El Ayuntamiento de Valencia impulsará la creación de una oficina antiocupación para hacer frente al creciente fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas en la ciudad. Esta nueva oficina, que centralizará denuncias y facilitará la atención a las comunidades de vecinos afectadas, será presentada por la Junta de Gobierno Local en la reunión de este viernes. La alcaldesa, María José Catalá, ha destacado que esta medida responde a un compromiso electoral y a una estrategia municipal contundente para combatir la ocupación ilegal y el uso irregular de viviendas.
La oficina se encargará de recibir las denuncias de los ciudadanos y coordinar acciones con otros departamentos del Consistorio, como la Policía Local, para adoptar medidas ante la ocupación ilegal. Catalá aseguró que esta iniciativa facilitará la denuncia de estos casos, aumentando la visibilidad del problema y proporcionando herramientas efectivas a los afectados. «La gente podrá ver que tiene una herramienta para combatir la ocupación irregular», explicó la alcaldesa, quien también mencionó que este tipo de denuncias aumentarán con la puesta en marcha de la oficina.
La alcaldesa también hizo un énfasis en la defensa de la vivienda para los jóvenes y las familias, señalando que cada vivienda ocupada o destinada a alquiler turístico es un espacio menos para aquellos que buscan una vivienda digna en la ciudad. Además, Catalá subrayó que esta nueva política se posiciona en contraposición a las estrategias nacionales que favorecen la ocupación, reafirmando el compromiso de Valencia por una ciudad libre de este fenómeno.
En paralelo, la alcaldesa destacó el esfuerzo del Ayuntamiento en promover el alquiler asequible y la vivienda de protección oficial (VPO), anunciando que en menos de dos años se han iniciado 955 viviendas de un total de mil comprometidas. Con 168 viviendas ya entregadas, Catalá aseguró que se continuará trabajando para ofrecer soluciones habitacionales a los jóvenes y a las parejas que desean adquirir su primera vivienda.
Desde la oposición, la medida ha generado controversia. Compromís calificó la creación de la oficina como «una auténtica barbaridad», sugiriendo que responde a presiones de Vox. El PSPV, por su parte, acusó a la alcaldesa de generar «ruido» con cuestiones que, según ellos, no abordan los problemas reales de la ciudad.