El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha tomado la decisión de mantener el funcionamiento de Telegram en España por el momento, tras recibir un informe policial sobre las posibles repercusiones de su cierre. En su última resolución, el juez ha revocado la orden de bloqueo cautelar de la plataforma de mensajería, emitida el pasado viernes, al considerarla «excesiva y desproporcionada».
Desde el inicio de la jornada del lunes, el magistrado había optado por suspender la ejecución del bloqueo de la aplicación a la espera de recibir un informe solicitado a la Comisaría General de Información. Tras revisar dicho informe, el juez reconoce la posible afectación a múltiples usuarios ante una eventual suspensión y cuestiona la proporcionalidad de la medida.
La solicitud de bloqueo cautelar fue presentada el viernes por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus, argumentando presuntas infracciones de derechos de autor en el uso de contenido audiovisual. Aunque el juez había dado un plazo de tres horas a las operadoras españolas para suspender los recursos asociados a la aplicación, esta acción no llegó a materializarse, según fuentes jurídicas.
En su resolución, el juez reconoce el amplio uso de Telegram por parte de usuarios de diversos perfiles, aunque también señala que la plataforma es utilizada para actividades delictivas. Destaca que los usuarios valoran los beneficios ofrecidos por Telegram en términos de privacidad, aunque esto pueda implicar una cesión de derechos fundamentales y un intercambio de datos personales sin las garantías necesarias.
El juez concluye que la suspensión de Telegram causaría un claro perjuicio a millones de usuarios y tendría un impacto económico significativo en empresas y sociedades que utilizan la plataforma como un canal fiable y seguro de comunicación.
En última instancia, el juez determina que la cuestión no se trata de libertad de expresión o información, sino de evaluar si la medida es proporcional. Basándose en el informe policial y las consideraciones expuestas, concluye que el bloqueo sería una medida excesiva y desproporcionada. Aunque en su orden inicial del viernes consideraba el bloqueo como necesario y proporcional, dadas las circunstancias de falta de colaboración de las autoridades de las Islas Vírgenes en la obtención de datos técnicos relevantes para la investigación.