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Por unanimidad, la Sala Penal del Supremo ha descartado condenar por rebelión a los doce acusados de impulsar la independencia de Cataluña en 2017. Pero sí ha impuesto penas de entre 9 y 13 años a los nueve líderes condenados por sedición. La condena más grande va para el exvicepresidente, Oriol Junqueras, 13 años de prisión, por un delito de sedición en concurso medial (cuando un delito es un medio necesario para la comisión de otro) con malversación. De los otros ocho acusados que están en prisión preventiva, tres exconsejeros, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, han sido condenados a doce años de prisión y otros tantos de inhabilitación también por los delitos de sedición con malversación. Los otros dos, Josep Rull y Joaquim Forn, han sido absueltos por el delito de malversación, de modo que la pena impuesta es de 10 años y medio de prisión. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, tendrá que cumplir una pena de 11 años y medio por un delito de sedición. Mismo delito se les ha atribuido a los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, con sendas penas de nueve años de cárcel. Los exconsellers Santi Vila, Meritxel Borrás y Carles Mundó han sido absueltos del delito de malversación. Los únicos tres acusados que se hallaban en libertad provisional son culpables del delito de desobediencia, lo que les supone una multa diaria de 200 euros durante diez meses y quedar inhabilitados durante un año y ocho meses. No hay delito de rebelión El Tribunal Supremo descarta el delito de rebelión, desoyendo así a la Fiscalía. El alto tribunal considera probado que en otoño de 2017 se registraron en Cataluña “indiscutibles episodios de violencia”, pero considera que no son suficientes para condenar a los líderes independentistas por rebelión, como se filtró en las jornadas previas a la publicación de la sentencia. "La violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes", explica la Sala en una sentencia de 493 folios, que, además, sostiene que los altercados que se vivieron en Cataluña no son elementos suficientes para “imponer de hecho” la independencia y derogar la Constitución. Reacciones a la sentencia del procès Uno de los primeros en hablar ha sido Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones ha descartado la posibilidad de conceder indultos y ha garantizado el absoluto cumplimiento del fallo: “El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento, reitero, su íntegro cumplimiento”. Poco antes, el ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, había dejado bien claro que el Gobierno no tiene “voluntad” de “habler de indultos”. El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha reprochado la negativa del PSOE a conceder indultos: “En España se indultó a los terroristas Barrionuevo y Vera, al jefe del golpe de Estado del 23F Armada y el Supremo llegó a pedir el indulto a Tejero. Que Sánchez hable de cumplimiento íntegro es una prueba más de su apuesta por gobernar con el PP”. El mensaje marca las distancias entre ambas formaciones y es la muestra de por qué no llegaron a un acuerdo en septiembre. En España se indultó a los terroristas Barrionuevo y Vera, al jefe del golpe de Estado del 23F Armada y el Supremo llegó a pedir el indulto a Tejero. Que Sánchez hable de cumplimiento íntegro es una prueba más de su apuesta por gobernar con el PP — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) October 14, 2019 Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, tras conocer la sentencia ha dicho que “quien la hace la paga”, al tiempo que ha mostrado su respeto y acatamiento. También se ha dirigido a los catalanes que han sufrido el procès: “No estáis solos, las instituciones funcionan y la ley se impone”, ha dicho. Albert Rivera también ha comparecido este lunes para decir que hoy “se ha hecho justicia” y ha pedido el “cumplimiento íntegro de la sentencia”

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