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En plena era de la hiperconectividad hay quienes se empeñan en levantar muros. El Gobierno de Reino Unido, una vez consumado el Brexit, ha desvelado sus planes en materia de inmigración. A partir del 1 de enero de 2021 –recordemos, fecha en la que finaliza el periodo de transición–, solo podrán entrar al país aquellos que en su equipaje porten un contrato de trabajo de, como mínimo, 30.000 euros al año y demostrando un elevado nivel de inglés. Fin a la libertad de movimiento. La reforma impulsada por Johnson, enormemente criticada por los sindicatos y la patronal, quienes vaticinan un desastre en sectores como la sanidad o la hostelería, veta la llegada de trabajadores poco cualificados o con bajo nivel de inglés. El premier cumple así con su promesa de finalizar con la ‘distorsión’ creada por la libertad de movimientos y recuperar el control de las fronteras. Reino Unido, digamos, cierra la puerta a los europeos y solo da las llaves a unos pocos. Johnson plantea equiparar a los ciudadanos del Viejo Continente con el resto de inmigrantes y, como señala El Mundo, implantar un sistema de méritos a la australiana, requiriendo un mínimo de 70 puntos. Quienes quieran lograr un visado o un permiso para trabajar en el país deberán contar con una oferta de trabajo (20 puntos), demostrar su cualificación profesional (otros 20) y su elevado nivel de inglés (10), un salario que alcance los 30.000 euros (20 puntos) y encajar en uno de los sectores que requieran mano de obra, entre otros. Este sistema no afectará a los ciudadanos comunitarios que ya viven en el Reino Unido y tienen un plazo para regularizar su situación tras el Brexit. Esta reforma también afecta a turistas y estudiantes. Los primeros ‘solo’ podrán visitar el país por un periodo máximo de seis meses. Si luego quieren quedarse a trabajar, primero tendrán que salir del país y pedir un visado de trabajo. Los estudiantes tendrán que demostrar que pueden vivir sin suponer un coste para las arcas públicas, aunque podrán permanecer en Reino Unido y trabajar durante dos años después de haber finalizado sus estudios. Deshacerse de esta ruta de inmigración de baja cualificación antes de 10 meses será desastroso para el sector hostelero Críticas a la medida adoptada por Reino Unido La reforma migratoria de Johnson no ha sido bien recibida ni por los sindicatos ni por la patronal. “En muchos sectores habrá compañías que no sabrán cómo reclutar personal”, asegura Carolin Fairbairn, al frente de la CBI (Confederación de la Industria Británica), según recoge El Mundo. Christina McAnea, del sindicato Unison, anticipa "un absoluto desastre" en el sector de cuidados. En este sentido, Kate Nicholls, presidenta de UK Hospitality, sostiene en El País que “deshacerse de esta ruta de inmigración de baja cualificación antes de 10 meses será desastroso para el sector hostelero y para muchos ciudadanos británicos. Debe darse un tiempo de adaptación a las empresas”. Pero a Johnson y los suyos no hay nada que les vaya a hacer recapacitar. Ni empresarios ni sindicatos. Su objetivo está por encima de todo esto. El documento enviado por Downing Street sostiene que los empresarios de Reino Unido deberán adaptarse al fin del libre movimiento de personas. “Es importante que los empleadores dejen de apoyarse en la política de inmigración como alternativa a la necesidad de retener a los trabajadores, aumentar la productividad e invertir más en tecnología y automatización”.

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Reino Unido comienza a construir su ‘muro’

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