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Las próximas elecciones autonómicas catalanas contienen una importante carga política que destaca de los antagonismos habituales. El saldo relevante de la consulta no será la correlación de fuerzas entre independentistas y no independentistas, ni entre partidos de derechas y partidos de izquierdas, sino entre pragmáticos y rupturistas, entre partidarios de que el conflicto catalán se resuelva en el marco del estado de derecho o fuera de él (en este caso, por vías inaceptables en una democracia consolidada e intachable que cuenta con plena homologación internacional). La disputa tendrá lugar entre quienes claman “lo volveremos a hacer” y los que piensan que ahora se trata de abrir un periodo de negociación y diálogo para alcanzar civilizadamente un statu quo que pacifique la situación y devuelva la normalidad y la gestión a Cataluña. En definitiva, estos últimos apostarían por la vía creativa y discreta que eligió el PNV cuando se le cerraron las puertas del ‘plan Ibarretxe’. Como es sabido, los principales actores del nacionalismo catalán son ERC y los partidos que se disputan la herencia de CiU, la gran coalición de centro-derecha que estalló al descubrirse el espectacular escándalo de corrupción que había protagonizado la familia del propio president Pujol. Fuera de este esquema, apenas se hallan la CUP, un partido-movimiento de izquierdas y soberanista, y el PNC, una formación nueva encabezada por Marta Pascal, que sigue la senda del PNV. ERC, implicada en la intentona soberanista del 1-O y en la redacción de las leyes de desconexión anteriores, había desempeñado un papel secundario en la política catalana hasta que, durante la segunda legislatura de Aznar, cobró envergadura, y, tras conseguir un gran resultado en las autonómicas de 2003, formó con el PSC y con IC el tripartito encabezado por Maragall que acometió la reforma del Estatuto de Autonomía, conducida al fracaso por la oposición de la derecha y truncada bajo presiones exorbitantes por el Tribunal Constitucional. Hoy, el indiscutible líder de ERC, Junqueras, está en prisión, cumpliendo una pena de 13 años por sedición, impuesta por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Junqueras es también, según el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO, el CIS catalán) de la Generalitat, el político más popular de Cataluña. La antigua CiU se ha fragmentado, y actualmente tiene dos cabezas visibles. La una es la del prófugo Puigdemont, quien en un artículo ha mantenido hace escasas semanas la tesis de que la independencia de Cataluña sólo se logrará mediante una ruptura de la legalidad; este está al frente de JxCat, que concurrirá a las elecciones bajo el liderazgo de Laura Borràs. La otra es la del expresidente de la Generalitat Artur Mas, quien permanece al frente del PDeCAT tras la migración de una parte de su militancia a la formación de Puigdemont. En este contexto ciertamente confuso, ERC y el PDeCAT han apoyado los Presupuestos Generales del Estado 2021, lo cual, aunque no supone ni mucho menos una claudicación ideológica ni un reconocimiento del error cometido, sí representa, se mire como se mire, una concesión al pragmatismo, un guiño a la posibilidad de reintegrarse, en ciertas condiciones, a la legalidad constitucional, que incluye en el Título X C.E. unos conocidos cauces internos de reforma (los que ya se exploraron con el Plan Ibarretxe en Euskadi, que fracasó pero que sentó un precedente útil que podría ensayarse si se dieran las condiciones). La irreductibilidad queda, pues, reducida a la fuerza de Puigdemont y a grupos radicales La postura de la izquierda nacionalista y de un sector de la derecha del mismo signo sugiere en definitiva la existencia de una posibilidad negociadora que habrá de incluir la situación de los presos. De unos presos que no podrían ser indultados si previamente no expresasen su voluntad de no romper de nuevo la legalidad constitucional. Pero como ha dicho atinadamente el ministro Ábalos al referirse a las medidas de gracia, “hay que aliviar tensiones en Cataluña”. Porque, como ha reconocido recientemente Pedro Sánchez, las dos partes del contencioso tienen alguna culpa en el desentendimiento global. Illa cambia la conversación Cuando la suerte parecía echada y se hubiese podido decir que las cartas estaban todas en manos de los jugadores, ha irrumpido en escena Salvador Illa, el ministro de la pandemia, un personaje sumamente popular, y para bien, según acredita la mencionada encuesta —en Cataluña, tan solo tiene por encima a Junqueras, que está en prisión—, en un país en que el aprecio y la consideración de los ciudadanos a su clase política son perfectamente descriptibles. La razón de tal opinión positiva es compleja, pero está seguramente basada en un solo y fundamental elemento: Illa es un hombre tranquilo, un político pacíficamente consciente de su destino, y que está dispuesto a alcanzarlo haciendo su trabajo y sin prestar oídos a los que tratan de desorientarle. Su irrupción súbita, por sorpresa, en la carrera catalana, con el entusiasmo de su partido, introduce