Eurozona | Analytiks

España, como la mayoría de los viejos Estados que ya existían o que se consolidaron durante el siglo XVIII, es una entidad acumulativa, cuyos peso político y prestigio diplomático no dependen del ocasional gobernante sino de la inercia adquirida con el tiempo, que decanta un relato político que se deposita en los anales de la historia. La España actual, que es una potencia admirada en la comunidad internacional por su celebérrima transición desde la dictadura franquista a una de las más sólidas y bien estructuradas democracias de Europa, consigue su influencia no del hecho de que Sánchez sea hoy el primer ministro y Casado el líder de la oposición, sino de una secuencia densa que arrancó con la entronización del Rey Juan Carlos en noviembre de 1975 y fue afianzándose sobre los sucesivos hitos marcados por Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Miquel Roca, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, Alfonso Guerra, Jordi Pujol José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba y un largo etcétera… Quiere decirse que si España e Italia, entre otros, han conseguido de la Europa de los 27 el magnífico plan de reconstrucción, ha sido a consecuencia de un largo trayecto colectivo de todos los actores, y no gracias a la magia personal de alguno de ellos. La necesidad de un plan de extraordinaria envergadura quedaba clara este viernes, cuando se conoció que el PIB de la Eurozona, que entraba en recesión, se desplomó un 12,1% durante el segundo trimestre (España, por su parte, caía el 18,5%), sin que de momento se haya contenido contener la pandemia, cuyos brotes perturban sobre todo a las actividades económicas basadas en la movilidad, el turismo especialmente. Así las cosas, fue atinada la llamada a la unidad que efectuó Pedro Sánchez durante el pleno semanal en que se debatieron de las decisiones del Consejo Europeo que dieron lugar al magnífico plan de reconstrucción. Como es natural, Sánchez celebró su propio éxito, después de que a partir del 23 de marzo comenzara a reclamar en Bruselas un Plan Marshall basado en la emisión de deuda común y por lo tanto no reembolsable, algo sin precedentes en toda la historia de la UE, pero, consciente de que la gestión de estas ayudas será larga y competirá probablemente a sucesivos gobiernos, pidió unidad: “Nadie comprendería que nos hayamos podido entender Gobiernos tan diferentes en Europa, y que no nos entendiéramos en España. Espero que este acuerdo europeo histórico sirva de ejemplo, como un acicate y nos ponga a todos ante el espejo”, afirmó, no sin destacar que ese escenario debería trasladarse ahora a nivel nacional: “Si en Europa se puede, en España se debe”. La respuesta de Casado —la de Vox, que predica desunión y pretende destruir el espíritu fundacional de nuestra Constitución, no interesa a la gente decente— fue innecesariamente dura ya que a su juicio el plan aprobado fue “un rescate en toda regla” —que les pregunten a los griegos—, y además habría sido auspiciado por el Partido Popular Europeo. Es tan absurda esta atribución como la afirmación de que todo el mérito corresponde Sánchez y a su gobierno. Y quien en su pusilanimidad no entienda que lo sucedido es un importantísimo avance de la idea de Europa, que acaba de superar una de las trabas históricas más oclusivas e incapacitantes, no merece ser reconocido en la vida pública. La declaración de intenciones de Sánchez en la cámara Baja se completó este viernes con una reunión de la Conferencia de Presidentes, a la que tan sólo faltó Torra, quien prefirió quedarse en Cataluña demostrando su incompetencia en la gestión de la pandemia (cuando le ha correspondido hacerse cargo del problema ha demostrado su verdadera magnitud como gobernante). En síntesis, Sánchez explicó cómo se manejarán los recursos que llegarán de Europa y que nos ayudarán a sobrellevar el desastre: la gestión correrá a cargo de una comisión interministerial, presidida por el presidente del Gobierno, y una unidad de seguimiento en el Gabinete de la Presidencia. Tendrá especial trascendencia la "colaboración público-privada a través de un grupo de alto nivel”, en línea con las recomendaciones de Bruselas, y a la cooperación con las comunidades autónomas se llevará a través de la conferencia sectorial que liderará la ministra de Hacienda. El planeamiento de las actuaciones habrá de presentarse a la Comisión Europea entre el 15 de octubre y el 30 de abril de 2021, junto mientras se estarán redactando los presupuestos generales del Estado. En definitiva, el Gobierno desea concertar la recuperación horizontal y verticalmente, de forma que intervengan las fuerzas moderadas y las