Sector industrial | Analytiks

El turismo ha sido el motor principal del desarrollo económico de este país. A costa de devastar muchos paisajes y de una explotación irracional de los recursos, el régimen anterior, tras renunciar a la autarquía, emprendió con éxito una carrera desarrollista que, en cierta medida, contribuyó a su propia destrucción, ya que una sociedad evolucionada como la nuestra no era capaz de resistir callada las abominaciones de la anacrónica dictadura, que resistía patéticamente en medio de una Europa moderna y próspera que le daba la espalda. No es cosa de lamentar ahora el pretérito, pero sí de dolerse que en los cuarenta años largos de esta democracia no hayamos sido capaces de rectificar lo suficiente aquella andadura primigenia: seguimos hoy dependientes del turismo como el primer día, con la particularidad de que las crisis nos afectan más que a otros y de que nos costará esta vez sangre, sudor y lágrimas dejar atrás los efectos de una inesperada pandemia, que nos está causando un quebranto económico mucho mayor que el que nos afectaría si nos hubiéramos tomado la molestia de ir mejorando el modelo de crecimiento, incorporando actividades de mayor valor añadido, formando mejor a la sociedad para tareas más nobles e impidiendo que un monocultivo peligroso e inestable pudiera amargarnos un día la vida hasta extremos inimaginables. La conquista de la complejidad Según Hidalgo y Hausmann (2009): “la Complejidad Económica es una medida del conocimiento en una sociedad tal como se expresa en los productos que fabrica. La complejidad económica de un país se calcula en función de la diversidad de las exportaciones que produce un país y su ubicuidad, o el número de países que pueden producirlas (y la complejidad de esos países)”. En definitiva, los países que son capaces de mantener una amplia gama de conocimiento técnico y productivo vinculada a la generación de productos complejos que exporta, son los que tienen conocimiento más intensivo. El índice de Complejidad Económica (ECI) de la Universidad de Harvard es una medida de la intensidad relativa de conocimiento de una economía. También ha sido definido como “una medida de la sofisticación de las capacidades productivas de un lugar basada en la diversidad y la exclusividad de sus sectores productivos o sus exportaciones”. Expresado en términos más vulgares, el referido índice mide las capacidades productivas de una economía a través del conocimiento incorporado a los bienes y servicios que produce. Este conocimiento se encuentra implícito en las tecnologías que emplea y en la capacidad de las empresas y las personas para trabajar con ellas. Cuanto más alto es el valor del índice, el crecimiento del PIB per cápita es mayor y las desigualdades de renta y las emisiones de dióxido de carbono son menores. También podría concluirse esta exposición afirmando que los países que más invierten en I+D+i, mayor índice de complejidad consiguen. Según un trabajo de Emilio José González, profesor de Economía de la Universidad de Comillas, publicado en The Conversation, entre 1998 y 2018 el valor del índice de complejidad económica de España se ha reducido de 1,01 a 0,85. “Como consecuencia de ello, España ha caído en ese tiempo del puesto 19 en complejidad económica al 33. Nuestro país ha sido superado por naciones como República Checa, Eslovenia, Hungría, Eslovaquia, México, Polonia, Estonia, Malasia, Arabia Saudí, Tailandia, Rumanía, China y Lituania. India y Vietnam se están acercando”. En una primera aproximación, esta situación ingrata se debe a que España ha prosperado mucho en turismo y en servicios, actividades de bajo valor añadido, y ha retrocedido en industria y, en general, en actividades vinculadas al progreso tecnológico. Con unas consecuencias que no son en absoluto inocuas: con una complejidad menguante, los salarios tienden a bajar, con lo que las clases medias se devalúan y proletarizan, de forma que crece la desigualdad. Con los salarios bajos, se reducen la recaudación fiscal y las cotizaciones sociales que financian las pensiones —de ahí los problemas para asegurar su sostenibilidad—, la sanidad pública, la educación y el resto de las prestaciones y servicios sociales. "En consecuencia —escribe Emilio J. González—, el mantenimiento del Estado del bienestar pasa, necesariamente, por aumentar la complejidad de nuestra economía". En crisis como las actuales, estos sectores poco complejos, que son grandes canteras de empleo femenino y juvenil, se degradan en primer lugar, con consecuencias desequilibrantes sobre el sistema económico. Para salir del pozo actual, y hacerlo buscando no tan sólo recuperar lo perdido sino obtener una realidad más moderna y boyante, este país debe apostar por una mayor complejidad, lo que pasa por un proceso de mejora de la formación —esta es la base de cualquier acción posterior—, por la economía digital y por la transición ecológica hacia energías más limpias que culminen en