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La VII legislatura española, 2000-2004, con José María Aznar disfrutando de mayoría absoluta, produjo la ruptura de los equilibrios políticos internos que se habían mantenido en la política española desde 1982, basados en una serie de consensos PP-PSOE (territorial, en materia de política exterior, etc.), en una moderación en las formas y en la cooperación pacífica con los nacionalismos periféricos, especialmente CiU, que aseguraban la gobernabilidad. En 2000, Aznar, después de una legislatura en la que pudo gobernar gracias a la benevolencia de CiU, rompió los puentes con sus aliados, y aquella política de mano dura propició una subida vertiginosa de ERC en Cataluña (pasó de 12 a 23 escaños), que fue en gran medida un voto contra Aznar, contra Madrid. En 2003, en medio de una gran crispación, el PSC de Maragall aventajó en votos a CiU en las autonómicas catalanas y ERC, con Carod-Rovira al frente, se decantó por formar un tripartito con los socialistas y con ICV-EUiA de Joan Saura, que se formalizó a través del Pacto del Tinell, que contemplaba la reforma del Estatuto de Autonomía y que incluía como anejo una cláusula que excluía la posibilidad de cualquier pacto de gobierno o de legislatura de los firmantes con el PP, tanto en la Generalidad como en las instituciones estatales. Por aquellas fechas empezó a cobrar cuerpo un generalizado sentimiento de agravio de Cataluña con respecto a España, al que no fue ajeno el PSC de un Maragall, que por algún momento pareció convertido al nacionalismo más eufórico. Maragall en persona encabezó el pleito político con el Estado basado en las balanzas fiscales, una tesis que aseguraba que Cataluña estaba siendo objeto de un claro expolio, que incluso le hacía perder lugares en el ranking de renta per capita por comunidades autónomas. La Fundación Josep Irla, vinculada a ERC, aportó unos análisis de balanzas fiscales, calculadas tanto por el método del flujo monetario como por el del flujo del beneficio, que parecían acreditar aquel abuso, pero otros cálculos —de la Fundación BBVA y del propio Estado español— descartaron que existiera aquella injusticia estructural. En cualquier caso, la sociedad catalana sí percibió un maltrato subjetivo —se podrá discutir si con razón o sin ella—, que se manifestaba en forma de escasa inversión en infraestructuras, imposición de excesivos peajes frente a otros territorios, etc. A partir de 2003, año en que se retiró Pujol de la política activa y arrancó el tripartito, no cabía hablar de pulsión independentista todavía, pero sí se estaba generando el caldo de cultivo de una inquietante y generalizada desafección… que Maragall trató de zanjar mediante una profunda reforma estatutaria. Tan profunda, que acabó transgrediendo los límites de la constitucionalidad. En aquellos desarrollos se cometieron errores abultados que contribuyeron poco después a convertir la sensación de agravio y la irritación social en clara tensión separatista. En primer lugar, el presidente Rodríguez Zapatero, en lugar de acceder con cautela a las demandas cada vez más desaforadas de autonomía, dio alas a los más radicales; Maragall, en la plasmación de su “federalismo asimétrico”, desoyó a quienes le advertían de que sus tesis no se podían llevar a la práctica sin una previa reforma constitucional, e intentó en la práctica sustituir dicha reforma por la reforma estatutaria; finalmente, se alcanzó un acuerdo entre los promotores catalanes del Estatuto y la mayoría parlamentaria española encabezada por el PSOE y, tras el obligado referéndum de ratificación en Cataluña, se promulgó en julio de 2006 el nuevo Estatuto, que el PP (entre otros) recurrió ante el Constitucional. Cuatro años después, muy turbulentos y cargados de presiones sobre el Tribunal, en julio de 2010, el TC declaraba la inconstitucionalidad de una parte sustancial de la Carta catalana, lo que encendió las iras de los nacionalistas y de buena parte de la sociedad en general, que se sintió burlada. El PP había empezado