comunidades autónomas. Es el único camino realmente apropiado La moción de censura de VOX Inesperado fue el anuncio del líder de la ultraderecha, Abascal, quien anunció una moción de censura en septiembre, con la que se propondría remediar el supuesto apocalipsis que se habría cernido sobre España desde que gobiernan los “socialcomunistas”. En realidad —explico el referido individuo—, Vox no quiere gobernar, por lo que la iniciativa pretendería estimular a otros, es decir, al PP, que, por cierto, ha rechazado de inmediato la propuesta. Como se ha dicho en el propio Parlamento, la moción de censura, si llega a presentarse, pondrá en bien pocos aprietos a Sánchez y en cambio comprometerá a Casado, quien ya difícilmente podrá mantener su ambigüedad actual, de cooperación con Vox y al mismo tiempo de discrepancia ideológica con el representante español de la ultraderecha europea. En cualquier caso, Vox ha apelado directamente al PP, y ha llegado a decir que no desea encabezar la moción, pero los populares, aunque seguramente desprevenidos, han tenido reflejos y han rechazado rápidamente esta invitación porque “es una maniobra de distracción que refuerza al PSOE”. Aunque en esa ocasión Casado debió haber puesto razones más contundentes para no acompañar a Vox ni a la vuelta de la esquina: su discrepancia tendría que ser ideológica y no estratégica. Objetivamente, la moción de Vox es un disparate porque no puede progresar en ningún caso y porque, efectivamente, oxigena al PSOE y le facilita alineamientos que pueden serle útiles a la hora de pactar los presupuestos generales del Estado. Pero la ultraderecha, que no tiene escrúpulos, no pretende que prospere la moción sino adueñarse definitivamente del hemisferio derecho de la representación parlamentaria. La negativa del PP a alinearse con Vox, que es de supervivencia para el PP, dará a Abascal argumentos sólidos para tachar a Casado de blando, de izquierdoso y de antipatriota. Después de todo, en la vecina Francia, donde Rassemblement National, el partido de Le Pen, es amigo y homólogo de Vox, hace tiempo que los ultras ya han ocupado la derecha. Marine Le Pen se enfrentó al centrista Macron en las elecciones presidenciales de 2017, como el padre de Marine compitió con Jacques Chirac en 2002. En aquella memorable ocasión, toda la izquierda votó a Chirac. El error de partida de Casado consistió en aceptar la cooperación con la extrema derecha sin oponer resistencia. Pactó con ella tras las andaluzas de diciembre de 2018 y más tarde, tras las municipales de mayo de 2019 fue del brazo de Vox a gobernar Madrid, Castilla-León, Murcia y numerosas localidades, incluida la capital de España. Aquella legitimación tuvo su resultado en las elecciones generales de noviembre, en que el PP obtuvo 88 escaños por 52 de Vox (apenas 5,7% de diferencia), y en que Ciudadanos protagonizó el más grave hundimiento de la etapa democrática. Vox es un partido legal, que ha de disfrutar de todos sus derechos (como RN en Francia o AfD en Alemania), porque acata (de momento) la Constitución, aunque pretenda cambiarla por la vía que marca la propia Carta Magna. Pero su proyecto político y sus valores deforman el espíritu constitucional hasta tal punto que ha de ser condenado al ostracismo por los partidos decentes, que enfatizan los verdaderos derechos humanos sin reservas. Qué duda cabe de que si alguna vez Vox sedujera a una mayoría absoluta de ciudadanos, tendría derecho a gobernar (entonces algunos nos exiliaríamos gustosos), pero en el entretanto los partidos democráticos, liberales, constitucionales, deben evitar cooperar con un movimiento que niega la violencia de género y mira con hostilidad a los inmigrantes. Así las cosas, el PP, al que se le ha tendido una trampa con la moción de censura, tiene la oportunidad de liberarse del férreo control que le impone Vox a cambio de sus pactos de gobierno autonómicos y locales. Muchos demócratas de este país pensamos que, una vez superadas las dos graves crisis que hemos padecido y que han engendrado oleadas de populismo, lo deseable es que PP y PSOE se conviertan en los representantes genuinos de la gran mayoría del país, y por tanto en los interlocutores de la dialéctica política principal. No es recomendable aquí la gran coalición PP-PSOE porque el dilema permanente entre ambos ha resultado muy creativo y dinámico, pero sí podría pactarse provisionalmente la posibilidad de que el partido más votado gobernara en minoría en las autonomías y ayuntamientos en que Vox sostiene al gobierno. Ojalá la moción de censura, que mostrará los aspectos más siniestros de Vox, facilite esta reflexión.

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