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Desde su irrupción en marzo del año pasado, la gran pandemia ha sido convenientemente politizada por todos, entendiendo en este caso por politización el sometimiento del drama a los intereses particulares de los actores. Es triste, pero hay que reconocer que en general no ha prevalecido el sentido del estado sobre el manto caótico del drama. Y si esto ha sido así en el pasado, tanto más habrá de ocurrir ahora, en vísperas de las impertinentes elecciones madrileñas, convocadas por Ayuso pero provocadas por casi todo el arco parlamentario en momentos intempestivos. El 9 de mayo concluye el estado de alarma, y el Gobierno, con notable anticipación, ya ha dado a conocer que no ve necesario prorrogarlo. Cree que con la vacunación a toda máquina y las herramientas que proporciona la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, habrá suficiente para controlar la decisiva desescalada, sea cual sea el desarrollo de esta ‘cuarta oleada’ que aún podría incrementar su potencia amenazante pero que parece más contenida que otras veces, probablemente porque ya se empiecen a notar los efectos de la incipiente inmunización. Es evidente que la mencionada ley ya estaba en vigor cuando se decretó el primer estado alarma, por lo que cabría preguntarse por qué no valió entonces para tomar las medidas de seguridad necesarias y ahora sí resulta suficiente. La respuesta es simple: en aquellos momentos tan duros, en que ni siquiera había mascarillas ni material sanitario suficiente, se imponían el confinamiento de todos los ciudadanos y el cierre de las actividades no esenciales, unas medidas tan excepcionales y de tanta envergadura que era muy lógico que el Gobierno quisiera recurrir a los instrumentos legales que explícitamente le proporcionaba la Constitución. Ahora, nada indica que hayan de regresar aquellos confinamientos radicales, y habrá que adoptar medidas prudentes en lo concerniente a la libre circulación entre comunidades, al horario de apertura y grado de ocupación de establecimientos públicos, etc., decisiones que parecen ser susceptibles de ser adoptadas al amparo del art. 3 de la referida ley, que establece que «con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible». Así las cosas, el hecho chocante de que ahora pidan un nuevo estado de alarma precisamente los partidos que más objeciones pusieron a la declaración de los anteriores (y que a punto estuvieron de impedir más de una prórroga), da que pensar: ¿no será que quieren sacar tajada de unas nuevas medidas drásticas, que exasperen aún más a los exhaustos ciudadanos? El hecho chocante de que ahora pidan un nuevo estado de alarma precisamente los partidos que más objeciones pusieron a la declaración de los anteriores (y que a punto estuvieron de impedir más de una prórroga), da que pensar: ¿no será que quieren sacar tajada de unas nuevas medidas drásticas, que exasperen aún más a los exhaustos ciudadanos? Por más que se hagan esfuerzos para hallar buena fe en el proceloso mundo político, parece claro esta vez que también ahora se quiere explotar el éxito del fin de la pandemia, que en cualquier caso habría de ser atribuido primero a los científicos, antes que a los políticos. Sin vacunas descubiertas, fabricadas y en vías de inoculación, nos encontraríamos muy lejos de un desenlace rotundo y definitivo. Hay muchos muertos por medio, por lo que habría que huir en el análisis de frivolidades gratuitas, pero no puede silenciarse que resulta profundamente inmoral que los políticos se arrojen estos cadáveres a la cara, con el argumento de que había que optar entre la salud y la economía. Es muy cierto que se trataba de hallar un equilibrio razonable entre una reducción drástica de la movilidad que frenara los contagios y la supervivencia material y psicológica de la comunidad, pero ello no se ha cumplido en algún caso que el lector identificará fácilmente en que la laxitud se ha utilizado como cebo populista (y cuasi criminal, puesto que ha costado vidas). Por eso no es ahora aceptable que en estas vísperas electorales haya quienes pretendan atribuirse el mérito del encarrilamiento de la salud y de la economía, exhibiéndose los unos como auspiciadores de la actividad y la vida, y señalando a los otros como rígidos guardianes de una ortodoxia innecesariamente rigurosa y deprimente. No ha existido un forcejeo real entre la frivolidad del relajamiento pleno y la rigurosidad del confinamiento absoluto, por lo que la sociedad está obligada a