La integración normalizada de las minorías sexuales es un hecho plenamente conseguido tras más de cuatro décadas de democracia, por lo que las celebraciones del Orgullo, que comenzaron arriscadamente en Barcelona en 1977, habían ido pasando del carácter reivindicativo al festivo, toda vez que, aunque se mantiene vivo un minoritario rechazo social al diferente, representado principalmente por la extrema derecha, la pluralidad LGTBI ha sido sanamente asumida por la inmensa mayoría de los ciudadanos, las leyes han dado estabilidad jurídica a dicha normalización y existe una protección de los colectivos minoritarios a través de la represión de los delitos de odio, de gratuita agresión al diferente.

En junio de 2005, España conseguía un paso de gigante situándose a a la cabeza del mundo en materia de libertades públicas y derechos humanos al establecer en su ordenamiento jurídico el matrimonio homosexual. Una ley reformaba el Código Civil para hacerlo posible, con el apoyo en el Congreso de los Diputados de 187 votos (PSOE, Grupo Mixto, Izquierda Verde, ERC, PNV, CC y dos diputados de Convergencia, que tenían libertad de voto, y la ex ministra del PP Celia Villalobos), mientras que en contra se pronunciaban 147 (el Partido Popular y miembros de Unió); hubo cuatro abstenciones.

El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en una intervención no prevista, puso de manifiesto que aquella ley daba “estricto cumplimiento a un compromiso electoral” para construir “un país más decente porque una sociedad decente es la que no humilla a sus miembros”.

Víctimas de la Ley de Vagos y Maleantes

Hasta entonces, los homosexuales españoles habían sido primero víctimas de la Ley de Vagos y Maleantes, una norma de 1933 aprobada por consenso de todos los grupos políticos de la Segunda República para el control de mendigos, rufianes sin oficio conocido y proxenetas, que fue modificada después por el franquismo para incluir la represión de las conductas homosexuales.

Los homosexuales españoles habían sido víctimas de la Ley de Vagos y Maleantes, una norma modificada por el franquismo para incluir la represión de las conductas homosexuales

Durante la dictadura, hubo cárceles especiales, verdaderos campos de concentración, para homosexuales “activos” y “pasivos”, a los que se trató de ”reeducar”, en términos muy parecidos a los que hoy postulan ciertas organizaciones, sectores de la Iglesia Católica entre ellas; algún día habrá que desvelar la delictiva colaboración de famosos psiquiatras de la época a aquel crimen de lesa humanidad. En agosto de 1970, aquella ley brutal fue discretamente aliviada al ser sustituida por la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, en que la homosexualidad era una figura penal tipificada.

Tras la muerte de Franco, el indulto de 1975 y la amnistía de 1976 no se aplicaron a ninguno de los “peligrosos sociales” ni por tanto se borraron antecedentes a las víctimas de aquella dilatada represión; en 1979, se reformó la Ley de peligrosidad para sacar de su alcance a los gays, pero aquella norma represora y discriminatoria no se extinguió plenamente hasta 1995.

La normalización de la homosexualidad

De hecho, la normalización de la homosexualidad en el mundo estaba por entonces en mantillas: en 1969 tuvieron lugar los disturbios de Stonewall en Nueva York de los que se acaba de celebrar el medio siglo, y sólo en 1973, los trabajos del psiquiatra Robert Spitzer consiguieron eliminar la homosexualidad de la lista oficial de patologías, haciéndola desaparecer definitivamente del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM, según sus siglas en inglés), en el que nunca debió haber sido incluida.

El resto es conocido. La Constitución de 1978 creaba un marco de libertades en que cesó la persecución del colectivo LGTB y fue posible el camino hacia la integración y la equiparación. Dichos derechos de los diversos colectivos sexuales son considerados derechos humanos por parte de Amnistía Internacional​ y Human Rights Watch, y su alcance va mucho más allá de la simple despenalización de tales conductas y del matrimonio homosexual: incluye el reconocimiento de la familia homoparental, el derecho de adopción homoparental, la prohibición de las “terapias reparadoras o de conversión” y la promulgación de una legislación estricta contra los “delitos de odio”, entre otros aspectos. España ha sido adelantada en casi todos estos avances.

Vox quiere acabar con todas las sanciones a quien “vulnere los derechos de las personas trans e intersexuales”

Por el Orgullo, ni un paso atrás

Pues bien: no cabe, ni resultaría tolerable, un solo paso atrás en este camino emprendido. Una información reciente de Colpisa que mostraba la existencia de un repunte en los delitos de odio —en 2017 se registraron 271 hechos conocidos registrados, frente a los 230 del año anterior— anunciaba con alarma que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha advertido de que los derechos de los homosexuales se han convertido en moneda de cambio entre los “partidos conservadores” y ha acusado a PP y Ciudadanos de “hacer el juego a la ultraderecha para conseguir espacios de poder”.

