Eurogrupo | Analytiks

No hace falta perder mucho tiempo en explicar por qué es muy relevante que, cuando la Unión Europea se dispone en teoría a implementar el más grandioso plan imaginable para reconstruir lo devastado por la pandemia del coronavirus, que ha provocado una recesión mundial y que en algunos países europeos —Italia y España son los más damnificados— provocará en 2020 caídas del PIB de dos dígitos, una española, nuestra vicepresidenta económica, Nadia Calviño, haya sido derrotada al optar a la presidencia del Eurogrupo, el consejo de los ministros de Economía de la Eurozona. El traspiés no sería más que un simple contratiempo si no estuviéramos en puertas de que el Consejo Europeo se disponga a debatir los días 17 y 18 el plan, que ha sido diseñado por el eje franco alemán —por Macron y Merkel en persona— y que, por primera vez en la historia, prevé la disposición de recursos de emergencia no reembolsables. No habría mutualización de la deuda pero sí algo semejante a una gestión solidaria de la disponibilidad presupuestaria, incrementada para la ocasión, en beneficio del grupo de países golpeados por la fuerza mayor de una destructiva pandemia. Ya que el Eurogrupo, la fracción informal del Ecofin formado por los 19 países que han adoptado el euro y que se puso en marcha en 2005, se rige por la regla absurda de la mayoría simple (un país, un voto), la presidencia ha recaído siempre hasta ahora en países pequeños (el luxemburgués Juncker y el holandés Dijsselbloem), y han sido sistemáticamente derrotados los candidatos de los países grandes (De Guindos). El intento de Calviño trataba de romper la norma, pero finalmente ha fracasado porque uno de los países pequeños, Eslovenia, que había comprometido el voto, se echó finalmente atrás, quizá para no ser tachado de esquirol. Y en realidad el hecho tendría una importancia relativa si no fuera por la evidencia de que detrás de la pugna y de su desenlace han combatido dos visiones distintas de la Unión Europea: la confederal, que ha regido hasta ahora, y la tendencialmente federal, que trata de avanzar hacia una cierta armonización fiscal, y a cuyo frente se acaba de situar Alemania, con la complicidad de Francia, de Italia y de España, ya sin los frenos sistémicos que oponía el Reino Unido. El 18 de mayo, Merkel y Macron, en una explícita resurrección del viejo eje fundacional de las comunidades europeas, presentaban una propuesta conjunta y multimillonaria de reconstrucción, que incluye un fondo de ayudas de 500.000 millones de euros para los países más golpeados por una “crisis sin precedentes en la historia de la Unión Europea”, según el comunicado conjunto. La iniciativa se sustenta en cuatro pilares: estrategia sanitaria, fondo de reconstrucción para la solidaridad y el crecimiento, aceleración de la transición ecológica y digital y el fortalecimiento de la capacidad y soberanía industrial europea. Y según aclaró Macron, los 500.000 millones de euros, que serán lanzados a los mercados “en nombre de la UE, tienen vocación de ser reembolsados”, a través de fondos comunitarios y no de los países individuales. La derrota de Calviño pone de manifiesto los problemas de gobernanza de la UE Los recursos serían solicitados a los mercados al margen del presupuesto septenal de la UE, de apenas 1,1 billones de euros. No deja de ser una ironía que la derrota de Calviño, la persona que hubiera debido ponerse al frente de tan brillante iniciativa, represente la victoria de un irlandés, cuando Irlanda es un país que vive del dumping fiscal y aloja a las grandes multinacionales globales porque apenas tributan a tipos simbólicos. No es extraño que Dublin se oponga a la tasa digital y a la tasa Tobin, y mucho más aún a la armonización fiscal, que debería poner límites a la competencia desleal de unos socios comunitarios con respecto al resto. El plan francoalemán tiene la enemiga clara de los países frugales —Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca—, que en realidad son algo muy parecido a los paraísos fiscales. Ellos, que presumen de buenos administradores sin ver que parasitan al resto de la UE, proponen a los países damnificados que pidan un rescate, como en la crisis de 2008, a través del MEDE. Parecía que la presión de los grandes y la constatación de la propia evidencia –la crisis no sólo perjudica a los países más directamente afectados sino a toda la UE— habían hecho recapacitar a los ricos del centro y del norte del continente. Pero visto lo visto hay razones para dudarlo. Si la próxima semana, el Consejo Europeo es incapaz de aprobar el plan —un plan que es además urgente porque las necesidades son perentorias— Europa habrá dejado de ser el objetivo ilusionante de los propios europeos. El aplazamiento de la decisión para septiembre ya sería una dilación inaceptable. Lo sucedido —la derrota de la candidata Calviño que tenía detrás en su apoyo a más del 80% del PIB y de la población de la Eurozona— pone de manifiesto los problemas de gobernanza que todavía tiene la UE. Si en un tiempo era la obligatoria unanimidad el obstáculo para cualquier