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Kiko Llaneras ya explicó hace tiempo en términos fácilmente comprensibles que frente a la pandemia del coronavirus había dos vías de ataque: la virtuosa y la bruta, el rastreo y el confinamiento. Los países más avanzados —Corea del Sur y Taiwan en Asia; Islandia y Alemania en Europa— consiguieron rastrear los contagios mediante una sobreabundancia de tests, aislando los entornos de los contagiados y poniendo así coto a la expansión, con un resultado magnífico y muy pocas víctimas mortales. El otro procedimiento, que han aplicado los países que no disponían de tests suficientes ni del gran aparato sanitario necesario para el rastreo, era el confinamiento: enclaustrando a toda la población durante el periodo de incubación del COVID-19, se acabaría con la pandemia. Esto es lo que hemos hecho en España, con relativo éxito pero con una congestión inquietante del sistema sanitario, la parálisis del sistema económico y un dramático saldo en vidas. Ahora, cuando la enfermedad remite y hay que proceder al desescalamiento de las duras medidas adoptadas, ya que no es posible a estas alturas optar por una vía diferente (tampoco lo era ante porque, como ya se ha dicho, España no es Alemania ni Islandia). Ahora bien: para evitar nuevos brotes reviviscentes, el relajamiento del confinamiento ha de compensarse con un rastreo cada vez más intenso para abortar los focos emergentes en cuanto se detecten. Por ello, no ha sido ni mucho menos una buena idea el aprovechamiento que ha pretendido hacer el PP de la pandemia para sacar cabeza e intentar hacer fracasar al gobierno en su estrategia, eventualidad que hubiera supuesto también un desconcertante traspiés para la aterrorizada sociedad que busca referencias y entiende perfectamente las improvisaciones que ha debido hacer toda la comunidad internacional, y también la sanidad española, para aplicar sus limitados recursos a la mortífera pandemia. El gran argumento en que se han basado la acerba crítica de Casado a Sánchez y su abstención ante la petición de prolongar quince días más el estado de alarma era la inexistencia de un ‘plan B’ que no apelara a la continuidad de la situación de excepcionalidad, como si la utilización de un recurso constitucional perfectamente adaptado a la coyuntura que padecemos fuese algo deshonroso o vergonzante. Y lo cierto es que las evidencias han permitido comprobar que no existe esa opción alternativa que pudiera aplicarse con ventaja en lugar del método que ha aplicado el gobierno, y que, con todas las deficiencias que se quiera, está controlando la patología, y ha permitido ya poner en marcha una cautelosa desescalada, que su vez debería servir para recuperar la economía y de avanzar hacia una “nueva normalidad”, eufemismo que significa que aun cuando se haya reducido el contagio hasta valores próximos a cero, habrá que seguir manteniendo medidas preventivas para evitar una posible y aun probable reviviscencia. El 'plan B' del PP Finalmente, tras su clamorosa abstención en la prolongación del estado de alarma, Casado ha hecho público su plan B, y ha sido como si la montaña hubiese parido un minúsculo ratón: lo más concreto del mensaje es la propuesta de que la mascarilla sea obligatoria. Y el anuncio de que los mayores expertos del PP (la exministra de Sanidad Ana Pastor; la expresidenta de al CNMV, Elvira Rodríguez, y el polémico magistrado y consejero de Justicia, Enrique López) se pondrán a trabajar los viernes en un plan aún indefinido que se titulará “Activemos España”. Naturalmente, el PP se opondrá a mantener un tiempo más el estado de alarma, con confusos argumentos sobre la libertad de los ciudadanos, como si la propia Constitución no se ocupase de protegerla debidamente. El error de Casado ha sido embarazoso incluso para los suyos, toda vez que la abstención ante un asunto tan grave —ni a favor ni en contra del estado de alarma— demuestra una comprometedora ausencia de criterio. Entre otras razones, porque era incompatible ese absentismo con las críticas desaforadas y acerbas que Casado había hecho del plan de Sánchez; o uno mide bien su crítica, o la abstención resulta absurda. Lo cierto ha sido que esta falta de iniciativa política ha permitido a Ciudadanos, partido diezmado pero todavía significativo, regresar con facilidad al centro político, de donde nunca debió haber salido por congruencia con su propio proceso vital, desnaturalizado por las veleidades megalómanas de Albert Rivera. En la votación de la alarma, el líder de la derecha ‘natural’, Casado, se ha encontrado en una patética e incómoda soledad, con Vox votando en contra y con Ciudadanos votando a favor de la prórroga, una medida ineludible porque no había modo de explicar a los ciudadanos el hecho de que la enemistad política pudiese frustrar una terapia irreversible, insustituible y bastante eficaz. Lo más llamativo de este proceso incidental ha sido el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos en un asunto concreto y puntual. Es bien cierto que Ciudadanos ha hecho alarde permanente de su incompatibilidad con Podemos y con la izquierda radical en general, y viceversa. Pero en un sistema pluripartidista, las mayorías han de obtenerse por contigüidad. Y si Ciudadanos regresa al centro, es legítimo su entendimiento con la coalición de izquierdas que está parlamentariamente a su lado. Hasta que una ambición poco comprensible turbó el entendimiento de Rivera, empujado por un grupo de mediocres aduladores, Ciudadanos se definía como “socialdemócrata y liberal”, lo que lo ubicaba entre PP y PSOE, en la posición tradicional de las bisagras. Parece, pues, lógico que tras fracasar estrepitosamente en su afán de convertirse en la gran derecha, C’s regrese al origen y facilite la gobernabilidad a cambio de concesiones en términos de poder e influencia. Por añadidura, el primer acuerdo del partido de Arrimadas con el Gobierno ha sido necesario precisamente porque los nacionalistas catalanes de izquierda, ERC, inquietos por las próximas elecciones autonómicas en su comunidad, se negaron a apoyar al gobierno del Estado que habían contribuido a entronizar. Desde el malogrado CDS de Adolfo Suárez, la idea de un partido centrista se apoyaba en la conveniencia de que evitar que las minorías nacionalistas desempeñaran un papel arbitral en los grandes equilibrios del Estado. Se trataba de evitar cesiones humillantes de las fuerzas estatales como las que tuvieron que realizar Felipe González y José María Aznar para conseguir La Moncloa y cierta capacidad de maniobra… En consecuencia, Arrimadas, al apoyar al gobierno, estaba siendo congruente con sus axiomas fundacionales. El auxilio del nuevo Ciudadanos a la gobernabilidad, que todavía requerirá seguramente un largo proceso de acoplamiento (de momento, Sánchez ya ha recibido a Arrimadas mientras el PP ha pasado a ser asunto de la primera vicepresidenta), y que no es en absoluto incompatible con el apoyo uqe pueda prestar al ejecutivo el bloque de la investidura de Sánchez, aísla todavía más al Partido Popular —lo deja en la ingrata compañía de Vox— e introduce elementos nuevos en la negociación del Gobierno sobre Cataluña: aunque el PSOE, y su alter ego catalán, el PSC, creen en la necesidad de abrir una negociación sincera y profunda en Cataluña, ERC ya no podrá ejercer chantaje sobre las formaciones estatales porque su concurso ha dejado de ser necesario para la estabilidad gubernamental. Junqueras, que ahora está intentando una difícil rectificación, ha perdido una gran oportunidad de influir, aunque todavía le queda la posibilidad de facilitar una salida airosa al delicado conflicto catalán provocado históricamente, se quiera reconocer o no, por el nacionalismo burgués y reaccionario que Pujol ha dirigido y representado.

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No hay ‘Plan B’, pero cambian los equilibrios

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