abrir los ojos al acudir a votar, ponderando tanto las obras como las intenciones de los contendientes. Y seguro que también esta vez la ciudadanía hará honor a las expectativas: sorteará las trampas y votará con sabiduría y soltura. Vox, ¿decisivo en Madrid? Pablo Casado rompió pública y formalmente con VOX en octubre de 2020, cuando tuvo lugar la pretenciosa moción de censura de Vox contra Sánchez, apoyada tan sólo por los diputados de la formación de extrema derecha. Se encaró con Abascal para acusarle de suturar las fracturas del “Frankenstein” de Sánchez y le conminó a perder toda esperanza de “suplantar” al PP. Le aseguró que le había salido el “tiro por la culata” al disparar “contra el partido que le ha dado trabajo durante 15 años”. Aquella ruptura, muy notoria y explícita, colocó al Partido Popular en el ámbito de los partidos conservadores de Europa, lejos de los populismos que practica la derecha del Grupo de Visegrado en Hungría y Polonia sobre todo. La CDU/CSU alemana ha establecido un inflexible cordón sanitario en torno a la neonazi Alternativa para Alemania (AfD), y la derecha neofascista francesa de Le Pen (que convirtió al Front National en Rassemblement National), está igualmente aislada, como lo prueba el hecho de que, siendo el segundo partido del país, sólo consiga el poder local en Perpiñán, única localidad de Francia en que alcanza la mayoría absoluta. En la segunda vuelta de las presidenciales francesas, Macron se enfrentó a Le Pen (33,9%) con el apoyo de las derechas y las izquierdas democráticas, como ya le sucedió a Chirac en 2002: este, en segunda vuelta, logró un abrumador 82,2% frente al 19,9% de Jean-Marie Le Pen. El cordón sanitario a la extrema derecha no es, pues, un invento de algunos radicales demócratas españoles sino una práctica habitual en las más sólidas y prestigiosas democracias. La fractura de la derecha en España es fruto de dos vectores muy concretos: por una parte, la gran crisis 2008-2014 desprestigió a los partidos tradicionales, que no supieron prever ni resolver el terrible cataclismo que habían contribuido a desencadenar (la burbuja inmobiliaria fue una obra a cuatro manos de la clase política española). El “no nos representan” que se gritó hasta la extenuación en aquellos años no fue solo un eslogan: fue la oportunidad para otras opciones: el populismo de derechas y de izquierdas y el centrismo oportunista de Ciudadanos. Más tarde, C’s se desorientó y quiso ser la gran fuerza de derechas, lo que la ha llevado al borde de la extinción. Todo ello ha situado en posición muy comprometida al PP, que para arañar parcelas de poder ha tenido que apoyarse en Ciudadanos y en Vox, aceptando como hecho consumado la ‘foto de Colón’, aunque sin permitir la incorporación de Vox a los equipos de gobierno… salvo en Murcia, donde expulsados de Vox se han incorporado al Ejecutivo murciano en un episodio degradante de venalidad y falta de respeto al electorado. Pero ahora, el PP tendrá que enfrentarse a unos resultados delicados en las elecciones de Madrid, si las encuestas se confirman el 4 de mayo. Podría ocurrir que desapareciera Ciudadanos al no alcanzar el 5% de los sufragios y que PP y Vox sumaran mayoría absoluta. En este caso, aunque cupiera hablar de victoria de Díaz Ayuso, la situación sería muy delicada para Casado… quien probablemente no tendría más remedio que autorizar esta alianza porque una parte de sus propios electores no entendería otra cosa… A menos, claro está, que prevaleciera el sentido del Estado de los grandes actores. Si las cosas fueran de este modo, si Ayuso se quedase al borde de la mayoría absoluta y le cupiera la posibilidad de alcanzarla con Vox, el PSOE debería brindarle el Gobierno en minoría al Partido Popular, absteniéndose una parte de sus diputados en la investidura y pactando PP y PSOE un sistema de cogobernanza, sin entrar por supuesto los socialistas en el Ejecutivo pero negociando unos márgenes de autonomía para el PP. Todo para impedir que Vox entrara en el Gobierno, para descrédito de la comunidad autónoma y del propio PP. En 2002, los socialistas y los comunistas franceses pidieron sin avergonzarse el voto para el conservador Jacques Chirac, y la Francia democrática obedeció la consigna. Hoy es posible que estemos en una posición parecida, y el PSOE debería asumir un grave compromiso moral en este asunto. Sé que la propuesta es polémica, quizá porque no es tan descabellada como puede parecer a primera vista.

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