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La posición de partida Con seguridad, podría decirse que la posición general de los progresistas españoles —a los que este medio, Analytiks, pretende iluminar y abastecer de ideas y propuestas— es bastante clara en esta coyuntura confusa e ingrata de la política española: en principio, parece razonable y deseable que, existiendo una clara mayoría de izquierdas en el Congreso de los Diputados, se forme un Ejecutivo estable en torno al liderazgo objetivo del PSOE que proporcione cuatro años de plazo para modernizar, mediante proyectos de media distancia, este país que lleva un cuatrienio de parálisis y mucho más de inmovilismo y falta de avances. Si realmente existe en todos los actores progresistas el mismo sentido de acatamiento al interés general, que prevalezca sobre los intereses particulares, este objetivo se logrará en el corto plazo de que todavía se dispone. Ahora bien: después de lo observado y vivido, luego de que por dos veces el líder de Podemos haya frustrado la entronización de un gobierno progresista, a la vista de las deslealtades que la formación morada ha cometido –la última de ellas, una agresiva puesta en cuestión de la política migratoria del gobierno en funciones—, y guardando en la memoria sus postulados políticos descabellados sobre Cataluña (la tesis de que los presos preventivos del ‘procés’ son ‘presos políticos’, por ejemplo), la mayoría de quienes deseamos que haya un gobierno de inmediato entenderemos que la minoría mayoritaria socialista no se quiera poner en manos de social-populismo anguitista, que, de despropósito en despropósito, está llevando la esperanzadora aventura populista al nicho estéril de una extrema inzquierda inútil y parasitaria. La marcha de los acontecimientos Moeller van der Buck, considerado un peligroso nacionalista que influyó en la llegada del nazismo (aunque se suicidó en 1925, por lo que su responsabilidad fue solo cultural), dejó sin embargo escrito aquello tan atinado de que "La izquierda tiene razón (Vernunft) y la derecha entendimiento (Verstand)". Hoy, en esta etapa ambigua en que las ideologías periclitan aunque tampoco cuaja el mito del pensamiento único, podría decirse que la izquierda reflexiona con criterios éticos, en tanto la derecha vela por sus intereses. Quizá la forma más clara de corroborar empíricamente estos axiomas es comprobando la facilidad con que la derecha, democrática y no democrática, consigue pactar y unirse para conquistar el poder, en tanto la izquierda remolonea a la hora de conseguir pactos y acuerdos, celosa de sus principios y poco dispuesta a acomodarlos a los del vecino, aunque las diferencias reales sean apenas sutiles variaciones de matiz. No hace falta remontarse a la Tercera Internacional de 1919, que rompió abruptamente con la Internacional Socialista, que a su juicio había “traicionado a la clase trabajadora”, ni siquiera a la Internacional Comunista de los años treinta que consideró que la socialdemocracia era una variante —el ala izquierda— del fascismo: la falta de sintonía entre socialistas y comunistas ha sido una constante de la izquierda posterior a la Segunda Guerra Mundial: ni Mitterrand se entendió con Marchais, ni Berlinguer con Nenni, ni González con Carrillo. Y ni siquiera la potente nivelación ideológica de las últimas décadas, vinculada a la globalización, ha mitigado los recelos, que bien a la vista están todavía (recuérdese a Anguita, tan antisocialista que llegó a formar una pinza con la derecha para estrangular al PSOE). La primera frustración moralizante de la izquierda en esta etapa multipartidista ya ocurrió hace casi cuatro años: a través de las elecciones generales de finales de 2015, los ciudadanos alumbraron una distribución parlamentaria que posibilitaba con toda claridad la opción predominante de un gobierno de centro izquierda formado por la colaboración del PSOE, Ciudadanos (que entonces era liberal y socialdemócrata) y Podemos (una fuerza que representaba el populismo transversal de izquierdas ya que aún no se había producido el pacto con IU). Pero las fuerzas progresistas, tan exquisitas y selectivas ellas, no consiguieron el acuerdo interno que resultaba necesario, de forma que hubo que repetir elecciones, de las que emanó un gobierno de derechas, presidido por Rajoy, no sin que antes se hubiera fracturado el PSOE. El instinto suicida de la izquierda había llegado a la máxima expresión. En junio de 2018, las fuerzas progresistas sacaron adelante una moción de censura contra Rajoy, que entronizó al candidato alternativo Sánchez. Hubo esta vez conjunción de estrategias y de voluntades en el ámbito de la izquierda, pero se equivocaría quien atribuyese gran carga ideológica a aquella conmoción, que obedecía a la imperiosa necesidad de sacar del