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El PP afrontó la pandemia con la convicción tácita pero visible de que aquella gran contrariedad pondría en serias dificultades al gobierno, lo que le facilitaría un acceso más fácil y rápido a la alternancia y al poder, pero no parece que este sea precisamente el sentido de la historia. El gobierno, que tuvo que improvisar como todos los gobiernos afectados por aquella atroz acometida, puso en marcha los escasos recursos de que disponía la sanidad pública española (una deficiencia que tiene muchos padres) y se enfrentó a la pandemia con sobriedad y resolución, de la mano de dos personas que han transmitido seriedad y profesionalidad a la gente perpleja, el ministro Salvador Illa y el médico funcionario Fernando Simón. No eran lumbreras ni poseían la verdad revelada, pero actuaban de buena fe y sin entrar al trapo de las polémicas. El desconocimiento total de la amenaza, que obligaba a avanzar por el método de prueba y error, obligaba a derrochar grandes dosis de modestia. Las encuestas, todavía escasas, indican que el gobierno cotiza al alza, en tanto el PP conseguiría arrancar votos a Vox por su derecha, pero los perdería por la izquierda ante una recuperación discreta de Ciudadanos. Casado, que no ha manifestado ‘grandeur’ alguna durante la fase más aguda del drama y que escuda sus inseguridades en la agraz dialéctica de Álvarez de Toledo, no ha aportado soluciones a la ciudadanía expectante y ha pretendido que los jueces censurasen la labor del adversario. El intento de procesar al delegado del Gobierno en Madrid por haber permitido expansiones de la sociedad civil cuando se aproximaba la pandemia ha resultado de momento fallido; y es evidente que la justicia se niega a abrir una causa general al Gobierno por la Covid-19: ni los jueces de instrucción de Madrid ni el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han admitido a trámite de momento las denuncias presentadas, a la vez que la fiscalía mantiene sistemáticamente la actitud de no apoyar “investigaciones prospectivas” por la gestión sanitaria. Estas contrariedades han hecho, al parecer, mella en el PP, y súbitamente ha cambiado el tono de su acción opositora. El jueves, los buenos oficios de Ana Pastor, vicepresidenta del Congreso en funciones de portavoz del PP (en sustitución de la poco conciliadora Álvarez de Toledo) posibilitaban el acuerdo por el que los conservadores se sumaban a la convalidación del decreto-ley que organiza la ‘nueva normalidad’, con la única condición de que el decreto sea tramitado como proyecto de ley. Ese mismo día, el PP respaldaba la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo y aseguraba que apoyaría al gobierno en las negociaciones de Bruselas de las que deben salir las ayudas contra la recesión. El cambio de tono ha sido evidente pero no gratuito. Porque lo más comprometido para Casado está por venir: las elecciones autonómicas del día 12 de julio en Galicia y en Euskadi le someterán a un minucioso escrutinio, en el que será muy difícil que logre escapar de la contradicción que le embarga. Como se ha destacado, Alberto Núñez Feijóo y Carlos Iturgaiz, aspirantes populares a las respectivas presidencias, son dos personajes antagónicos. Para diferenciarlos, un periódico catalán reproducía sendas frases recentísimas de ambos: mientras Feijóo se expresaba sobre la gestión de la crisis en estos términos: “agradezco la colaboración y el diálogo que ha habido en la mayoría de los momentos, y reconozco el esfuerzo del Gobierno central, con aciertos y con errores, acuerdos y diferencias”, Iturgaiz aseguraba que ”lo que pretende Pedro Sánchez con los comunistas bolivarianos, los golpistas catalanes y los batasunos es cargarse el régimen constitucional y la monarquía parlamentaria”. En otras palabras, mientras Feijóo representa a la derecha templada, cercana al talante de Rajoy, Iturgaiz, todavía furibundo y enardecido enemigo de ETA y del mundo abertzale, es un anacronismo que emana de los tiempos de Aznar, y que hoy engarza a la perfección con la actitud irascible de Álvarez de Toledo. Todo ello con la particularidad de que para colocar a Iturgaiz, Casado tuvo que laminar a Alfonso Alonso, también un moderado del talante de Feijóo. Para que no haya dudas, Iturgaiz declaró poco después de ser señalado por el dedo de Casado que “los que se fueron a Vox estarán ahora muy cómodos votando a la coalición PP-Ciudadanos”. Con coalición y todo, el CIS le da a la candidatura de Iturgaiz el 2,4% de los votos Así las cosas, si sucede lo que más probable parece, que Feijóo consiga mantener la mayoría absoluta en tanto Iturgaiz termina de arruinar al PP vasco, Casado quedará en una posición muy comprometida ya que el líder victorioso que mantiene el pabellón del partido en Galicia seguirá siendo visto como referente por una gran parte del PP, en tanto Casado habrá sido humillado en Euskadi, tras el naufragio de su candidato especial. Feijóo siempre ha declinado presentarse como hipotético candidato del PP estatal, pero es posible que, si las cosas discurren de este modo, esta vez las presiones para que acepte tal responsabilidad le resulten insuperables. La inquietante renovación de las instituciones El Tribunal Constitucional ha sido víctima de la adulteración parlamentaria que también padece el Consejo General del Poder Judicial, que consiste en