Gran Vía | Analytiks

El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a lomos de VOX y Ciudadanos, ha suspendido el proyecto de Madrid Central. De hecho, el próximo 1 de julio ya no se multará a quienes circulen por las áreas restringidas. La medida pretende satisfacer los sueños más húmedos de la derecha: tumbar la efigie del carmenismo, liberar el corazón de la capital de la dictaadura de la salubridad pública. La eliminación del proyecto de Madrid Central es un ejemplo más de cortoplacismo simbólico. El tráfico se volverá a abrir a todos los vehículos si el nuevo gobierno municipal así lo quiere, algo que no tienen ningún sentido se mire por donde se mire. Primero, porque la capacidad de absorber tráfico de la Gran Vía ha menguado (los vehículos disponen de un único carril); segundo, porque aumentarán las emisiones contaminantes y nos arriesgamos a recibir más sanciones por parte de Europa; y tercero, porque va en contra de las medidas que están implementando en las grandes capitales, preocupadas por los altos niveles de contaminación y conocedoras de los cambios en movilidad que se están produciendo. Tiene poco sentido ir en contra del progreso y deshacer una medida que ha mostrado ser efectiva colectivamente. Lo que está en juego es la calidad del aire de Madrid y la salud de sus vecinos. Por mucho que la medida choque contra los intereses de unos pocos –como la oscura asociación de Afectados por Madrid Central, desde donde han valorado positivamente la moratoria de multas a la vez que ruegan que se luche contra el cambio climático en toda la ciudad–, lo lógico en las sociedades en que vivimos es legislar a favor del bien común. Madrid Central y los tiempos que corren El director de Analytiks.es, Antonio Papell, ha recordado en 20 Minutos que los ciudadanos ya se han adaptado a esta nueva situación y que están convencidos de que «esta molesta proscripción va con los tiempos, como cuando se nos prohibió fumar casi de repente, mucho antes de que todos entendiéramos que aquella decisión también fue acertada». Determinadas medidas son afortunadas porque son planteadas para resolver o minimizar un problema futuro. Lo mismo ocurre con la obligatoriedad de hacer fichar a los trabajadores de todas las empresas, algo que ha sacado a la luz los abusos que se producen en determinados sectores, como el de la hostelería; y con la subida del salario mínimo. Estas dos últimas medidas chocan contra los intereses de las empresas, especialmente la segunda. El Banco de España se reafirma en sus efectos destructivos para el empleo de la subida del salario mínimo mientras que desde Europa avisan de los riesgos de la precariedad del mercado laboral y del elevado número de trabajadores pobres. Las clases más bajan son las que han sufrido las consecuencias de la crisis con mayor crudeza. Para que una sociedad funcione hay que distribuir cargas, y algunos están más que hartos de la realidad que les ha tocado vivir y de que se haya atascado el ascensor social, como ha reconocido la OCDE. Esto no significa que los más pudientes no hayan sentido el impacto de la crisis, pero no me negarán que no es lo mismo un golpe en una nómina de 1.000 euros que de 6.000. No existe resquicio para la discrepancia. ¿Es hora de ‘meter mano’ a los precios del alquiler? Trabajar para vivir. O para sobrevivir, si en esta ecuación añadimos el factor del elevado precio de los alquileres en las grandes capitales. El sector inmobiliario y el FMI se han echado encima de Unidas Podemos y su propuesta de controlar los precios del alquiler. Expertos como José María Raya, profesor de Economía en la Pompeu Fabra, aseguran que «hay una extensa evidencia teórica en contra» de lo que propone la formación de Pablo Iglesias: «Los efectos más documentados suelen ser la depresión de la nueva construcción y del precio de las viviendas existentes, la reducción del incentivo al mantenimiento de las viviendas, la reducción de la oferta de viviendas en alquiler y un efecto ambiguo en los alquileres y los colectivos a los que se pretende proteger». Con los salarios vigentes, los jóvenes lo tienen muy difícil para alquilar un piso –no digamos comprarlo–, lo que alarga sus planes de emancipación y de formar una familia. La baja natalidad, el envejecimiento de la población y la alta mortalidad (en 2018, España registró la peor diferencia entre nacimientos y muertes desde 1941, con un saldo negativo de más de 56.000 personas, según el INE) son y serán un problema demográfico enorme. Nos estamos cargando el futuro por no pensar en el bien común, aunque a corto plazo haya quien tenga que pagar un peaje.

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