poder a un partido que acababa de ser criminalizado por corrupción por los propios tribunales de justicia y que necesitaba llevar a cabo una catarsis que lliberara la país y a sí mismo de aquella carga. Ahora la situación no es muy distinta: las formaciones de izquierdas pueden formar holgadamente gobierno con la abstención de algunos partidos nacionalistas progresistas que ya ha sido ofrecida. Pero tampoco esta vez los exquisitos interlocutores son capaces de llegar a acuerdos. Las sutilezas adquieren fuerza exorbitante y un secreto espíritu de clase (ideológica, no social) imposibilita los vínculos espurios entre socialistas y comunistas. Como siempre. Y por lo tanto, si en un improbable rapto de sentido común no cambian bruscamente las posiciones, habrá que ir de nuevo a elecciones. La derecha se frota las manos. El Partido Popular, con sus misérrimos 66 diputados, está feliz porque el PSOE y Unidas Podemos le darán la oportunidad de salir del pozo, ya que todo indica que, desacreditados y divididos los de Ciudadanos, el clásico partido de la derecha española recuperará el pulso, los electores y la entidad. Tanto es así que no puede descartarse que esa nueva consulta lleve de nuevo a la derecha al poder. Algunos dirán que le estaría muy bien empleado a la izquierda. Hay poderosas razones para zanjar la inestabilidad La inestabilidad actual no es sin embargo inocua. Estamos viendo cómo las comunidades autónomas sufren sus irremediables efectos porque un gobierno en funciones no puede actualizar la financiación, según dictamina la abogacía del Estado. Menos visibles resultan otros daños de suma gravedad, como el creciente desequilibrio del sistema de pensiones o el incremento descontrolado del déficit público, que agravan nuestra posición sin que las lesiones sean evidentes para la opinión pública. Cada vez son más potentes los síntomas de una desaceleración económica global, que desde luego nos afectaría seriamente. Es cierto —se ha recordado al producirse los malos augurios— que los economistas nunca atinan al presagiar las grandes inflexiones del ciclo económico (el propio FMI acaba de publicar un informe, referido a 62 países durante 22 años, que acredita la insolvencia de los expertos en la predicción de las recesiones), pero hay esta vez algunos indicios inequívocos, que son la consecuencia de observaciones objetivas y que por lo tanto no resultan demasiado dudosos. En efecto, no hay duda de que las tensiones a las que se está sometiendo el comercio mundial y que tienen su principal foco en el enfrentamiento entre los Estados Unidos y China reducirán los intercambios y afectarán negativamente a la economía globalizada. Y tampoco merece gran escepticismo la evidencia de que la industria automovilística mundial, que representa una parte relevante del PIB de muchos países, está entrando en una reestructuración de la que saldrá totalmente cambiada, adelgazada y probablemente reducida a una fracción de lo que fue, una vez que desaparezca el complejo motor de explosión y se afiance la tendencia a compartir el vehículo privado en las ciudades. Quiere decirse, en fin, que es una imprudencia que aquí mantengamos la inestabilidad política que dura desde finales de 2015, que mantiene paralizado al poder legislativo desde entonces, que nos priva de disponer de unos presupuestos acomodados a la coyuntura, que impide reformar determinadas normas de las que depende el sostenimiento del sector publico —la financiación autonómica ha de ser revisada y mientras tanto produce innecesarias frustraciones, inequidades y desatenciones—, que, en definitiva, impide a la superestructura política actuar de motor dinamizador de las estructuras económica y social. Pues bien: la opinión pública ve con estupor el conformismo de la clase política tras el fracaso de la reciente investidura del candidato que la pretendía, como líder del partido más votado en las elecciones del 28 de abril. Han transcurrido cuatro meses desde aquellas elecciones y el plazo en que es posible formar gobierno concluye el 23 de septiembre, de manera que si para no entonces no hay un presidente del Gobierno, podremos dar por perdido el segundo semestre del año ya que las próximas elecciones generales serán el 11 de noviembre. Es probable que muchos ciudadanos se indignen al asistir a esta falta de eficiencia de una clase política que no es capaz de aplicar el mandato recibido de las urnas. ¿O acaso alguien se atreverá a decir que la culpa es nuestra, de los electores, al tomar una decisión inaplicable? Permítasenos bajar de lo abstracto a lo concreto: la pasada investidura de Sánchez fracasó, básicamente, porque Unidas Podemos no le dio su apoyo ya que consideraba insuficiente la contrapartida de una vicepresidencia y tres ministerios, a su criterio carentes de contenido. Tras