aplicar a la elección el sistema de cupos, que me apresuro a explicar. El art. 159 C.E. especifica que “El TC se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro, a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos, a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta de Consejo General del Poder Judicial”…; pues bien: los miembros designados a propuesta del Congreso y del Senado no reúnen por sí solos el apoyo de los tres quintos de cada cámara. Los grandes partidos —hasta hace poco el sistema era cuasi bipartidista— designan para tales cargos a personas de su total confianza, e intercambian los votos con sus adversarios. Así, por ejemplo, el PP y el PSOE sumaba sus votos en ambas cámaras para entronizar juntos a un afín a cada uno de ellos. De este modo, el TC, que teóricamente debía estar formado por personas no sujetas a ligazones ideológicas, se ha convertido en un trasunto del parlamento, y está formado —decimos los medios— por jueces del PP, del PSOE, etc. Y en los análisis se utilizan conceptos como sector conservador o sector progresista. Las meras etiquetas expresan la deformación en que se ha incurrido. El Tribunal Constitucional ha estado formado muy mayoritariamente por juristas destacados, por lo que este fenómeno se ha atenuado gracias a la dignidad y al pudor de sus miembros, pero a pesar de ello la manipulación política ha sido una constante, que en determinados periodos —el de elaboración de la reforma del Estatuto de Cataluña— ha sido simplemente escandalosa. Podría decirse que la cúpula de la judicatura se ha plegado con demasiada facilidad al statu quo. Ahora, en este periodo traumático de nuestro devenir, en que la inestabilidad inherente a un cambio de modelo —estamos asimilando aún el pluripartidismo— se ha sobrepuesto a la mayor contrariedad sanitaria de que haya memoria, con decenas de miles de muertos, parece que el Constitucional ha vuelto a ser un hervidero, en el que resultará muy dificultoso resolver pacíficamente recursos como los que afectan a la llamada “ley mordaza” o a la sentencia del ‘procés’. Se lee que hay movimientos internos tortuosos que estarían relacionados con asuntos de gran repercusión política, como los recursos presentados por PP, Ciudadanos y Vox contra la forma en que 29 diputados prometieron acatar la Constitución en la sesión constitutiva del Congreso (el caso afecta a todos los diputados de ERC, JxCat, Bildu y la CUP y a cuatro de UP). Por añadidura, cuatro miembros del tribunal debieron haber sido renovados en noviembre de 2019 (el mandato de los electos dura nueve años y ha de ser renovado por tercios cada tres), y no hay duda de que este retraso enrarece la institucionalidad del organismo, que es víctima del citado sistema de cupos. Por si pudiera valer de referencia, tenemos ante nuestros ojos lo que sucede en los Estados Unidos, donde su Tribunal Supremo, que desempeña funciones de Tribunal Constitucional, está formado por ocho jueces y un presidente que son nombrados por el jefe del Estado (y confirmados mediante le ‘consejo y consentimiento’ del Senado) y que sólo pueden ser removidos mediante un complicado proceso de impeachment. Para entender la independencia que aporta ese carácter vitalicio, es reseñable que el último magistrado designado por Trump, Neil Gorsuch, no sólo ha apoyado la sentencia que reconoce al colectivo LGTB todos sus derechos en el mundo laboral, sino que ha sido el ponente de la sentencia; una sentencia que los republicanos, que tienen teórica mayoría en el Tribunal, han perdido por seis votos a tres. Nosotros seguiremos con el modelo hipócrita de que nos hemos dotado, a menos que una reacción valiente consiga movilizar al país y llevarlo hacia una constructiva reforma constitucional que enmiende este y algunos otros despropósitos. De cualquier modo, el Gobierno parece ser consciente de que la situación es insostenible —se da el caso de que el actual presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial fue director general en el Ministerio de Justicia durante los ocho años de Aznar en el gobierno—, y, según algunos medios, Moncloa podría estar pensando en pactar con el Partido Popular un acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales en la segunda quincena de julio, justo después de las elecciones vascas y gallegas y antes del cierre de agosto, ya que en septiembre podrían convocarse las elecciones catalanas, con lo que se complicaría el asunto. Lo inquietante del proyecto es que las fuentes dan por hecho que el asunto se resolverá como siempre, gracias al acuerdo entre el PP (88 diputados) y el PSOE (120 diputados) ya que ambos partidos reúnen 208 diputados, casi los tres quintos de la cámara (210 diputados), por lo que es previsible que una vez más se recurra al sistema de cupos: los puestos serán cubiertos por profesionales afines a uno o a otro partido, gente manejable y de confianza, de tal manera que sean Génova y Ferraz los controladores de las instituciones. Y lógicamente, cada candidato reunirá los votos necesarios aportados por las dos organizaciones. Es un evidente fraude de ley. Pero es lo que hay. Aunque cada vez sean más quienes piensan que la incapacidad del sistema político de actualizar la Constitución y de ponerla al día sin renunciar a sus grandes aciertos puede terminar costándonos muy caro.

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