“Desde el primer momento —manifestaba dicha información—, Vox ha tratado de acotar los derechos de los homosexuales. Su última iniciativa, en la Comunidad de Madrid, consiste en reclamar la anulación del plan integral sobre educación y diversidad y de los contenidos educativos que buscan evitar la comisión de delitos de odio basados en la diversidad sexual y de género”.

Las condiciones exigidas por VOX a PP y Ciudadanos para posibilitar un gobierno de derechas en al Comunidad de Madrid son estremecedoras porque pretenden despojar de reconocimiento y protección a las mismas colectividades que ya fueron perseguidas con saña por el franquismo y hoy están intentando completar y afirmar un estatus de igualdad que no surge espontáneamente si no es activamente reivindicado por todos. La sola relación de lo que se exige permite utilizar calificativos muy duros contra ese neofascismo supremacista que quiere reducir cualquier heterodoxia a un rango de inferior y secundario, en una sociedad regida por los paladines de la ortodoxia, convencidos de su supremacía moral.

En concreto, Vox quiere que se deroguen al menos 15 artículos de dos leyes contra la homofobia y la transfobia que se aprobaron durante el mandato de Cristina Cifuentes y fueron respaldadas por unanimidad por todos los partidos políticos, incluidos PP y Ciudadanos (en las filas de los populares hubo un profundo debate, en concreto sobre el apartado de las sanciones).

En una rueda de prensa, Monasterio ha limitado las derogaciones a los artículos que “atenten contra la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos según sus valores”. Sin embargo, las exigencias de su grupo van mucho más allá de eso.

Las propuestas de la extrema derecha

Vox propone eliminar el punto relativo a la educación y la diversidad, que recoge, entre otras cosas, que “toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna causada por su orientación sexual e identidad o expresión de género”

Entre las medidas exigidas por VOX para participar en los acuerdos a tres, recogidas por eldiario.es, se incluye acabar con todas las sanciones a quien “vulnere los derechos de las personas trans e intersexuales”. Así, quedaría despenalizada la vejación contra las personas o sus familias “por su identidad o expresión de género en los servicios públicos, en medios, en discursos o redes sociales”. También serían suprimidas las sanciones a las empresas que discriminen por orientación sexual o identidad de género o a quienes lleven a cabo terapias que prometen “curar” la homosexualidad. Según la ley autonómica, tales sanciones pueden ser de hasta 45.000 euros, y a ellas se puede añadir la prohibición de acceder a ayudas públicas o de contratar con la administración.

Vox también quiere terminar con la “protección de la diversidad familiar” o con el artículo que pretende garantizar que en los procesos de adopción no se discrimine a las familias por motivos de identidad de género. También propone suprimir el apartado referente a la violencia en el ámbito familiar, que incluye bajo ese precepto “cualquier forma de violencia que se ejerza en el ámbito familiar por causa de identidad y/o expresión de género”.

El partido de extrema derecha exige también poner fin al punto que pide a los medios de comunicación que incluyan en sus códigos deontológicos el respeto a la igualdad y a la no discriminación por identidad de género.

En cuanto a la ley contra la LGTBIfobia, Vox propone eliminar el punto relativo a la educación y la diversidad, que recoge, entre otras cosas, que “toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna causada por su orientación sexual e identidad o expresión de género”, y con aquellas disposiciones relativas a que la enseñanza en la Comunidad de Madrid debe incluir el respeto hacia el colectivo LGBTBI, así como la formación del profesorado en este sentido. Por último, el partido de Abascal quiere acabar también con el artículo de la norma que llama a combatir el acoso escolar.

Reflexiones ante las barbaridades

La primera reflexión que suscitan estas indecentes y peligrosas demandas, propias de una organización de extrema derecha supremacista emparentada con las formas más odiosas de autoritarismo, es que la protección a las minorías proporcionada mediante normas de rango autonómico debe escalar cuanto antes, por razones de seguridad jurídica, hasta convertirse en leyes orgánicas estatales. Esta cautela habrá de ser adoptada cuanto antes por la próxima mayoría política progresista que gobierne este país.

No es extraño que los colectivos LGTBI se hayan situado frente a Vox en la celebración del Orgullo de este año, que ha generado lógicas fricciones derivadas de esta situación. Es patente que el rechazo debe alcanzar también a quienes pacten con VOX estas propuestas represivas, homófobas, racistas e inconstitucionales.

Y cada vez es más claro que hay que penalizar –convertir en delitos- los intentos de cercenar legalmente derechos humanos, restringir libertades fundamentales, cohibir la autonomía de colectivos minoritarios, negar la plenitud civil de las minorías sexuales, etc. El cordón sanitario, que en principio tiene simple carácter político, ha de extenderse al terreno jurídico, para que, como en Alemania, estén proscritas las organizaciones que hagan proselitismo de ideologías vinculadas al nazismo y a las demás doctrinas totalitarias que atentan contra la dignidad humana.

Debería quedar aquí la amenaza porque este país, a estas alturas, no va a dar un solo paso atrás en materia de derechos humanos.