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Brexit: ¿Somos realmente libres al votar?

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La importante injerencia de la compañía inglesa en las elecciones americanas y el referéndum del Brexit hacen replantearse si las democracias occidentales cumplen con las garantías en materia de transparencia y limpieza que se espera de ellas.

Todo empezó en el año 2013. El republicano Robert Mercer y Steve Bannon crearon Cambridge Analytica, con una inversión de 15 millones de euros. Su nombre se debe a la contratación de investigadores de la Universidad de Cambridge para desarrollar su herramienta de análisis de datos.

Usando técnicas de microtargeting de comportamiento basados en la escala OCEAN de rasgos de personalidad, la empresa es capaz de predecir, casi al milímetro, la respuesta emocional de los sujetos a estímulos como ciertas noticias, temáticas y argumentos. Cambridge Analtytica usó este método para crear anuncios políticos dirigidos a multitud de cuentas de Facebook, obteniendo muchos de sus datos de forma fraudulenta, tras ser contratada por las campañas de Donald Trump o de los partidarios del Brexit en Reino Unido, entre otros.

El escándalo producido tras la publicación del modo de proceder de la empresa, que ha llevado al mismo fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, a declarar en el Congreso de los Estados Unidos, ha puesto de manifiesto un factor clave y hasta ahora desconocido en el sistema político actual, planteando cuestiones éticas de carácter profundo y poniendo en duda la calidad de las democracias occidentales como pocas veces se recuerda.

En primer lugar, debe destacarse que el uso del big data para obtener datos sociológicos puede ser una herramienta muy útil y revolucionaria en el ámbito de la empresa, aportando valor, no solo a los publicistas o desarrolladores del producto, sino a los propios clientes, que ven cumplidas sus expectativas de una forma mucho más precisa.

Sin embargo, unas elecciones democráticas deben presentar unas garantías que trasciendan la ética de la publicidad empresarial. Pese a que la propaganda electoral entra dentro del juego, todas las partes implicadas deben tener las mismas condiciones y posibilidades.

La demostrada influencia de Cambridge Analytica en varios procesos electorales de las democracias occidentales hace preguntarse hasta qué punto informarse a través de las redes sociales puede satisfacer el derecho a la información libre y veraz que se contempla en multitud de legislaciones internacionales, incluida la española.

Aunque la actividad de la consultora de datos ha salido a la luz tras las campañas a favor del Brexit y la presidencia de Donald Trump, España no se queda atrás. El diario El País desveló hace pocos días cómo Cambridge Analytica mantuvo una reunión con el partido ultraconservador Vox. Además, el representante de la compañía en nuestro país sostiene haber mantenido contactos con el personal del PSOE, Ciudadanos y Podemos, aunque los partidos niegan que representantes autorizados se hayan reunido con la consultora. El mismo representante de la compañía ha confirmado que Cambridge Analytica lleva dos años ejerciendo en España, en los sectores comercial, político y de defensa, si bien los acuerdos de confidencialidad de los contratos impiden revelar los nombres de los clientes.

Por tanto, todavía es un misterio si la consultora usó datos personales de ciudadanos españoles para incidir en las elecciones o en asuntos de importancia como la independencia de Cataluña.

De momento, el presidente del Parlamento Europeo ya ha anunciado que desde su institución se va a iniciar una investigación para esclarecer esta “violación inaceptable de los derechos a la confidencialidad de los datos”. El vacío legal existente en relación al uso de datos personales para las campañas políticas, que se produce debido a su reciente implementación, debe empujar a los ejecutivos europeos a tomar medidas y legislar para proteger una de las características que colocan a sus países en un sitio privilegiado a nivel mundial: las garantías democráticas.

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