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Tras las elecciones generales del 28 de abril, Felipe VI cumplió una de las escasas funciones constitucionales tasadas que la Carta Magna le atribuye: realizó una ronda de consultas con las organizaciones con representación parlamentaria que quisieron acudir a despacho con el jefe del Estado y, con posteridad, propuso a través de la presidenta de las Cortes a un candidato con posibilidades que será sometido a la preceptiva moción de investidura. Como es bien sabido, la persona designada es la que encabeza el partido que más escaños obtuvo, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. Si Sánchez es investido, en primera o en segunda votación de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, a partir del lunes, día 22, “el Rey le nombrará presidente”. En caso contrario, “se tramitarán sucesivas propuestas” por el mismo procedimiento: ronda de consultas y nueva sesión de investidura. En todo caso, la presidenta del Congreso, Meritchell Batet, informará personalmente al Rey del éxito o el fracaso de la primera tentativa de investidura, y, como ha explicado Sánchez, su candidatura decaerá automáticamente si no resulta investido. En esta hipótesis, el plazo para proceder a la investidura se agotará dos meses después del 23 de julio, fecha de la primera votación de investidura, y corresponde al Rey decidir, tras pulsar lógicamente las opiniones predominantes, si se repite la intentona con el mismo o con otro candidato, o se deja consumir el plazo de dos meses que concede la Constitución (art. 99.5 CE) y que se cumpliría el 24 de septiembre. En este caso, el 23 de septiembre se disolverían las Cortes y el BOE publicaría un real decreto de convocatoria de nuevas elecciones para el 10 de noviembre, 47 días después del día 25 de septiembre. Felipe VI difunde una idea de continuidad institucional Las conversaciones del jefe del Estado con los representantes de los partidos políticos no son públicas, pero previsiblemente Felipe VI mantiene rigurosamente en esta secuencia su exquisita neutralidad, sin sugerir ni aconsejar, y desde luego sin tratar de mediar o de influir. Pero su sola presencia ordena el proceso, que queda marcado por su auctoritas, y difunde una idea de continuidad institucional que no es operativa pero sí evidente, y que afirma ante los ciudadanos la idea tranquilizadora de que el Estado persiste inmutable a pesar de las vacilaciones de la clase política, de su dificultad para otorgar la prevalencia al interés general, de su obscena dificultad para entenderse, más allá de los intereses particulares de cada cual. Todo este proceso tiene una traducción plástica, un relato mediático, que forma parte de la proyección exterior de nuestro país pero también de la realidad interiorizada por cada ciudadano y por el conjunto de todos ellos. Quiere decirse que, en buena medida, el hecho tranquilizador de que llevemos aquí cuatro años sumidos en una inestabilidad inaceptable por causa de la incompetencia general de la clase política (es una descripción objetiva, no una crítica subjetiva) sin que el país se derrumbe, la economía falle, las instituciones se agrieten y la supervivencia moral y física se vea amenazada, se debe precisamente a que estamos sólidamente asentados sobre un firme fundamento institucional complejo, en cuya base está la Constitución, garantía de convivencia, y en cuyo vértice se encuentra la Corona, cabalmente descrita como “símbolo de la unidad y permanencia” del Estado por el artículo 56 de la Constitución. República y Monarquía La forma de Estado no es el elemento esencial de una democracia. Hay repúblicas admirablemente organizadas como la canadiense o la norteamericana, y hay monarquías extraordinarias como la británica o la holandesa, y, por qué no, la española, pese a sus vicisitudes y a la relativa juventud de nuestra última Constitución. Y esta evidencia permite afirmar que ambos modelos tienen ventajas e inconvenientes, de modo que lo inteligente es aprovechar aquellas y minimizar estos. En nuestro caso, la Corona es el referente de la necesidad de supeditar el juego de partidos al bien común y el recordatorio de que, más allá de los distintos elementos en juego —las clases sociales y los territorios— hay un Estado que a todos nos abarca y cuya prosperidad hay que distribuir también cabalmente entre todos. El soberanismo catalán está estos días irritado con nuestra Monarquía porque, tras el desmán del 1-O, el Rey tuvo el atrevimiento de recordar el acatamiento debido a la Constitución y la irrenunciabilidad del sistema al imperio de la ley. Felipe VI pronunció un duro discurso en el que acusó a determinadas autoridades de Cataluña de "vulnerar de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible”, recordó que "es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña". La Corona y el soberanismo Frente a aquella toma de posición, la cámara autonómica aprobó días después una resolución en que, de un lado, rechazaba y condenaba “el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017" y, de otro lado, reafirmaba “el compromiso con los valores republicanos” y apostaba “por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía". El Gobierno decidió plantear recurso de inconstitucionalidad —pese a que el Consejo de Estado lo desaconsejaba por no tener aquella declaración fuerza jurídica alguna— por considerar que la proclama podía suponer una reanudación del ‘procés’. El TC, por unanimidad, ha dado la razón al Gobierno y ha anulado los párrafos clave de aquella resolución. Frente al disparate político, el rigor jurídico es la mejor arma. Ya se sabe que las críticas a quien representa la unidad que a los separatistas incomoda son afectadas, poco relevantes, pero el hecho de que se hayan emitido con una contundencia que ha hecho reaccionar a la institución que garantiza la recta interpretación de la Carta Magna significa que la Corona ha estado donde debía: referenciando el compromiso que tenemos todos con las reglas de juego que libérrimamente nos hemos dado. En el campo de la política diaria, la intervención neutral del Rey, en este caso Felipe VI, en la formación de los gobiernos es, o debería ser, una incitación simbólica a la puesta en tensión de las reglas de nuestro régimen, que necesita la formación de mayorías de gobierno, resultado de la puesta en común de intereses no siempre coincidentes. En cualquier caso, es en los periodos de inestabilidad como el que comenzó en diciembre de 2015 —tres elecciones generales se han celebrado desde entonces— cuando más valor adquiere el sentido de continuidad de la monarquía, que es la pista sobre la que desliza el proceso político. Y es esta presencia discreta la que confiere a nuestra política densidad y prestancia a los ojos de la comunidad internacional, y la que evita que España transmita en estos periodos las sensaciones decadentes que emanan del caos. El hundimiento de Italia, pongamos por caso, por su grave inestabilidad, es un ejemplo de lo que se quiere decir.

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