avance, ahora ciertos modos de votación conducen a la arbitrariedad y permiten a países pequeños bloquear objetivos magnánimos. Ello lleva a cuestionar si no será necesario un cambio de modelo respaldado por una mayoría cualificada razonable para que la UE pueda adaptarse a los tiempos tiempos. Unos tiempos en que la pérdida del liderazgo norteamericano, la emergencia de China, los grandes cambios tecnológicos… parecen hacer necesario que Europa se consolide como una potencia capaz de forjar y desempeñar su propia autonomía. Consenso interno para la recuperación El actual presidente de Francia, Macron, formó parte del Partido Socialista de François Hollande y en agosto de 2014 fue nombrado ministro de Economía, Recuperación Productiva y Asuntos Digitales del segundo gobierno del primer ministro Manuel Valls, cargo que mantuvo hasta agosto de 2016 y con el que consiguió una gran adhesión popular, poco después de fundar el movimiento ‘En marche’ con la aquiescencia de Hollande pero con la enemiga del ala izquierda del PS. En torno a 2015, confesó que su militancia socialista había pasado, y de hecho se empeñó en organizar una fuerza centrista, con presencia de personalidades de la derecha tradicional y de la izquierda moderada. En mayo de 2017, venció en la segunda vuelta de las presidenciales a Marine Le Pen con más del 66% de los votos, y a los 39 años se convirtió en el más joven presidente de Francia. Tras la victoria, Macron nombró primer ministro al conservador Édouard Philippe, miembro de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), actualmente Los Republicanos, partido fundado en 2002 como apoyo para la candidatura de Chirac y después encabezado por Sarkozy; para evitar equívocos, Philippe se definió en todo momento como “un hombre de derechas”. Y tras los malos resultados en las pasadas elecciones municipales, el 3 de julio Macron reemplazaba a Philippe por Jean Castex, otro conservador pero menos brillante que su predecesor, quien había llegado a amenazar en las encuestas la posición de liderazgo de Macron, algo intolerable cuando las próximas presidenciales de 2022 ya están a la vista. La situación política francesa actual es ambigua, pero es claro que la mayoría presidencial es una amalgama de moderados de derechas y de izquierdas, en tanto la principal oposición es la extrema derecha, Le Rassemblement National, nuevo nombre del Front National de Le Pen. En Alemania, la situación es igualmente compleja y en cierto modo equivalente: allí, la derecha socialcristiana (CDU-CSU) repitió tras las elecciones federales de 2017 una gran coalición con la izquierda socialdemócrata (SPD) que ya se había formado en 2013. En esta fecha, la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) no alcanzó por poco el 5% de la representación para obtener escaños en el Bundestag, pero en 2017 ya obtuvo el 12,6% de los votos y 94 escaños. En estas últimas legislativas, la CDU/CSU logró 246 escaños (casi el 33%) y hubiera podido gobernar con los liberales de FDP y la Alternativa para Alemania, pero Merkel rechazó rotundamente tal posibilidad, que hubiera legitimado indirectamente el neofascismo de la extrema derecha. El cordón sanitario que aísla a todo lo que huela a fascismo o a nazismo es sagrado en Alemania por obvias razones históricas La transcripción a España de semejantes procesos —en los que han jugado ideologías y valores muy semejantes a los nuestros— permite obtener ciertas conclusiones o, como mínimo, plantear algunos jugosos interrogantes. De entrada, no es voluntarista ni descabellda la idea de que los partidos democráticos no se mezclen por sistema con los que no lo son: en Francia y en Alemania toda la política se basa sobre este criterio profiláctico que aquí hemos vulnerado alegremente. En segundo lugar, en estos dos países, derecha e izquierda mantienen sus inclinaciones ideológicas, que son conciliables entre sí y dan lugar a transacciones y a creativas negociaciones. Podrá deslizarse arriba o abajo la presión fiscal de forma argumentada, o cabrán actitudes distintas pero flexibles sobre la inmigración o el comercio, se solaparán o no completamente las posiciones sobre el futuro de la Unión Europea, pero ni el gobierno alemán ni el francés han dado últimamente pruebas de fracturas internas: es perfectamente posible que sus dos almas, en cada caso, gobiernen juntas y lo hagan constructivamente. No quiero decir que tengamos que apostar aquí por la gran coalición (aunque sí he defendido el ‘cordón sanitario’ frente a la extrema derecha), que probablemente no case bien con nuestro temperamento ni con nuestro régimen constitucional, pero sí sostengo que no necesariamente tiene que existir una polaridad enconada e irreductible entre el centro-derecha y el centro-izquierda. Si en Francia y en Alemania consiguen gobernar juntos durante largos periodos de tiempo y de forma estructural —no ocasional ni efímera—, ¿porqué razón tendríamos que creer que esta crispación inquietante, en ocasiones cargada de detestación y hasta de odio, es aquí inevitable?

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