aquel naufragio, Pedro Sánchez ha manifestado con contundencia que ya no explorará más la posibilidad de una coalición, por falta de confianza en Unidas Podemos, de forma que la única posibilidad de acuerdo es un pacto de legislatura ‘a la portuguesa’ (gobierno del PSOE con apoyo parlamentario de sus aliados basado en un pacto programático). Pero el líder de UP insiste en que no hay otra fórmula aceptable para él que la coalición, para lo cual ha ofrecido cuatro opciones alternativas, todas ellas basadas en una vicepresidencia social y en tres departamentos ministeriales, al parecer ahora con suficiente contenido. Si no varían las posiciones, el acuerdo es imposible. El Rey constitucional no puede mediar, ni efectuar cualquier propuesta que no sea la de un candidato a la investidura si lo encuentra (si alguno puede acreditar razonablemente disponer de los apoyos necesarios). La pelota está en el tejado de los partidos, y la sociedad civil tiene que exigir una negociación inmediata, transparente, pública y sin demora que al menos permita a cada cual efectuar su propio diagnóstico y tomar, llegado el caso, sus propias decisiones en las urnas. La indolencia de estas semanas de canícula y parálisis no es soportable. El presagio de unas nuevas elecciones Los medios reconocen que hay ambiente preelectoral en los mentideros políticos. La incapacidad de la izquierda para entenderse, sea de quien sea la responsabilidad, ya no es una posibilidad sino un axioma. De momento, las posiciones de partida son al parecer incompatibles, no sobre el ideario sino sobre el reparto del poder: Unidas Podemos insiste en un gobierno de coalición, y a este fin redactó un largo documento que el PSOE desechó de inmediato, en tanto el PSOE, que dice haber perdido del todo la escasa confianza que aún le inspiraba Unidas Podemos, no ve otra opción que el pacto programático de investidura ‘a la portuguesa’. Y ya se ha anunciado que este lunes el PSOE presentará un programa completo de 300 medidas sobre el que solicitará el voto a los partidos afines Si Unidas Podemos insiste en la coalición —Iglesias declaraba el viernes que UP aceptaría ahora la misma propuesta que rechazó en julio— el PSOE sólo estará dispuesto a comprometerse a volver a analizar la posibilidad de dar entrada a Unidas Podemos en el gobierno una vez iniciada la legislatura, después de que el roce en las estancias del poder haya engendrado el cariño y la confianza… ¿Y si el intento fracasa y se repiten las elecciones el 10 de noviembre? La prospectiva demoscópica vinculada a la repetición de elecciones asegura mayoritariamente que el PSOE daría un salto hacia adelante, posiblemente hasta el entorno de los 150 escaños, en tanto Unidas Podemos bajaría sensiblemente, hasta lograr aproximadamente la dimensión mayor que consiguió IU en tiempos de Anguita (21 escaños en 1996 con el 10,54% de los votos). Por otro lado, el Partido Popular se reharía de su postración actual, tanto a costa de Vox, que se reduciría considerablemente, como de Ciudadanos, partido que, además de acabar de perder a los últimos centristas que aún le quedan, sufriría la defección de muchos conservadores que volverían al redil popular. Con todo el respeto a los hacedores de encuestas, que a veces aciertan y a veces no, estos augurios, que parecen intuitivamente razonables, deberían ser cribados en el harnero de la realidad concreta. Una realidad que se caracterizaría por dos elementos fuertes: uno primero, la desmovilización de la izquierda; no tiene sentido que unas formaciones que han desperdiciado oportunidades claras de gobierno llamen a sus clientelas con dramatismo para que las sigan apoyando; y uno segundo, una gran irritación general del electorado, que se sentirá estafado por una clase política que antepone sus intereses particulares a los generales del país. Sólo este argumento puede explicar la incapacidad de pactar cuando existe una clara posibilidad de hacerlo, y la tentación absentista será potente. Recientemente se ha invocado un libro de moda sobre estos asuntos, Sí, de acuerdo! Como Negociar Sin Ceder, de Roger Fisher y William Ury con Bruce M. Patton. La obra recomienda a los negociadores un método cooperativo de análisis que otorgue el mayor rendimiento a los verdaderos intereses que las partes tienden a ocultar bajo posicionamientos primarios. Se trataría de explorar, para cada actor, cuál es la "Mejor Alternativa Posible a un Acuerdo Negociado" (MAPAN) para entender mejor los móviles del otro y actuar en consecuencia. Es probable que el MAPAN del PSOE sea forzar nuevas elecciones para mejorar su posición. Y que el de UP, aprovechar el último tren. Si se profundiza descarnadamente en estas ideas, quizá se consigan todavía la aproximación y el pacto.

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