una competa descarbonización. Emilio J. González recomienda que se busquen las fortalezas que tiene nuestro país para explotarlas, en lugar de persistir en el error de aferrarse a actividades de bajísima productividad. Y remite al informe "10 tecnologías emergentes para impulsar a España" (2020) elaborado por la Cátedra de Ciencia y Tecnología de la Fundación Rafael del Pino. Entre ellas se citan la inteligencia artificial, la edición genética, la seguridad digital, el internet de las cosas, los materiales fotoactivos avanzados, la energía distribuida, los datos de satélites para la toma de decisiones, las nuevas tecnologías para combatir el envejecimiento, las energías renovables y el blockchain. España tiene investigadores y centros de renombre en todas estas especialidades, que despegarían si existiera una verdadera política industrial, engarzada en una idea cabal e intensa de modernización. La enfermedad holandesa En 1959, se descubrió en Groningen, en el noroeste de Holanda, un gran yacimiento de gas natural, el décimo del mundo, que en 1963 se puso en explotación, con la consiguiente generación de riqueza para el país. Pero una década después, The Economist publicó un célebre y resonante artículo titulado “Dutch Disease” —La enfermedad holandesa— en el que se analizaba el impacto del gas natural en la economía del país. Holanda había creado mucho empleo en la industria gasística y el sector servicios, pero había decrecido notablemente el sector industrial. El país se había centrado en la extracción y comercialización de recursos, creándose numerosos empleos en sectores poco competitivos porque eran generadores de escaso valor añadido. De todo esto ha hablado Roger Senserrich recientemente. Esta reflexión se puede trasponer relativamente a España, donde evidentemente no se ha encontrado gas natural caído del cielo. En nuestro país, lo que nos ha llovido generosamente de lo alto ha sido el turismo, a causa de sus indudables bellezas naturales, del acervo cultural que hemos acumulado, de su posición geográfica estratégica y de su envidiable clima. Teníamos, en fin, al alcance de la mano el negocio turístico, que corrió por cierto serio peligro durante la etapa desarrollista del franquismo porque se descuidó el cuidado medioambiental y la protección de los tesoros paisajísticos, pero que en la última fase de la dictadura y en toda la etapa democrática se ha expandido hasta hacer de nuestro país el segundo país más turístico del mundo: 82,7 millones de visitantes llegaron en 2018. Por encima está Francia y por detrás de España se sitúan EEUU, China e Italia... Además, el turismo se ha convertido en el sector que más riqueza aporta a la economía española, con un total, en 2018, de 176.000 millones de euros anuales que representan el 14,6% del PIB además de 2,8 millones de empleos, según un informe elaborado por la asociación empresarial World Travel & Tourism Council (WTTC). El sector servicios de mercado en su conjunto representó más del 49% del PIB en 2018. Paralelamente, la industria española se tambalea: ya solo representa el 16% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 18,7% que suponía en el año 2000, alejándose así del objetivo marcado por la Unión Europea de que el sector industrial suponga el 20% el PIB en 2020, según datos aportados por el último Barómetro Industrial 2019 elaborado por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) y el Consejo General de Economistas (CGE). La caída de la industria manufacturera, que excluye a la construcción, ha sido aún mayor, ya que pasa del 16,2% al 12,6% en los últimos ocho años. Y el sector industrial produce empleos fijos, a jornada completa y bien remunerados. Esta sobreabundancia del turismo ha sido en cierto modo providencial, pero las dos crisis del siglo XXI han puesto de manifiesto con crudeza la mala calidad del empleo turístico y su precariedad. En cierta manera, tenemos que lamentar que nuestro país haya encontrado tantas facilidades para desarrollarse con el cuasi monocultivo turístico, el que por añadidura predomina el de peor calidad, el turismo de sol y playa. Los países con menos recursos naturales —Suiza podría ser el paradigma— han sido históricamente los que han tenido que desarrollar su inteligencia para desarrollarse y destacar. En cambio, los que han alardeado de haber sido señalados por el dedo divino de la abundancia, se han arruinado con frecuencia y han sido incapaces de prosperar. Los países con menos recursos naturales —Suiza podría ser el paradigma— han sido históricamente los que han tenido que desarrollar su inteligencia para desarrollarse y destacar. En cambio, los que han alardeado de haber sido señalados por el dedo divino de la abundancia, se han arruinado con frecuencia y han sido incapaces de prosperar. El fin de la era del carbono convertirá en un erial a los países productores de petróleo que no han sido previsores y no han sabido diversificar. Durante mucho tiempo —ya hemos