of East Asia (BEA) e Inbursa, en los mercados estratégicos de Hong Kong y México, respectivamente. En efecto, por medio del Hecho Relevante emitido por CaixaBank el 3 de diciembre del pasado año, se informa que se ha firmado un contrato de permuta con su accionista de control, Criteria Caixa, en virtud del cual CaixaBank transmitirá a Criteria todas sus acciones en Inbursa, representativas de un porcentaje del 9,01% de su capital social, y todas sus acciones en The Bank of East Asia, representativas de un porcentaje del 17,24% de su capital social. A su vez, Criteria transmitirá a CaixaBank acciones propias de CaixaBank, titularidad de Criteria, representativas del 9,9% del capital social de CaixaBank; y un importe en efectivo de 642 millones de euros. En definitiva, una operación vinculada entre una sociedad y su socio de control, que como bien identifica nuestra propia jurisprudencia y las recientes propuestas de modificación sobre la normativa europea, tienen como principal riesgo hacer prevalecer el interés particular del socio mayoritario sobre el interés social. Por tanto, el riesgo de expropiación o de tunneling del accionista minoritario resulta especialmente grave, siendo vital dotar estas operaciones de los más altos niveles de información y transparencia, así como de la aprobación y el consentimiento mayoritario de todos los accionistas. Las principales preocupaciones de los accionistas minoritarios de Caixabank en esta operación se centran en dos cuestiones. Por un lado, en la valoración que se hace de las acciones que CaixaBank posee en las entidades involucradas, principalmente en el Banco de Hong Kong, The Bank of East Asia (BEA), y por otro lado, en la posible competencia de la Junta General de accionistas para pronunciarse sobre la transacción. En este sentido, en lo que respecta a la primera cuestión, CaixaBank valora su paquete accionarial en BEA a 1.549 millones de euros, fijándose en base al precio medio ponderado por volumen de cotización durante el último mes anterior al 2 de diciembre de 2015, y aplicando la media aritmética del tipo de cambio oficial en euros del dólar hongkonés publicado por el Banco Central Europeo durante el mes anterior a la citada fecha. Parece razonable la denuncia planteada por los accionistas minoritarios de CaixaBank, toda vez que resulta evidente el hecho de que la venta de un paquete accionarial significativo (17,24%), a su vez de control, en una entidad financiera que la propia CaixaBank define como estratégica, no posea el mismo valor que el derivado de una simple media de cotización en un mercado secundario. A lo anterior, cabe sumar un factor adicional relacionado con el Acuerdo de Inversión Estratégica suscrito entre CaixaBank y BEA al momento del desembarco de la antigua caja en la entidad hongkonesa, en el año 2009. El Acuerdo incluía una serie de restricciones a la transmisión de las acciones que CaixaBank poseía en BEA, en concreto, CaixaBank tendría que seguir las recomendaciones formales del Consejo de Administración de BEA con relación a cualquier oferta que se le hiciera a ésta en caso de OPA, lo cual significa que CaixaBank no podría aceptar una oferta de OPA por la totalidad del capital social de BEA a menos que el Consejo de Administración así lo recomendara. A esos efectos, no hubo ningún tipo de comunicación por parte de CaixaBank antes del 3 de diciembre de 2015, en relación a la posibilidad de modificar el mencionado Acuerdo de Inversión Estratégica y, en particular, sobre la eliminación de las Restricciones en caso de OPA, que, sin embargo, sí tuvo lugar tan solo unas semanas después, mediante un comunicado de BEA el pasado 19 de enero de 2016 al regulador de Hong-Kong, informando que Criteria, la propia CaixaBank y el banco asiático habían acordado eliminar ciertas restricciones incluyendo la Restricción en caso de OPA del Acuerdo de Inversión Estratégica. Por tanto, resulta evidente la preocupación de los accionistas minoritarios de CaixaBank, con motivo de la venta a su socio mayoritario de un paquete accionarial de más de un 17% en un activo estratégico, que no solo no entra a valorar la prima de control correspondiente, sino que tampoco tiene en cuenta en su valoración el levantamiento de una serie de restricciones a su