en la comunidad autónoma el camino hacia su irrelevancia, pero el PSC-PSOE saldría también a medio plazo muy dañado por aquella irreflexiva aventura. El resto de la historia es conocida. Montilla alcanzó en 2006 la presidencia de la Generalitat tras las siguientes elecciones al frente del tripartito, y en 2010 ganaba claramente CiU con Artur Mas al frente, con 62 escaños frente a los 28 de Montilla. La abstención del PSC hizo posible el gobierno nacionalista, que emprendía su proceso de radicalización. Jordi Pujol ha explicado un histórico encuentro con el popular Jorge Fernández Díaz por aquellas fechas en que el jubilado líder nacionalista explicó al entonces ministro del Interior que ya “era tarde” para frenar el impulso independentista, y, en efecto, el proceso político condujo a la primera escaramuza soberanista, la consulta del 9 de noviembre de 2014 impulsada por Artur Mas, y al intento de referéndum de autodeterminación del primero de octubre de 2017, que dio lugar a una confusa declaración de independencia aquel mismo mes. El resto de la historia es conocida: como es lógico, las violaciones constitucionales han suscitado la actuación de los tribunales y ahora comienza un largo procedimiento en el Tribunal Supremo, de cuyo desenlace dependerá la solución política del conflicto. Un conflicto en que pugnan dos grupos sociales, casi equivalentes numéricamente, pero cuya entidad debe describirse para atinar en la solución. Se equivocaría quien simplificase en exceso el asunto y se limitar a observar que compiten entre sí independentistas y no independentistas, soberanistas y no soberanistas. La realidad es más compleja. En efecto, el independentismo, que representa algo menos del 50% de los electores está formado por los dos partidos democráticos históricos, conservador y progresista, que se han repartido tradicionalmente el hemisferio nacionalista, y a los que hay que añadir la CUP, una formación antisistema que aspira a la independencia de Cataluña no por razones étnicas y culturales sino para separarla de la comunidad occidental —la UE, la OTAN— y establecer un régimen autoritario. En el otro lado, el resto de la sociedad catalana no es ni mucho menos partidaria en bloque del mantenimiento del viejo statu quo: en su gran mayoría, está profundamente irritada con el mal funcionamiento, a su juicio, del Estado de las Autonomías, se siente discriminada y postergada por España, mantiene un profundo sentimiento identitario y exige cambios de calado en la instalación de la Comunidad autónoma en el conjunto del país. En otras palabras, los catalanes están indignados muy mayoritariamente con España, aunque sólo una parte de ellos quiera el divorcio. En este contexto, no es difícil entender que la solución del conflicto requiere mucha mano izquierda y un gran esfuerzo de razón y de voluntad. Y que se equivoca quien, para apaciguar a los separatistas, proponga arrasar la autonomía por un largo tiempo (el PP y C’s). Si se intentara tan cosa, buena parte de los moderados que hoy no secundan las locuras de Torra y que detestan la radicalidad de los separatistas, se aliaría con ellos porque la respuesta estatal indicaría que el nacionalismo españolista, otra vez burdo y vociferante, no ha entendido ni la naturaleza del conflicto ni la verdadera entidad de la reclamación. De hecho, lo que “Madrid” debe hacer es escuchar atentamente a los sectores del catalanismo político que se sienten frustrados por la marginación de Cataluña que han percibido durante décadas, y que sin embargo no están dispuestos a secundar a los extremistas. Todo esto conduce a un corolario obvio: si se opta por incendiar Cataluña, creyendo que así se aplacarán los extremistas y se conformarán quienes no respaldan el nacionalismo soberanista, se equivoca. Cataluña quiere preservar y potenciar su singularidad, recibiendo el debido reconocimiento y un trato justo del Estado, y sólo así se conseguirá que remitan, social y políticamente, los radicalismos separatistas.

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