escrito sobre ello— se pensó que la mejor política industrial es la que no existe, pero hoy las cosas han cambiado: la propia UE fomenta la expansión de las manufacturas y España debería impulsar la industrialización mediante los resortes de que dispone cualquier Estado: políticas fiscales, inversión en I+D y formación adecuada. Es obvio que no se trata de desechar el turismo, ni mucho menos, pero sí de reconvertirlo, primero, y de avanzar en actividades más productivas, generadoras de mejor empleo, después. El informe Elcano 28 En julio, el Instituto Elcano, una entidad prestigiosa en este erial de instituciones intermedias que es España, publicó un informe titulado “¿Recuperación o metamorfosis? Un plan de transformación económica para España”, elaborado por Federico Steinberg, Miguel Otero Iglesias y Enrique Feás, con la colaboración de José Pablo Martínez, Elena Pisonero, Carlos Martínez Mongay, José Moisés Martín Carretero, Gonzalo García Andrés y Rafael Doménech. Steinberg, el primer firmante, es profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid y Asesor Especial del Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell. El informe en cuestión mantiene la tesis de que, antes de la pandemia, este país necesitaba una transformación integral del sistema productivo hacia una economía más verde, más digital y más sostenible. Y con mayor razón habrá que hacer tal cosa tras la pandemia, con la dificultad añadida que supone la crisis a la que tenemos que enfrentarnos. La mudanza queda plásticamente dibujada con ese párrafo de la introducción al informe: “España deberá hacer una transición hacia ese nuevo modelo en un contexto internacional muy complejo, en medio de una crisis del multilateralismo y un nuevo orden multipolar aún por definir, unos nacionalismos y populismos pujantes, una crisis existencial del modelo europeo y una economía con posibles tensiones financieras, alto riesgo de deflación, bajo crecimiento y finanzas públicas exhaustas. Se trata de cambiarle el motor a un coche en marcha mientras circula por una carretera estrecha junto a un acantilado”. El informe en cuestión sostiene la tesis de que la crisis, que se ha desarrollado en el marco de un multilateralismo en decadencia, ha puesto de manifiesto que la globalización y la interdependencia económica pueden también ser factores de vulnerabilidad, sobre todo en lo concerniente a determinados países, como España. Algunas de las razones de esta vulnerabilidad son externas a España (el turismo, tan relevante en nuestro país, es incompatible con el confinamiento y obviamente, su demanda no es acumulable; el sector del automóvil estaba en proceso de una intensa transformación antes de la pandemia, etc.) pero otras sí son la consecuencia de deficiencias estructurales. Y el informe cita, en primer lugar, la fragilidad laboral, social y de género (alta tasa de desempleo, precariedad del trabajo, brecha de género). En segundo lugar, la brecha digital, que ha incidido en un sistema educativo que no generaba la suficiente igualdad de oportunidades y que ha realzado la gran desigualdad al suscitarse la enseñanza por vías telemáticas. Y en tercer lugar, la fragilidad financiera que, en la eurozona, no es ni muchos menos homogénea. No cabe duda de que el plan de reconstrucción de 750.000 millones de euros (que todavía no se había acordado cuando salió a la luz el informe de Elcano) paliará este desastre pero no lo resolverá del todo; y habrá que ver si esas cantidades, que hoy parecen astronómicas, son suficientes para resolver un problema mucho más grave de lo que se imaginó al comienzo. A la hora de las soluciones, los autores del Informe defienden “que España debe salir de esta crisis apoyada en el comercio internacional y el multilateralismo, en una Europa solidaria y cohesionada, y en un marco político nacional dispuesto a transformar el modelo productivo en plena coordinación con el sector privado”. En concreto, España “deberá lograr un contexto político de consenso para transformar el modelo productivo español dentro del marco europeo, cambiando el centro de debate desde la “recuperación” a la “transformación”. Para ello deberá garantizar que los fondos europeos generen el mayor impacto económico y social posible, mejorando el entorno de ejecución y gestión, priorizando inversiones, y consolidando una cartera de proyectos con la suficiente calidad y la asistencia técnica imprescindible”, en los que la transformación digital y la sostenibilidad medioambiental han de ser los factores de base. En estos términos, que son semejantes a los que ha sostenido la vicepresidenta económica Nadia Calviño, cuyo papel en el logro de las ayudas europeas está fuera de duda, no debería ser imposible una cooperación entre gobierno y oposición moderada para sacar a este país del atolladero y lograr, además de la reconstrucción, la necesaria metamorfosis hacia la modernidad.

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