transmisión, que ahora sí harán posible un escenario de OPA, momento cumbre de la revalorización de la inversión, como bien demuestra la práctica mercantil y financiera. La propio prensa local e internacional hacen referencia a que el valor de la acción de BEA en el escenario de una OPA -el cual es posible ahora ya que se ha eliminado la Restricción en caso de OPA-, podría alcanzar incluso hasta los 60 dólares de Hong Kong, lo que elevaría potencialmente la contraprestación a 3.300 millones de Euros, frente a los 1.549 millones en que está actualmente concertada. Por lo tanto, con la valoración actual de la operación, CaixaBank está renunciando a una posible retribución superior en 1.700 millones de Euros. En segundo lugar, destaca el hecho de que un acuerdo de esta dimensión, a su vez, formalizado entre partes vinculadas, no haya sido sometido a la aprobación de la Junta General de Accionistas, en un supuesto que entra de lleno con el espíritu de las últimas reformas sobre buen gobierno corporativo, en concreto, con la revitalización de las Juntas Generales y la apertura de cauces para fomentar la participación accionarial, que promulgan, entre otras, la reciente reforma de la Ley de Sociedades de Capital y el nuevo Código de Buen Gobierno. Lo anterior, más aún si cabe, en el seno de una operación que engloba un activo al que la propia compañía cataloga como estratégico, y cuya perfección exigirá la aprobación de una reducción de capital como consecuencia de la amortización de acciones propias que CaixaBank adquiere con la operación, y que necesariamente deberá adoptarse en Junta. A esos efectos, cabe destacar el hecho más que notable respecto que la operación que tiene lugar se realice entre partes vinculadas, y que la misma no haya sido sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas. En ese sentido, resulta conveniente traer a colación la reciente aprobación por el Parlamento Europeo, el pasado 8 de julio de 2015, a la propuesta de enmienda realizada por la Comisión europea a las Directivas 2007/36/CE y la Directiva 2013/34/UE, las cuales establecen los cimientos a la actual regulación societaria, y que ya inciden en el grave perjuicio que las operaciones vinculadas pueden causar a las sociedades, especialmente en el riesgo de que puedan dar a la parte vinculada la posibilidad de apropiarse de valor perteneciente a la sociedad. Por ello, inciden estas propuestas de reforma en la necesidad de establecer las salvaguardas necesarias para estas operaciones, de ahí que, entre otras, los Estados miembros deben garantizar que las transacciones importantes con partes vinculadas sean aprobadas por sus accionistas. Por consiguiente, es de nuevo este activismo accionarial, ahora abanderado por los accionistas minoritarios de CaixaBank, el que en sede de los derechos legítimos de los accionistas minoritarios reivindica este nuevo capitalismo de los ciudadanos. Esta denuncia no hace más que favorecer y afianzar las garantías del sistema financiero, en contra de cómo lo ha recibido el órgano gestor de la entidad: en una actuación ciertamente desfasada y carente de la interlocución con los accionistas minoritarios que debe regir el gobierno corporativo de las compañías modernas. Así, debe ser el propio Consejo de Administración de la entidad el que apoyado, que no enfrentado, en sus propios accionistas minoritarios, tenga la capacidad de rectificar en una operación que genera un grave perjuicio no solo a los accionistas minoritarios, sino principalmente a la propia compañía. Es por ello que, CaixaBank debe ser una aliada de este nuevo capitalismo, que lejos de los principios inspiradores del pasado y en sede de la interlocución y la creación de sinergias con sus accionistas lleven a un “todo para el accionista, pero con el accionista”. Por tanto, CaixaBank tiene ante sí una oportunidad crucial e histórica de unirse al grupo de compañías pioneras que ya avanzan de la mano de sus accionistas, subsanando así los errores existentes en una operación que deberá ser objeto de una nueva valoración, debate y aprobación por todos los accionistas de la compañía. María Fernández Conradi Directora Ejecutiva de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC)

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