un elemento innovador: es patente que el PSC ya no solo aspira a obtener un buen resultado sino también a ganar las elecciones, en cuyo caso el panorama político catalán experimentaría un gran cambio en los equilibrios fundamentales. Hasta su designación por el PSC como cabeza de lista, Illa era el representante del PSC en el Gobierno, como secretario de Organización de la formación catalana, en la que milita desde hace muchos años, hasta llegar a ser el número dos de Iceta. La cartera de Sanidad, escasa de competencias, había de resultarle un trabajo cómodo para compatibilizarlo con su función en el PSC, ya que la cuestión catalana sigue siendo primordial para el PSOE (y para cualquiera que tenga cierto sentido de responsabilidad en este país). Pero surgió la pandemia, e Illa se encontró con la oportunidad de su vida, en forma de una responsabilidad tremenda, dura de sobrellevar. E Illa se puso manos a la obra, con una probidad y un esfuerzo rayanos en la abnegación, consiguiendo controlar un dramático proceso que había que gestionar sobre la marcha, cuyo desarrollo se desconocía por completo y para el que contaba con la opinión técnica de unos funcionarios y de unos expertos que tampoco tenían experiencia alguna en la insólita pandemia. Desde primera hora, el Gobierno hizo partícipes a las comunidades autónomas de las decisiones que se fueron adoptando, para lo cual el consejo interterritorial se reunió decenas de veces. Y se acabó poniendo en marcha el estado de alarma para cubrir jurídicamente un confinamiento que había de ser la clave de la contención. Las fuerzas políticas no dieron un espectáculo edificante en su pugna por rentabilizar la pandemia, pero Illa estuvo siempre en su sitio. Se equivocó y acertó al mismo tiempo. Como todos los gestores del acontecimiento en todo el mundo, que han pasado del éxtasis glorioso a las puertas del infierno en semanas. Illa ha sido elogiado, pero, sobre todo, insultado y descalificado; el expresidente Torra denunció ante la BBC el confinamiento; Ayuso ha desbarrado continuamente al graduar su relación con él… Y nunca ha entrado al trapo. Jamás ha dicho una palabra más alta que otra. Dicho esto, la elección de Illa para encabezar el PSC —el centro izquierda no soberanista catalán— es una magnífica idea (y un gesto de generosidad de Iceta, quien hubiera podido ser el candidato si se hubiera empeñado). Primero, porque su llegada cambia la conversación preelectoral en Cataluña: el procés pasa a segundo término: Illa viene de la gestión, de una gestión descomunal, no se ha significado apenas en el debate público soberanista (aunque su posición es clara) y tiene autoridad para denunciar el desgobierno catalán, la incapacidad del nacionalismo para actuar con sentido federal, para proclamar la necesidad de que Cataluña resucite y se reconcilie internamente. Y, segundo, porque Illa conecta perfectamente con los votantes históricos del PSC, les habla con normalidad en castellano —allá donde parece blasfemo hacerlo, en prueba de flagrante estulticia— y genera una ilusión progresista, trabajadora, socialdemócrata, que los socialistas habían perdido ya en tiempos de Maragall. Además, este cambio en el guion preelectoral proviene, evidentemente, de la convicción de que no todo está escrito el 14F, y de que el PSC juega no sólo a participar, sino también y sobre todo a ganar. Con sus propios votos, con los de los desencantados de Ciudadanos (formación que ha perdido el norte en la comunidad catalana y en el Estado) y, por descontado, de los Comunes, que no han estado a la altura en Cataluña. Si el PSC gana con claridad, será muy difícil que la izquierda nacionalista se alíe con el conservadurismo burgués del pospujolismo, que además está hecho añicos internamente, para gestionar una utopía cada vez más desacreditada. Así las cosas, la irrupción de Illa no sólo es un golpe de efecto sino también, y sobre todo, un envite muy fuerte y esperanzador en el póquer catalán. No parece fácil esta vez intentar la formación de una alianza semejante a la del tripartito, si los números la permitieran, pero si se confirma que ERC rebasa a JxCat y logra la presidencia de la Generalitat (el candidato, con Junqueras en la cárcel, será el actual presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès), podría iniciarse una nueva etapa de concordia que reduzca la confrontación dialéctica todavía viva y abra un periodo de cooperación en un ámbito crecientemente federal. El gran obstáculo para este deslizamiento positivo será la insistencia de Puigdemont en la vía rupturista, revolucionaria, que tiene sus adeptos. Es evidente que si la Cataluña oficial acepta el principio de negociación con el Estado, él queda descolgado, ya que su regreso a España no sería pacífico: es un prófugo que ingresaría en prisión para ser juzgado en cuanto pusiera pie en territorio español. En definitiva, Puigdemont, por interés puramente personal, dará la batalla contra cualquier arreglo. En manos de quienes están recuperando el seny en Cataluña está el evitar que tenga éxito.

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