Pacto | Analytiks

El bloqueo de la democracia española dura ya cerca de cuatro años, un tiempo suficiente para que le demos trascendencia sistémica y empecemos a preocuparnos. La existencia en el parlamento español de una clarísima mayoría de izquierdas y el hecho de que el partido más votado de todos haya sido con diferencia el PSOE tras las elecciones del 28 de abril no han servido para que fuera posible decantar un gobierno de izquierdas. A causa de este fracaso, el sistema constitucional nos está conduciendo automáticamente a unas nuevas elecciones, por más que no haya certeza alguna de que los resultados que se produzcan el 10 de noviembre vayan a facilitar la gobernabilidad, la formación de una mayoría de gobierno. En principio, parece lógico pensar que unas elecciones generales que se producirán menos de medio año después de las anteriores arrojarán unos resultados muy parecidos, aunque las reacciones al fracaso que implica la propia repetición tengan efectos más o menos previsibles (una mayor abstención, generalizada o por sectores; algún cambio de criterio, etc.). Pero además, no está claro que los cambios introducidos en la oferta política a los ciudadanos –básicamente, la irrupción en la política estatal del partido de Íñigo Errejón, desgajado de Podemos, que tan sólo ha concurrido hasta ahora en solitario a elecciones regionales y locales en Madrid— sirvan realmente al objetivo mencionado (facilitar la gobernabilidad, la formación de una mayoría de gobierno). El núcleo necesario para intentar la investidura de un candidato de izquierdas será el formado por el PSOE y los dos populismos Hay todavía pocas encuestas realizadas tomando en cuenta la presentación de Más País (el partido de Errejón), que ya se ha presentado en coalición con otras formaciones —Equo, la Chunta, Compromís— en 16 provincias, pero la media que ha obtenido hasta ahora Kiko Llaneras sugiere que la fuerza emergente obtendrá sus votantes de Unidas Podemos (en torno al 25 %), del PSOE (sobre el 10 %) y de la abstención. La recomposición del espacio no será un proceso de suma cero (Errejón ha basado su argumentación para presentarse en la voluntad de rescatar a gente de la abstención, después de ver cómo UP frustraba la formación de un gobierno de izquierdas), pero aun contando con este efecto movilizador de Más País, todo indica que el núcleo necesario para intentar la investidura de un candidato de izquierdas será el formado por el PSOE y los dos populismos. Nuevos elementos negativos para la formación de un bloque Es muy obvio sin embargo que esta fórmula, mucho más difícil que la simple suma PSOE-UP, introduce elementos negativos nuevos en la formación de un bloque manejable de izquierdas. No hace falta recurrir a la teoría de los juegos para entender que a la repulsión que se profesan PSOE y UP, se añade la que se prodigan entre sí Podemos y Más País. Aquella tiene fundamentos ideológicos antiguos, a los que se ha añadido la falta de sintonía entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez; esta une a las sólidas discrepancias ideológicas (Errejón no era partidario de que Podemos pactara con IU porque su concepción del populismo no coincide con la de Iglesias) los ingredientes afectivos y emocionales que cabe imaginar, toda vez que Errejón es el disidente, el tránsfuga, el traidor, una condición que, en un país tan masculinizado como este, quiebra tabúes muy difíciles de recomponer. En definitiva, y por resumir, lo más probable y lo que sugieren los indicios que ya se poseen es que si con los resultados del 28-A se intentó sin éxito una fórmula de cooperación a dos, ahora habrá que intentar la agregación a tres, con la particularidad de que uno de los actores, UP, es incompatible con los otros dos. No se ve, en fin, cómo podrá eludirse el bloqueo que ha impedido hasta ahora la gobernabilidad si la ciudadanía se reafirma, como parece probable, en el criterio electoral que ya acaba de manifestar. En este caso, no quedará más remedio que invocar decisiones excepcionales de todos los actores parlamentarios —que ya son seis—. Si existe una mayoría de las derechas, no habrá problema ya que la unión es espontánea y natural, como se ha visto en las elecciones autonómicas y municipales, en que PP y Ciudadanos no han tenido empacho alguno en aliarse con VOX (los malintencionados afirman que en la derecha priman los intereses sobre las convicciones). Para estabilizar la situación cuando existe una mayoría de izquierdas, hay dos posibilidades: o firmar un pacto entre las propias izquierdas o suscribir el PP y el PSOE un genérico pacto de gobernabilidad, conforme a la convención tácica que ya impulsó González en 1996. El pacto de las izquierdas No es lo mismo gestionar una situación concreta, modulada acaloradamente por el fragor de la coyuntura, que seguir unos criterios pautados, adoptados serenamente mediante un esfuerzo de razón y voluntad. Quizá no sea muy realista sugerir que, antes del 10N, PSOE y UP se sienten a gestionar por adelantado una hipotética fórmula de cooperación/coalición/apoyo, que después podrían compartir fácilmente con Más País. Pero desde luego será más fácil hacerlo ahora que después, si como es probable se confirma y reitera esta necesidad (todas las elecciones son enigmáticas y nadie sabe verdaderamente lo que puede suceder). Después de todo, la ciudadanía tiene esta vez derecho a conocer, en la fase preelectoral, no sólo la propuesta programática de los distintos actores, sino su disposición a la coalición y al pacto, que es lo que realmente importa. De nada sirve que el PSOE –pongamos por caso— ofrezca un avanzadísimo proyecto de reconstrucción del Estado de Bienestar si al mismo tiempo no es capaz de buscar los apoyos necesarios para semejante empresa. En definitiva, ni PSOE ni UP dispondrán de verdaderos argumentos para pedir el voto si no especifican como harán para gestionarlo con eficacia y superar el bloqueo. El pacto de gobernabilidad PP-PSOE Si la imposibilidad de conseguir la investidura de un candidato se confirma, habrá que buscar soluciones estructurales, procesales, y desde luego la fórmula más directa sería la reforma del artículo 99 de la Constitución, que facilitase la investidura del líder del partido más votado, mediante —por ejemplo— la fórmula con que se elige al lehendakari vasco: en segunda vuelta, los parlamentarios sólo pueden votar sí o abstenerse, con lo que queda proclamado quien más cíes consiga. Pero si se quiere evitar el engorro de la reforma constitucional, la solución más simple es que los dos representantes principales de la bipolaridad parlamentaria, actualmente PP y PSOE, firmaran un pacto de alternancia, de forma que ambos se comprometan a impulsar, mediante la abstención o incluso recurriendo al voto positivo, el gobierno del más votado de los dos. Como se recordará, esta tesis —la de que debía gobernar el más votado en el Estado (no en las instancias territoriales inferiores)—, ya fue enarbolada expresamente por Felipe González en 1996, cuando perdió por la mínima frente Aznar, y ni siquiera quiso intentar seguir gobernando, algo que hubiera podido hacer mediante un doble pacto con IU y CiU (las tres fuerzas sumaban 178 escaños). Aznar, que apenas había conseguido 156 escaños, salió investido con el apoyo de los 16 de CiU, los 5 del PNV y los 4 de Coalición Canaria (181). Un pacto de esta naturaleza ofrece ventajas a los partidos mayores pero también tiene inconvenientes claros, por lo que deberán pensar las organizaciones políticas si les conviene formalizar un acuerdo formal como este o si prefieren esforzarse realmente por cumplir el mandato constitucional de formar mayorías mediante la negociación y el pacto.

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